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Universidad en crisis
Aunque desde 2001 se incrementó la despartidización de la Universidad pública, disputas sectoriales acentuaron su deterioro institucional y aumenta el cuestionamiento a la representatividad de los cuerpos colegiados que gobiernan las facultades
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Los que la miran de cerca coinciden en afirmar que la política universitaria repite con prolijidad los fenómenos que se dan fuera de ella.
La crisis iniciada en el país en 2001 también instaló en la universidad los cuestionamientos y el descrédito de la política, la sensación de distancia entre el pueblo y sus representantes (los estudiantes y los órganos de conducción) y un deterioro institucional motivado por la defensa de intereses privados en un ámbito que es público por definición y por financiamiento.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, con más de 300.000 estudiantes, conflictos recientes en algunas facultades sacaron a la luz una crisis institucional con la que se convive a diario, más vinculada a lealtades de grupo que a pertenencias políticas.
En Ingeniería, el consejo directivo destituyó en marzo último al decano Bruno Cernuschi Frías, quien, con el apoyo de un grupo de estudiantes, apeló la decisión ante la UBA y sigue con su situación sin resolverse. En Filosofía y Letras, varios docentes de prestigio -el último y más público fue el historiador Luis Alberto Romero- denunciaron la "persecución" de la que se sienten objeto por parte de la actual gestión, con concursos docentes paralizados, cátedras paralelas, distribución de horarios con preferencias para algunos, entre otros obstáculos en el trabajo cotidiano.
Fuera de la UBA, se vivió una crisis similar en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), cuando en octubre último el ex rector Julio Villar renunció en medio de un fuerte enfrentamiento con sus cinco vicerrectores, que también se fueron, mientras un grupo de profesores tomaba la iniciativa, reformaba el estatuto que regía la casa desde 1991 y eligía al actual rector, Mario Ermácora.
La falta de concursos docentes, los obstáculos para el trabajo de los grupos de investigación, la escasez de oportunidades para nuevos profesores, las dificultades para acceder a la infraestructura y la burocracia son prácticas diarias en muchas universidades públicas, que están empujando a muchos profesores, sobre todo a quienes atraviesan los primeros años de sus carreras académicas, a aceptar espacios en instituciones privadas.
Mientras tanto, para la mayoría de los estudiantes, la universidad es más el lugar donde se obtiene el título que el espacio de los debates ideológicos y las propuestas de cambio. De los tiempos políticamente activos en la universidad, particularmente en la década del 70, quedan las consignas de algunas agrupaciones de izquierda, que resisten en sus argumentos mientras cada vez más estudiantes los identifican con un discurso que les es ajeno.
Dos fenómenos novedosos, sin embargo, se advierten en el terreno transformado de la política universitaria. Por un lado, la despartidización creciente no significa despolitización: por el contrario, las causas sociales, solidarias y académicas convocan a los alumnos, algo que saben bien las agrupaciones independientes que empiezan a intentar ocupar esos espacios.
Por otro, la natural confrontación que supone la política se ha trasladado en gran medida a la defensa de intereses corporativos, profesionales o simples lealtades personales, particularmente entre los profesores.
No es raro, en este contexto, que las voces que piden rediscutir el sistema de gobierno de la universidad pública se escuchen cada vez con más fuerza, tanto como las que denuncian que la universidad, abrumada por la escasez presupuestaria y el corto plazo, está perdiendo una oportunidad histórica de ponerse al frente de los debates ideológicos que requiere el país.
Al asumir como rector, en mayo de 2002, Guillermo Jaim Etcheverry afirmó que uno de sus objetivos sería "despartidizar la universidad y politizarla". "Desde la gestión central de la UBA se ve que no estamos guiados por criterios de política partidaria, pero subsisten manifestaciones de criterios políticos aplicados a la tarea académica -dijo Jaim Etcheverry-. Los conflictos se agudizan por la lucha entre los escasos bienes, subsidios y apoyos disponibles, pero la universidad tiene que dejarlos de lado y ser un ámbito en que se expresen todas las ideas."
Panorama disperso
La tradicional hegemonía de la agrupación radical Franja Morada en la UBA se quebró abruptamente en 2001. Fuera de la universidad, la caída de Fernando de la Rúa erosionó su identidad partidaria a los ojos de los estudiantes; dentro de ella, el término de la era del radical Oscar Shuberoff en el Rectorado -que ocupó el cargo por 16 años- y las denuncias sobre clientelismo y falta de transparencia en su gestión completaron el golpe, que no se repitió en otras universidades del país con igual fuerza.
El espacio radical, sin embargo, no fue ocupado por otra agrupación y el panorama en la UBA se muestra disperso. Por un lado, distintas agrupaciones de izquierda -identificadas con Izquierda Unida, el Partido Obrero y otras- armaron alianzas de duración diversa que se impusieron en distintos centros de estudiantes, se reafirmaron en otros y lograron la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que ganaron en 2002 y renovaron en 2003, por primera vez desde la recuperación democrática.
