Una enorme oportunidad para relanzar la gestión con más fortaleza y en mejores condiciones que las iniciales

Las elecciones de mitad del mandato cerraron un ciclo de incertidumbre con un mensaje claro: el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía resiste y, por ahora, se reafirma. Tras meses de deterioro político, caída en encuestas, enfriamiento de la economía, escándalos, pérdida de control del Congreso, derrotas provinciales y crisis interna, se instaló —con razonable realismo— la duda sobre cuán dañado estaba el apoyo al Gobierno. El resultado fue contundente. El oficialismo obtuvo un respaldo sólido y protagonizó una de las mejores elecciones legislativas de las últimas décadas, con una magnitud y una distribución comparables a las de Mauricio Macri a mitad de mandato.

En el tramo final, el Gobierno creció y robusteció su desempeño. Los indicadores de opinión (como el ICC y el ICG que elaboramos para la UTDT) ya mostraban esa mejora, que se potenció cuando el oficialismo recuperó el control de la agenda. Las reuniones con el presidente Trump y el respaldo de EE.UU. desplazaron de la conversación pública las denuncias de corrupción y la candidatura de Espert. La nacionalización y la polarización de la campaña atrajeron votantes afines —segmentos de Provincias Unidas y de Juntos por el Cambio—, que terminaron rindiendo por debajo de lo previsto. El mapa quedó mayoritariamente violeta: triunfos holgados donde había acuerdos con gobernadores (CABA, Mendoza, Entre Ríos, San Luis), victorias ajustadas en plazas competitivas (Chaco, Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro), márgenes inesperados en Córdoba y Santa Fe, y la gran sorpresa, Buenos Aires.

El caso bonaerense merece un aparte. Nadie proyectaba una victoria tras la caída en la elección local de septiembre. Hay, sin embargo, factores que ayudan a explicarla. La derrota del PJ en la provincia no es excepcional y el resultado se parece al de Cambiemos en 2017 y es casi calcado del de 2021 (Santilli sobre Tolosa Paz). Pesó además la singularidad de septiembre, primera elección provincial desacoplada de la nacional, donde la tracción de intendentes fue decisiva (LLA+PRO gobiernan municipios que reúnen apenas 8% de la población). Adicionalmente, aumentó la participación en la provincia: en septiembre estuvo en el 60%; el domingo superó el 68%. A eso se suma el voto de extranjeros, habilitados para votar cargos locales pero no para cargos nacionales: hubo un millón más de empadronados pertenecientes a esa categoría. Un dato más que explica las diferencias: en septiembre, otras fuerzas “libertarias” con denominaciones y colores similares a LLA obtuvieron 259.000 votos; ahora, solo 60.000. En síntesis, clima social más favorable, menor influencia municipal, mayor participación, menos dispersión, el no voto extranjero y la menor pérdida de votos hacia boletas “espejo” explican el giro bonaerense.

Vale detenerse en el desempeño del peronismo. La elección confirma el deterioro y debilitamiento generalizado que viene atravesando el justicialismo: base electoral menguante, crisis de identidad y retroceso territorial. Gobierna solo 7 de 24 provincias, la mitad que hace dos años; perdió el control del Senado en 2023 y volvió a ceder bancas en esta elección. Cristina Kirchner pierde influencia, sin heredero claro y con disputas internas. El domingo ganó en 7 provincias, tres por menos de un punto. No deja de ser actor relevante, pero su debilidad es evidente. El peronismo se muestra sumergido en una crisis de liderazgo, de vínculo con la sociedad, de identidad y de coordinación interna. Dada la profundidad de sus raíces, está lejos de convertirse en un actor minoritario en la política argentina, pero el deterioro es evidente y continúa.

Provincias Unidas constituyó un nuevo intento fallido de construir una alternativa que se plantee como opción entre dos discursos antagónicos. Gustavo Valdés fue el único de sus integrantes que logró una victoria; el resto de los gobernadores terminaron siendo derrotados y las participaciones en distritos ajenos a los propios fueron rotundos fracasos. Claramente, siguieron una estrategia equivocada al nacionalizar la elección cuando lo que “paga” en la Argentina hoy es lo local: cercanía, gestión y defensa de intereses provinciales. Son particularmente significativas la profunda derrota del exgobernador Juan Schiaretti y el tercer lugar del oficialismo santafesino. La idea de un bloque legislativo común pierde fuerza y todo indica que se impondrán negociaciones caso por caso, donde los gobernadores tendrán menor fuerza y capacidad de negociación que la que imaginaban.

Otro dato estructural: la participación nacional cayó al 68%, el nivel más bajo para una legislativa desde 1983 (4 puntos menos que en 2021 y 10 menos que en 2017). El desencanto con la representación persiste y abre un interrogante sobre si emergerá una oferta capaz de canalizar a ese electorado renuente.

En términos de bancas —que, a fin de cuentas, de eso se trataba la elección—, el oficialismo consiguió asegurarse el tercio requerido para sostener los vetos presidenciales y bloquear las insistencias de la oposición. Desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá 84 diputados, además de 25 aliados de Pro y fuerzas afines. En la Cámara alta, el peronismo reduce significativamente su representación, queda con 28 bancas (posiblemente un mínimo histórico), lo que mejora las perspectivas del Ejecutivo para avanzar con su agenda legislativa. El Senado es el cuello de botella histórico para avanzar con reformas, bajo dominio peronista a partir del control de las provincias chicas del interior. El proceso de deterioro que está sufriendo el justicialismo tiene como correlato este nuevo Senado, donde el peronismo ya no solo perdió el control del cuerpo, sino que se acerca a dejar de ser, incluso, la primera minoría. El nuevo Congreso representa así una enorme oportunidad para el Gobierno de generar acuerdos y consensos con diversas fuerzas y actores —principalmente líderes provinciales— que garanticen gobernabilidad y permitan avanzar con una agenda agresiva de reformas.

La noche del domingo no solo se trató de ver —a través de los votos— cuán sana estaba la relación del Presidente con la sociedad, sino de entender qué vínculo proponía con el resto del sistema político y de poder. Javier Milei, de traje y corbata y discurso leído, se presentó como muchos argentinos lo quieren ver, aunque no lo hayan votado: un presidente de la Nación moderado, que llama a un acuerdo y a la búsqueda de un consenso amplio y duradero, dejando atrás el desprecio y la arrogancia —aunque se le toleren ciertos excesos que son parte de su personalidad—. Los primeros pasos van en la dirección correcta, pero el camino es largo.

Por delante queda relanzar la gestión, ordenar el gabinete, encauzar la relación con el Parlamento y empoderar a quienes lleven ese vínculo. Hay margen para corregir desvaríos institucionales, incluida la posibilidad de designar nuevos jueces de la Corte Suprema con credenciales profesionales, académicas y morales indiscutibles. En el plano simbólico, el Presidente enfrenta el desafío de enmendar su estilo de comunicación y su narrativa: la bronca y la confrontación que fueron eficaces para canalizar el malestar social en 2023 hoy ya no alcanzan ni reditúan. En cierto sentido, el Gobierno deberá transformarse: si en 2023 fue elegido al calor del enojo social, en 2027 una eventual reelección solo será posible en un clima de satisfacción, esperanza y optimismo. Las condiciones ayudan: apoyo social aún significativo, peronismo debilitado, gobernadores con incentivos a volver a la mesa de negociaciones, mejor posición en el Congreso, viento externo favorable, campo e industrias extractivas en expansión, mercados internacionales expectantes y gran parte del ajuste ya hecho. Por sobre todo esto, el amplio y sorprendente apoyo de la administración Trump. “Las negras juegan”, dijo el Presidente, pero las blancas están con ventaja clara para poder ganar la partida. Queda ver si el jugador acierta sus próximos movimientos.

Por Alejandro Catterberg

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