Reforma judicial: la Asociación de Profesores de Derecho, de la que Beraldi es integrante, se sumó a las críticas al proyecto

El proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno sigue sumando críticas en la academia y en la Justicia, donde un grupo de jueces anticipó posibles acciones judiciales contra la iniciativa que ponen en riesgo que se concrete.

A los pronunciamientos de la Cámara del Crimen y de la Cámara en lo Civil y Federal se sumaron dos declaraciones, una de la Junta de Tribunales Orales en lo Criminal y otra de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (Aapdpp).

Entre los miembros de la asociación de profesores de derecho procesal -según su página web- se cuenta el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, que aportó sus puntos de vista para redactar el proyecto oficial de la reforma judicial y que forma parte del Consejo Asesor que asesora al presidente Alberto Fernández para modificar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de la Junta de Tribunales Orales en lo Criminal dijeron que el proyecto provoca que un gran número de jueces "se verán instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre" porque no tendrán más trabajo una vez que se agoten sus procesos en trámite. Los que desaparecerán son ellos mismos, los camaristas del crimen y los de la Casación Nacional.

"Este extremo no solo altera la estabilidad que debe garantizarse a los magistrados y magistradas sino que además termina dando pie a una eventual causa de remoción por fuera de aquellas que establece la Constitución Nacional", escribieron los jueces. La Junta sostuvo que esta falta de estabilidad en sus cargos "de seguro, será fuente de gran cantidad de acciones judiciales que pondrán en riesgo la efectiva concreción de la reforma".

Sostuvieron que ni la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional tiene un lugar definido. Y se sorprendieron de que el proyecto del Gobierno prescinda de su experiencia en juicio orales, así como señalaron el "dispendio de recursos económicos que supone la transferencia de cargos" a la Ciudad.

La declaración lleva la firma de los jueces Gabriel Eduardo Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Norberto Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri.

Las críticas de los académicos

En tanto, los profesores de Derecho Procesal Penal dijeron que con la decisión de pasar de 12 a 46 jueces federales "más que solucionar, puede esperarse la multiplicación de problemas", y que esa multiplicación se decidió sin analizar el flujo de casos ni los costos.

Indicaron que la designación de jueces suplentes "influenciables" no soluciona el problema de la parcialidad de los jueces federales y que, de cara a la aplicación del nuevo código, los jueces deberán dejar sus funciones de instrucción para limitarse al control de la investigación. Y que encima se los dotaría de numerosos empleados y funcionarios, cuando ya no tendrían actividades jurídicas, pues los jueces en el sistema acusatorio no investigan. Además, en el nuevo modelo procesal se resuelve en forma inmediata en audiencias del juez y las partes sin intervención de otros funcionarios.

Indicaron que se crean 23 fiscalías para compensar los nuevos juzgados, cuando cualquier sistema acusatorio, por su propia dinámica, funciona con muchos más fiscales que jueces porque los fiscales investigan todos los casos.

"No hace falta un juez por cada fiscal en el nuevo código", señalaron, donde además se congelan las estructuras cuando lo moderno supone equipos de trabajo que se adapten a directivas de política criminal.

Marcaron que el proyecto no menciona "colegios de jueces" y tampoco crea "oficinas de gestión" que acumulen el trabajo burocrático para separar las actividades administrativas de la jurídicas.

"El proyecto de ley orgánica y de competencia del fuero federal es un factor contra-sistemático; fue pensado desde el modelo procesal actual y por tanto reproducirá todos sus defectos", sostuvieron los académicos, que señalaron que "no hay peor fracaso para un cambio de sistema, que poner en funcionamiento una organización que no responde a los requerimientos de un proceso acusatorio".

Los profesores de Derecho Procesal Penal destacaron que antes de impulsar una reforma de este tipo hay que hacer estudios estadísticos sobre flujos de casos, políticas de asignación de recursos humanos, diseño de estructuras institucionales idóneas para el nuevo proceso, monitoreo de objetivos y sus costos. De lo contrario, indicaron, se corre el riesgo de asignar muchos recursos para no cambiar nada o enterrar la posibilidad de contar con un sistema acusatorio modelo.