Una Argentina postergada detrás del expediente

Gabriela Marcelló, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, salió el miércoles de su ámbito laboral, el edificio que el Ministerio de Trabajo tiene sobre Callao, a dos cuadras del Congreso, escoltada por la policía. Había intentado coordinar algo de rutina, una discusión entre empresarios y sindicalistas del sector de los neumáticos en medio de la paritaria, pero todo se desmadró cuando, a los cinco minutos de iniciada la reunión, se tiró sobre la mesa la primera propuesta de aumento salarial.

La oferta, a cargo de los representantes de Bridgestone, Fate y Pirelli, había sido de 38% en tres cuotas para el semestre comprendido entre julio y diciembre, todavía por debajo de la inflación esperada, y eso solo bastó para que empezaran los insultos y se alteraran los ánimos. Dicen que alguien se interpuso para que, en el peor momento, la funcionara no recibiera directamente un empujón. Y que Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, uno de los sindicatos más combativos, estuvo varios minutos a los gritos. Lo que pasó después ya se sabe: llegaron más militantes, entre ellos Vilma Ripoll, y el gremio resolvió una especie de acampe en ese cuarto piso ante la perplejidad del Ministerio de Trabajo, que optó por no entorpecer la protesta y, al contrario, ofreció finalmente instalaciones y baños para pernoctar. La toma duró hasta ayer a la tarde, cuando los dirigentes gremiales terminaron de aceptar que Claudio Moroni, jefe de la cartera, los recibiera pasado mañana para seguir discutiendo.

Se hace difícil imaginar una atmósfera menos propensa para invertir. Si alguien está pensando en hacerlo en la industria del neumático, antes deberá saber que se trabaja hoy al 40% de la capacidad, que los bloqueos llevan cinco meses, que no hay dólares para insumos importados y que nadie está en condiciones de anticipar cuánto costarán en el verano cuatro cubiertas.

El Sutna, brazo sindical del Partido Obrero, tiene la impronta de los gremios de izquierda. A fines del año pasado, por ejemplo, repartía en las fábricas un almanaque con un dibujo sugestivo que todavía circula en el sector: sobre lo que parece ser un globo terráqueo con forma de rueda de auto, un grupo de trabajadores desplaza con escobas y hacia abajo a hombres de negocios bien vestidos y con habanos. Es un homenaje a una caricatura de propaganda bolchevique publicada en 1919 en Rusia y casi idéntica, que muestra a Lenin parado sobre el planeta Tierra y barriendo desde esa cima a un zar, a un sacerdote ortodoxo, a un aristócrata y a un empresario. “El camarada Lenin limpia el mundo de basura”, dice el epígrafe, en ruso.

Es una iconografía seguramente inquietante para quienes admiten, en la intimidad del Gobierno, temor por el hartazgo callejero. Cristina Kirchner, por ejemplo. Y un gran desafío para Massa, que deberá convivir con el contexto mientras procura caminar en sentido contrario, dando señales al mundo de los negocios. Ese fue, por lo pronto, el objetivo de su gira a Estados Unidos. “El viaje es el mensaje”, definió el embajador Jorge Argüello. “Relaciones carnales”, contestó desde su portada el diario Prensa Obrera.

La dificultad del ministro no reside, con todo, tanto en la intransigencia de la izquierda como en la ambigüedad del espacio que integra. Anteayer, en el Senado, durante la discusión por la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, Oscar Parrilli anticipó que le pediría a Argüello que hiciera un reclamo al gobierno de Biden por un comunicado que la Cámara de Comercio norteamericana acababa de publicar contra el proyecto. El argumento de Parrilli fue que la entidad se entrometía en asuntos soberanos.

¿Confundía el senador el protocolo diplomático con las potestades de una cámara que es privada y cuyos miembros viven y votan en más de un 90% en la Argentina? ¿O intentaba deliberadamente perturbar la relación con la Casa Blanca? Hasta ahora, en el kirchnerismo venían repitiendo que la relación entre Massa y la vicepresidenta estaba mejor que nunca. ¿Algo cambió esta semana? ¿Ella perdió la fe?

