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Un trampolín para copar la Corte Suprema
El kirchnerismo se ha lanzado a copar la Corte Suprema. Ese es el propósito evidente de la "reforma judicial", eufemismo para designar una operación que no puede engañar a nadie que haya vivido en la Argentina durante las últimas décadas. A diferencia de lo sucedido en otras experiencias históricas, ahora el oficialismo busca quedarse con un tribunal en el que tres de sus cinco integrantes han pertenecido antes de ser jueces a ese sector político. Los doctores Lorenzetti, Maqueda y Rosatti tuvieron militancia en el peronismo, y los dos últimos una muy destacada actuación en posiciones de gran relevancia: diputados, ministros, convencionales constituyentes.
Por otro lado, nada en sus antecedentes indica que vayan a ejercer una tarea de obstrucción de las acciones del Gobierno en una situación de grave emergencia. De ahí que esta embestida solo pueda adquirir sentido como parte de una avanzada del Instituto Patria destinada a radicalizar su influencia en la Justicia para obtener dos resultados: el primero y más inmediato, la impunidad de Cristina Kirchner; el segundo, de mayor aliento, la legitimación de un proyecto populista autoritario que se expresa muy claramente en declaraciones y documentos de las figuras políticas más cercanas a la vicepresidenta.
El Presidente designó a una comisión que tiene por objeto asesorarlo sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y proponerle medidas para mejorarlo. En ella hay una clara mayoría de personas vinculadas ideológicamente al kirchnerismo
Para ir preparando el asalto final, el Presidente designó a una comisión que tiene por objeto asesorarlo sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y proponerle medidas para mejorarlo. En ella hay una clara mayoría de personas vinculadas ideológicamente al kirchnerismo, algunos jueces de tribunales superiores de provincia, dos abogados constitucionalistas (uno de ellos de clara filiación kirchnerista) y dos penalistas. Lo primero que corresponde señalar es que es el Congreso de la Nación el órgano que tiene competencia para legislar en esta materia. El consejo consultivo designado por el Presidente podrá expresar opiniones que no tendrán más valor que las de otros ciudadanos. Más preocupante es que haya jueces que formen parte de una comisión que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Pero lo que revela a las claras la verdadera naturaleza de ese consejo es la presencia en él de dos abogados penalistas, los doctores Arslanian y Beraldi, que están actualmente defendiendo a dirigentes kirchneristas en causas de corrupción. El primero haciéndolo en casos resonantes como las causas incoadas contra Gils Carbó y Echegaray, y el segundo defendiendo nada menos que a Cristina Kirchner, procesada por hechos gravísimos. En cuanto a Arslanian, es una lástima que quien integró la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares en el inicio de la democracia se preste a esta maniobra de impunidad. Como abogados penalistas, tienen todo el derecho de defender a quien quieran. Es el ejercicio de su profesión. Pero esa tarea es incompatible con su protagonismo en la pretendida reforma de la Corte, tribunal que sin dudas deberá en algún momento intervenir con relación a recursos ante ese tribunal, que ellos han de presentar.
La inclusión en particular de Beraldi es asombrosa. Uno no sabe si obedece a una torpeza o al deseo de disciplinar desde ahora a los tribunales que entienden en las causas de corrupción de la vicepresidenta. Por eso, es muy acertada la denominación de "Comisión Beraldi" con que Carlos Pagni bautizó a ese cónclave. Otra vez la Argentina, cuando debería estar unida para enfrentar la pandemia y la crisis económica y social, se encuentra ante un atropello institucional que desmiente en los hechos las hipócritas palabras de diálogo y consenso que surgen del discurso oficial.
Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA
