Una foja más en el prontuario de los Rodríguez Saá
La malversación de poder ha sido la clave de los gobiernos de los hermanos feudales; aparecen las primeras señales para revertir 34 años de impunidad
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LA NACION
En un reciente editorial publicado en junio del corriente año, titulado "Una provincia manejada como bien de familia", concluíamos que, "en su afán por perpetuarse en el poder, los Rodríguez Saá seguramente asombrarán con nuevos y desopilantes proyectos"; decíamos que la proximidad de los comicios "alienta sus excentricidades" y, más aún, "alimenta su desviada concepción de lo que significa gobernar".
Lamentablemente -para la ciudadanía sanluisense en particular y las instituciones en general-, no nos equivocábamos. Por decisión unilateral, estrictamente familiar, nepotista y feudal de los Rodríguez Saá, se ha creado en esa provincia, con la velocidad de la luz y absoluta falta de decoro, la Fundación Mujeres Puntanas, presidida por Gisela Vartalitis, esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá y, por ende, cuñada de Alberto, el gobernador.
Esa fundación recibió 80 millones de pesos no reintegrables del gobierno provincial para sortear electrodomésticos, computadoras y máquinas de coser durante actos que terminan inevitablemente con la arenga electoral del esposo de la responsable máxima de la entidad, que aspira a renovar su banca nacional en los comicios del próximo 22.
La a todas luces improcedente cesión de dineros públicos con el inocultable propósito de contribuir con la campaña de Adolfo Rodríguez Saá fue denunciada por el diputado Alejandro Cacace, quien desde el bloque Avanzar y Cambiemos de la Legislatura local impulsó un pedido de informes sobre ese escandaloso "subsidio", que, obviamente, fue rechazado por el voto mayoritario de los legisladores oficialistas y sus socios kirchneristas.
Tal es el grado de impunidad con el que han avanzado siempre estos señores feudales que Adolfo Rodríguez Saá figura incluso como uno de los fundadores de la entidad que recibió los 80 millones de pesos del gobierno de su hermano.
Según el acta constitutiva de la Fundación Mujeres Puntanas, también fueron designadas autoridades de la entidad Liliana Bartolucci, quien fue ministra provincial hasta 2016, y María Agustina Gatto, hija de la actual secretaria de Vivienda del distrito.
Mientras en San Luis se demora la realización de obras vitales, se anuncia la expropiación de las fábricas que cierren, se pretende cobrar peaje cada vez que ingresen al distrito personas que no pertenecen a él, se erigen monumentos costosísimos que terminan cayendo en el más absoluto abandono, se impulsan ridículos movimientos independentistas, se triplican obras innecesarias como la inauguración del tercer autódromo provincial, se crea un pueblo cultural y se inventa un municipio por decreto, la Fundación de la esposa del senador no resultó la excepción: recibió el dinero en cuestión en tiempo récord y sin la menor objeción de parte de las autoridades con las que comparte lazos familiares. La entidad se creó el 1º de julio, pidió los fondos el 1º de septiembre y los recibió apenas una semana después, el 8 de ese mes. Pero hay más: la entidad funciona en el mismo edificio en el que trabajan parte del equipo de campaña del senador, un call center y los encargados de manejarle las redes sociales.
Malversación de fondos y violación de la ley de financiamiento electoral son dos de las figuras que la oposición a los Rodríguez Saá piensa imputarles ante la justicia federal.
Es también harto conocida la presión que los Rodríguez Saá ejercen sobre la justicia de su provincia, con absoluta impunidad. Una abogada de ese distrito relató el domingo pasado al programa televisivo Periodismo para todos, de El Trece, que cuando los jueces asumían les adosaban un papel para que entregaran redactada su renuncia. No fuera a ser que, en algún momento de su gestión, entorpecieran con sus fallos al despótico gobierno feudal. Tan conocida y evidente es esa subordinación que es común ver a la titular del Superior Tribunal de San Luis, Lilia Ana Novillo, afirmar ante las cámaras que siempre fue una mujer de la política, aun en la Justicia, y que desde ese cargo no duda en hacer una defensa irrestricta de los dos hermanos que se vienen intercambiando en el ejercicio del poder local desde hace 34 años.
Una muestra manifiesta de esa subordinación la dieron recientemente autoridades judiciales electorales de ese distrito al dar curso a una demanda improcedente para que se borrase literalmente de la competencia comicial a la opositora lista Consenso y Unidad presentada por la Alianza Avanzar Cambiemos.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intimó en durísimos términos al Superior Tribunal local a decidir en plazos perentorios sobre esa situación que configuraba una grave privación de justicia.
El Superior Tribunal se abocó finalmente al caso y anteayer dio la razón a la alianza opositora, cuyo mayor referente en el orden nacional es el ex aliado de los Rodríguez Saá Claudio Poggi, ahora alineado con Cambiemos y quien derrotó por una abultada diferencia a los hermanos feudales en las elecciones primarias. Es de destacar que no intervino en ese fallo la doctora Novillo, quien se había excusado.
Las ambiciones desmedidas y desprejuiciadas del perimido caudillismo que siguen representando los Rodríguez Saá están comenzando a enfrentarse con los primeros obstáculos en la senda de impunidad total que se habían trazado. La justicia provincial, intimada que fue, acaba de pronunciarse. El 22, lo harán los ciudadanos en las urnas.
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