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Una Justicia condenada por sus propios fallos
Julio Alak celebró la disminución de la tasa de homicidio en 2022 reflejada en el informe anual de la Procuración General bonaerense. Sin resultados de gestión para exhibir en campaña, el ministro de Justicia decidió festejar los obtenidos por Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales al que el gobierno de Axel Kicillof quiso someter a juicio político para proteger a Pablo Moyano, investigado por integrar una supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente.
La algarabía de Alak no halló eco en el Poder Judicial. Algunos sectores especulan con que esa reducción estadística confirma el desprestigio en el que está inmerso. Dicho de otro modo: sería un indicador de la desconfianza en la utilidad de efectuar denuncias por ese delito. La aprobación a los jueces fue del 2% entre los consultados por la Universidad de San Andrés, en marzo. En su índice de satisfacción política, la Justicia ocupa el puesto 17 entre 21 instituciones relevadas.
El Ministerio de Justicia es el encargado de la estrategia contra el crimen, y la política salarial juega un papel importante en ella. Los jueces bonaerenses están entre los peores pagos. Uno de primera instancia con 15 años de antigüedad percibió en marzo un tercio menos que otro en San Juan, Santa Fe y Entre Ríos. Y superó por muy poco a los de San Luis, Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
La demora en cubrir 500 vacantes y los bajos salarios desalientan trabajar en la Justicia. La combinación de esas causas hace que solo cinco de los ocho Tribunales en lo Oral y Criminal estén funcionando en La Plata. La política saca provecho de esas anomalías, presentando lo que podría ser un aplazamiento por sobrecarga de trabajo como su capacidad decisiva de ejercer influencia para postergarlo. Esa sospecha sobrevuela varios fallos. Pero sobre todo la libertad condicional concedida a César Melazo por la ley 12.256, que compensa con ese beneficio a quienes estudian mientras están recluidos.
El pedido del exjuez de Garantías al TOC Nº 2 fue avalado por Santiago Paolini y Andrés Vitali. Pero rechazado por Silvia Hoerr, su presidente, que lo calificó de “premio otorgado de forma precipitada”. Hoerr abrió dudas sobre si los cursos de ukelele y taichi chuan realizados por Melazo justificaban la aplicación de esa ley.
Victoria Huergo resolvió no pronunciarse. Tal vez para no prolongar su intervención en una causa a la que llegó por la excusación previa de otros 9 fiscales. Lo mismo hicieron 5 jueces que se negaron a completar el TOC Nº 2. Lo curioso es que entre ellos figure Claudio Bernard, uno de sus miembros permanentes. Huergo acusó frente a ese tribunal a Mariano Bruera por las coimas que cobró como funcionario del municipio de La Plata mientras fue intendente su hermano, Pablo Bruera.
Las escuchas telefónicas ordenadas por el primer fiscal de la causa, Jorge Paolini, fueron pruebas determinantes en su contra. Bernard sembró sospechas sobre la conducta de Paolini. Se preguntó por qué intervino los celulares de otros implicados pero nunca el de Bruera. Paolini es aludido en algunas versiones como el fiscal del juicio oral y público contra Mario Secco, elevado a juicio oral y público hace dos años. El TOC Nº 2 aún no fijó la fecha de su realización. Estuvo a punto de hacerlo el año pasado, pero no lo hizo por la impugnación del intendente de Ensenada a Marcelo Romero, el fiscal elegido para acusarlo. La jubilación de Romero dejó sin efecto la impugnación. Secco habría sufrido una pérdida irreparable con el apartamiento de Juan Pablo Caniggia como fiscal en La Plata al no apelar la condena de Ángel “Pipi” Yalet, involucrado con Melazo en una banda dedicada al robo de autos y viviendas.
Caniggia era el fiscal de la causa contra Secco y habría mantenido informado al intendente a través de dos colegas: Virginia Bravo y Héctor Tezon. Sergio Massa no hallaría esas facilidades en el Departamento Judicial de San Isidro, otro escenario donde le disputa poder en Tigre al intendente Julio Zamora. Massa quiere ese lugar para Malena Galmarini, su esposa y titular de AySA. A cargo del Juzgado Contencioso y administrativo Nº 1, María Paula Vennere aún no resolvió suspender la construcción de una alcaidía en Tigre, como le solicitó un grupo de vecinos. Igual que Galmarini, rechazan que se construya sobre el supuesto humedal elegido para hacerlo por el gobierno bonaerense. Parece un asunto algo más turbio que las aparentes inundaciones que provocaría el emplazamiento del edificio.
Por iniciativa de Kicillof, la Legislatura bonaerense sancionó a fines de 2020 la ley 15.208 para expropiar 13 de las 60 hectáreas de Edenor en el barrio Dique de Luján y construir una de las 24 alcaidías exigidas por un fallo de la Corte del 2005 en la causa Verbitsky. Jorge D’Onofrio argumentó en esa sesión a favor de la iniciativa que perjudica a la empresa de José Luis Manzano, Daniel Vila, Ricardo Depresbíteris y Mauricio Filiberti, principal proveedor de cloro en AySA.
D’Onofrio es el nexo de Massa con la policía y la Justicia bonaerenses. Edenor exigió por vía judicial un resarcimiento de 900.000 dólares contra los 150.000 contemplados por la expropiación. Galmarini culpó a Zamora por la obra en el barrio Dique de Luján, que desde 1949 cuenta con terraplenes para evitar inundaciones. Igual que la mayoría de los barrios cerrados que lo rodean. Probablemente la condición de humedal exceda a las tierras expropiadas.
La construcción de una alcaidía modificaría sustancialmente la fisonomía de ese paisaje y depreciaría el potencial valor inmobiliario de tierras aptas para ese tipo de emprendimientos. Zamora se limitó a convocar a una audiencia pública en la que no estuvieron quienes exigen la suspensión de la obra con la representación legal de Laura Vienni. Vienni es secretaria de Eduardo Cergnull, apoderado del Frente Renovador, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados y con participación en la constructora Saltum SA. Su esposa, Verónica Beatriz Mirassón, es titular de un registro nacional de motovehículos en Tigre, a pocas cuadras del municipio.
Parece que la construcción es una actividad que apasiona a funcionarios ligados a Massa. Con Daniela Chicha y Adrián Dos Santos, Renata Scafati fundó en mayo de 2019 la sociedad anónima Servicios y Construcciones (Sycsa). Scafati es la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Economía. Dos Santos fue subsecretario de Emprendimientos con Massa en el municipio de Tigre, aparentemente, el área más vinculada a desarrollos inmobiliarios. Chicha fue asesora legal en ese lapso y es titular del Registro Automotor Nº 6.
Sycsa participa en licitaciones de Trenes Argentinos que conduce Martín Marinucci, hombre de Massa. Cergnull, Scafati y Dos Santos, entre otros, figuran en la denuncia que Mónica Frade presentó el 6 de agosto último en la Procelac, para que se investigue si forman parte de un supuesto entramado empresario dedicado al lavado de dinero. El 18 de agosto esa denuncia fue girada a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, supuesta protegida de Daniel Angelici, quien es sindicado por intervenir en el fallo con el que la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín apartó a Sandra Arroyo Salgado de la causa en la que investigaba al exfiscal Claudio Scapolan como líder de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico. La Justicia parece condenada por sus propios fallos.
Por Daniel Bilotta
Tipo de trabajo:
opinión