En realidad, la reacción de Parrilli no hizo más que confirmar un orden de prioridades que quienes frecuentan a la jefa le atribuyen desde que volvió al poder: está preocupada en primer lugar por su situación judicial y el involucramiento de sus hijos en las causas, que atribuye en ambos casos a decisiones de Macri. No se entiende el momento de la Argentina sin ese patrón que, de paso, vuelve inverosímil toda convocatoria al diálogo.

La mala noticia para Massa es tener que aplicar un plan de estabilización sin que este sea el objetivo principal del Gobierno. Debería explicárselo al elenco de empresarios que tiene depositadas tantas expectativas en él. Con muchos de ellos tiene trato casi diario. ¿Deberá resignarse a incumplir? En su paso por Houston, por ejemplo, el ministro habló de un asunto pendiente de Chevron, petrolera a la que Cristina Kirchner le concedió en 2013 una prerrogativa inédita a cambio de que invirtiera en Vaca Muerta: la posibilidad de exportar al cabo de cinco años sin retenciones por un 20% del monto total, por el que podrá además pagar dividendos al dólar oficial. Como la empresa norteamericana nunca pudo materializar el beneficio, el Ministerio de Economía publicó esta semana un decreto para autorizarla a cobrar. Sin ese gesto hacia Chevron, a Massa le costaría más convencer al resto de la industria de entrar en un programa similar que tiene pensado para los próximos meses.

El sector de la energía se ha convertido para él en un desvelo. Gracias a un decreto que firmó no bien asumió y que les permitirá a las petroleras entrar en el régimen especial tributario de Tierra del Fuego para proyectos offshore, el Gobierno prevé anunciar el 30 de este mes en Buenos Aires una inversión de 700 millones de dólares en el yacimiento Fénix, frente a las costas de la isla. La francesa Total, que integra el consorcio con Wintershall y Pan American Energy, acaba de aprobar el desembolso en su casa matriz.

El éxito de Fénix es decisivo para la viabilidad de varios emprendimientos millonarios fueguinos. Entre ellos, una petroquímica y un puerto en Río Grande, ambos a cargo de alguien que Cristina Kirchner volvió ayer a asociar con el lawfare de la causa Vialidad: Nicolás Caputo. “A Luciani se le pasaron las llamadas de Caputo”, dijo la vicepresidenta. Aunque el dueño de Mirgor se asoció para el proyecto con SPEC, grupo internacional con base en Houston y a cargo del paquistaní Zafar Ikram Sheikh, hay varios contratistas de la isla que sueñan con que el negocio se ramifique. Entre ellos, tres que trabajan en las refacciones de otro puerto, el de Ushuaia, y también de buena relación con Massa: Panedile, de la familia Dragonetti, y las constructoras Concret Nor y Nakon Sur.

Son iniciativas que distan bastante de las tribulaciones de Cristina Kirchner. Aunque el líder del Frente Renovador ha intentado hasta ahora mostrarse públicamente prescindente, necesita que la estrategia judicial y la política partidaria del Gobierno al menos no conspiren contra su programa. ¿Por cuánto tiempo soportará el Instituto Patria la relación con el FMI, que volverá a ser evaluada en diciembre, o los aumentos tarifarios? ¿Todo eso es compatible con un año electoral? Massa no puede darse el lujo de poner en duda que será eficaz, incluso a costos altos. Eso fue el dólar soja. ¿Su próximo paso será, como viene planteando, un congelamiento de precios hasta abril?

Dilemas complejos, porque octubre de 2023 está lejos. La Argentina necesita un plazo razonable de estabilización, no exento de decisiones impopulares, y el camino de la inversión es más largo aún. El riesgo de Massa reside en que, pasado el entusiasmo inicial, ni sus tiempos ni sus objetivos sean los de la vicepresidenta. Es natural que, a diferencia del ministro, el kirchnerismo descuide cada tanto los modos con la Casa Blanca: dadas sus obsesiones, alinearse con Occidente le importa tanto o menos que al Partido Obrero.