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¿Una Corte a la medida del poder político?
El funcionamiento y eficiencia del Poder Judicial siguen siendo motivo de debate y marcan la agenda pública del Gobierno, aunque hasta ahora no encuentran soluciones que permitan avizorar un fuerte respaldo político, y mucho menos lograr efectivamente un mejoramiento en el servicio de justicia. El proyecto oficialista en trámite ante el Congreso prevé aumentar la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 a 25 miembros, como si de ello dependiera la solución a las “cuestiones de funcionamiento” que el proyecto le endilga al máximo tribunal. El proyecto, que es visto como una intentona para encarrilar políticamente a la Corte, suscitó fuertes críticas de distintos sectores, tanto políticos, como académicos especializados en la materia.
El mayor número de ministros de la Corte lejos estará de lograr (como sostiene erróneamente el proyecto), una abreviación de los plazos para resolver los asuntos, por el contrario, al tener que pasar el expediente por todas las vocalías, ello demorará mayor tiempo de análisis. Por otro lado, la referencia a la cantidad de miembros de la Corte en relación con la población nada tiene que ver con la conformación que constitucionalmente se asignó al tribunal, ya que el carácter representativo esta dado en el ámbito del Senado de la Nación, no en el Poder Judicial.
La participación de las provincias está garantizada en el proceso de selección de los ministros de la Corte, al otorgar el acuerdo del Senado para su designación. No es admisible constitucionalmente, pretender, además, una representación política de las provincias en la conformación de la Corte, ya que ello trastocaría la función jurisdiccional, y su independencia.
Por otro lado, el rol fundamental de la Corte no es otro que garantizar la supremacía de la Constitución Nacional, actúa como un tribunal de garantías constitucionales, es erróneo conceptualmente verla como una tercera instancia judicial al que en cualquier caso se tiene acceso, y con ello, pretender fundar, como lo hace el proyecto, en los rechazos que el certiorari negativo genera para dar cuenta de una alegada falta de eficiencia del tribunal. Es una verdad a medias que mal explicada genera equívocos, y desorienta al lector inadvertido. Esto lo sostenemos, más allá de las fundadas críticas que podemos hacer respecto de los tiempos que políticamente maneja la Corte en muchos casos de envergadura institucional, por ejemplo, el supuesto de la inconstitucionalidad a la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Aun más, el sistema de integración progresiva que idea el proyecto de ley conforma una verdadera encerrona, ya que permitiría trabar políticamente la conformación del tribunal, y sus mayorías, a conveniencia del Ejecutivo de turno, lo que no resiste análisis.
Está más que claro que el proyecto oficialista solo pretende diezmar el funcionamiento de la Corte, licuando su poder actual, y dándole un cariz político que permita obtener mayorías proclives al poder político, de manera de buscar vencer la independencia y la notable fuerza institucional que la Corte ha demostrado en estos últimos años.
Esta es otra muestra más de que el gobierno de los Fernández está más preocupado por la suerte de las causas judiciales que acechan a la vicepresidenta que por el mejor funcionamiento del servicio de justicia.
Abogado, director del Instituto de derecho de Acceso a la Justicia (AAJC), especialista en derecho administrativo, profesor de grado y posgrado
