Una rebelión en el corralito

Cuatro ex banqueros centrales de países desarrollados tendrán, a partir de mañana, oportunidad de comprobar sobre el terreno por qué no funcionan las cosas en un país como la Argentina, donde el principal signo de subdesarrollo está en sus raquíticas instituciones políticas y económicas. También, cómo la ausencia de planes y la licuación del poder político tornan imposible despejar la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

La comisión de notables armada por el Fondo Monetario Internacional para asesorar al Gobierno en la reestructuración del desarticulado sistema financiero local se encontrará con un escenario seguramente peor al imaginado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, cuando hace 20 días sacó un as de la manga y propuso en Washington la visita de estos expertos para mantener abiertas las negociaciones con el organismo.

Por empezar, la propia situación de Lavagna en el Gobierno está en duda. En los últimos días, el ministro no disimuló su fastidio por el protagonismo del nuevo titular del Banco Central a través de viajes al exterior que tuvieron mucho más de operación política que de otra cosa. Aunque el ministro recibió las ratificaciones de rigor en estos casos, fue ostensible que desde la Jefatura de Gabinete se hizo aparecer la última visita de Aldo Pignanelli a los Estados Unidos como una gestión paralela, destinada a obtener apoyo del FMI a la idea de levantar las restricciones del corralito financiero. En esos días, en que el poder se transformó en una bolsa de gatos, nadie se planteó por qué el FMI habría de aportar fondos que hasta ahora retaceó a una medida que sólo facilitaría a los titulares de cuentas a la vista disponer de más efectivo para comprar dólares. Si optaran por adquirir bienes, nada impide hoy que lo hagan con cheques, salvo la desconfianza en el futuro.

Este nuevo round del conflicto invirtió los roles del BCRA y el Ministerio de Economía. Con el guiño de la Casa Rosada, Pignanelli -un funcionario que tiene línea directa con el presidente Eduardo Duhalde- se convirtió en un abanderado de la flexibilización del corralito y su supuesto rédito político. Lavagna, en cambio, asumió el inusual papel de un ortodoxo custodio de la necesidad de evitar una expansión monetaria adicional, que termine agregando presión al dólar y a la inflación. En una mirada de más largo plazo, sin embargo, estos papeles vuelven a modificarse. El BCRA insiste en el canje compulsivo por bonos de los depósitos atrapados en el "corralón", a lo que se resiste Economía, que a su vez presentó como un éxito que 23% de los depósitos fuera reconvertido voluntariamente por títulos en dólares a 10 años. Aunque en esta decisión los ahorristas actuaron con gran selectividad (en función del riesgo que perciben en cada entidad), también es inocultable que nada menos que 77% de los titulares de depósitos reprogramados se resignó a quedarse como está, antes que optar por un bono de un Estado en default . Detrás de esta pelea hay otro conflicto institucional irresuelto y que se manifiesta en la rebeldía de la Corte Suprema a convalidar la "ley tapón" que frena los recursos judiciales de amparo, cuya persistencia complica aún más la liquidez de los bancos y el programa monetario del BCRA.

Pensando en despesificar

Si este rompecabezas, que ya lleva ocho meses sin resolverse, se ha transformado en una pesadilla para muchos argentinos, es previsible que resulte un galimatías para los expertos extranjeros convocados por el FMI. Sobre todo cuando no existe ninguna señal de que el Gobierno tenga alguna idea previa sobre cómo reestructurar el sistema financiero, que hace un año administraba depósitos por 80.000 millones de dólares y hoy no llega a 17.000 millones.

Tal vez por esta razón es que, por fuera del oficialismo, están apareciendo algunas iniciativas tendientes a rebobinar la película y "despesificar" depósitos y préstamos, como una manera de establecer un nuevo punto de partida.

A grandes rasgos, un proyecto presentado en el Congreso por el senador Pablo Walter (Fuerza Republicana-Tucumán) y elaborado por el economista Aldo Abram prevé "redolarizar" todos los depósitos del corralón, volviéndolos a su monto original, pero manteniendo los plazos de reprogramación entre 2003 y 2005. En este esquema, los bancos deberían devolver los depósitos al mismo tipo de cambio en que fueron pesificados sus activos ($ 1,40 más el CER o $ 1 más CER o coeficiente salarial, según los casos). La diferencia con la cotización del dólar al momento de devolución de cada cuota y el valor de los activos públicos y privados subsidiados por la pesificación sería financiada por el Estado en la proporción de las tenencias de cada banco. Esto se haría a través de préstamos garantizados en pesos, con aval de la recaudación impositiva. Abram calcula que la medida tendría un costo fiscal de 2200 millones de dólares, menos de una tercera parte del monto que prevé el Gobierno para compensar a los bancos por la pesificación asimétrica. Los autores de esta iniciativa ya recibieron consultas de legisladores alineados con José Manuel de la Sota. Inclusive, hasta tuvieron contactos con el actor Nito Artaza, quien, en su carácter de espontáneo representante de los ahorristas acorralados (lo cual le ha generado algunos apoyos políticos tan oportunistas como indeseables), la habría considerado viable.

Con otra ingeniería financiera, el ex funcionario cavallista Horacio Liendo (uno de los mentores del primer corralito) también propone eliminar la pesificación. En este caso, otorga a los bancos la posibilidad de sincronizar activos y pasivos para comenzar a devolver depósitos en dólares dentro de los 30 días. Aquellos que no estuvieran en condiciones (incluyendo las entidades oficiales) deberían presentar planes de regularización y saneamiento al BCRA, proponiendo plazos de devolución, formas de instrumentarlos y eventuales aportes de capital, entre otros requisitos, que también parten de la base de que el Estado cumplirá con los compromisos del préstamo garantizado con el que canjeó títulos de la deuda pública antes de declarar la cesación de pagos.

Aunque Abram es partidario de volver a la convertibilidad (con un tipo de cambio de 3 a 1) y Liendo de mantener la libre flotación del peso en un marco de estabilidad, uno y otro proyecto chocan con el escollo de la atomización política que impide debatir seriamente este tipo de iniciativas, que requerirían de una alta dosis de disciplina monetaria y fiscal.

De ahí que, ante la imposibilidad de resolver sus contradicciones y su resistencia a asumir costos políticos, la agenda inmediata del Gobierno oscile entre el internismo y el marketing . Así, se lanzan obras públicas para la campaña electoral, se divaga con el ya anunciado descongelamiento de tarifas de servicios públicos o se busca disfrazar de despegue el aterrizaje de una producción industrial que venía en caída libre (salvo en aquellos sectores que pueden producir para exportar). Tal vez la buena noticia para algunas regiones del país -incluyendo la ciudad de Buenos Aires- la estén aportando, silenciosamente, las vacaciones de invierno, con una afluencia de turismo interno y externo que hace tiempo no se veía. Y que obliga a pensar lo necesario que sería un acuerdo de todas las fuerzas políticas para frenar la inseguridad (pública y jurídica) y los brotes de violencia, como una manera de atraer visitantes en lugar de desalentarlos.

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