Unos y otros se cuestionan entre sí, sin embargo, manejos poco claros de los fondos que generan las fotocopiadoras para los centros de estudiantes, falta de transparencia en las cuentas y el uso clientelístico de las becas.
En tanto, el fenómeno más interesante fue el surgimiento de agrupaciones autodenominadas "independientes" de aparatos partidarios, que aparecieron como la gran promesa en 2002, con un discurso que promueve las cuestiones académicas, la transparencia y el trabajo "por los estudiantes".
"Con la crisis de 2001 apareció una fuerte tendencia al predominio de grupos independientes y otros que querían llamarse así para legitimarse. Se cerró un ciclo de alta partidización en la UBA, que coincide con la crisis de representación política en el país. Ahora, se nota que hay estudiantes que votan en las elecciones pero luego delegan esa participación en los dirigentes y se preocupan por su propia carrera académica", describió a LA NACION Pedro Krotsch, investigador en temas de educación superior y director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA.
Para Krotsch, el fenómeno no es novedoso. "Siempre ha habido diferencias entre los que se comprometen con la institución y los que están más sujetos al destino de sus carreras profesionales. Cuántos estén en cada grupo depende del clima de la época y de los acontecimientos fuera de la universidad", dijo.
"Desde 2001, los estudiantes empezaron a rechazar una militancia adherida a los partidos políticos. Aumentar la politización en la universidad supone despartidizarla, así los dirigentes se vuelven realmente representativos", afirmó Krotsch.
Otros no son tan optimistas. Para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, "la despartidización se dio, pero no se reemplazó por debates políticos. La universidad está despolitizada en el buen sentido de la política; faltan discusiones sobre la idea de universidad inserta en una idea de país. Nos preocupamos demasiado por los reglamentos y poco por el sentido de la universidad", afirmó.
Mientras la sociedad reclama políticas de Estado de largo plazo a sus dirigentes, un pedido similar hay en los claustros universitarios. "En la universidad falta un Blumberg", graficó Santiago Hernández, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y ex consejero directivo, para quien "no convocan las agrupaciones políticas, sino los problemas en particular".
Aunque coincidió en que lo más fácil para interesar a los estudiantes son los problemas cotidianos (oferta de cursos, problemas edilicios, disponibilidad de materiales), Agustín Vanella, estudiante de Derecho, presidente de la FUBA y consejero superior electo, no cree que los estudiantes estén despolitizados. "Veo una avidez por participar. Pero no hay herramientas ni espacios para discutir la política universitaria. Hay una gran confusión en los chicos, no saben que pueden participar ni tienen dónde hacerlo", dijo.
Según un estudio realizado en el Instituto Gino Germani entre 1300 estudiantes durante 2002, sólo el 24,11% supo con qué periodicidad se eligen los representantes estudiantiles, sólo el 29,45% pudo decir el nombre del rector, y únicamente el 15,45% dijo haber participado en debates o asambleas en el ámbito de la UBA, porcentaje que bajó al 11,14% cuando se les preguntó por la actividad política de algún tipo.
"El estudiante no está despolitizado. La que está despolitizada es la universidad, que era cabeza en términos de definir una política hacia el gobierno y hoy no tiene conducción política, sólo administrativa", dijo Emiliano Yacobitti, miembro de Franja Morada y, hasta hoy, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que renueva sus autoridades este fin de semana.
A diferencia de muchos partidos políticos nacionales, las agrupaciones estudiantiles tienen mayor capacidad autocrítica, quizás por la proximidad con sus representados que obliga el verse todos los días, cara a cara, en aulas, pasillos y bares.
"No hay crisis de participación, hay otras formas de participar. Las agrupaciones políticas estudiantiles tienen que interactuar con otros grupos que tratan temas sociales, académicos, solidarios, y ofrecerles un proyecto político que les sirva de marco. El rol del movimiento estudiantil es proveer esa orientación", reflexionó Marcos Duarte, de la Universidad Nacional de Córdoba, radical y candidato a vicepresidente de la FUA.
Sistema criticado
Según el sistema de cogobierno heredado de la reforma universitaria de 1918, cada una de las trece facultades de la UBA está conducida por un decano y un consejo directivo, formado por ocho representantes de los profesores, cuatro de los graduados y cuatro de los estudiantes, que se eligen de forma directa por los integrantes de cada claustro. El consejo directivo elige al decano y al vicedecano cada cuatro años. El órgano máximo de conducción de la UBA es el consejo superior, formado por el rector, los trece decanos, cinco representantes por el claustro de profesores, cinco por el de graduados y cinco del de estudiantes. Son elegidos por los consejos directivos de las facultades.
El sistema hoy está cuestionado, en un abanico que lo califica de "antidemocrático" a "alejado de la realidad". La crítica fundamental se centra en un "exceso de representación" de los profesores, ya que sólo pueden votar los regulares, que son una minoría, mientras los docentes auxiliares, en general al frente de las clases, carecen de "ciudadanía política". También se dice que el claustro de graduados tiene una representación difusa -desde los más profesionales egresados de Derecho o Ingeniería a los de Sociales y Filosofía y Letras, generalmente docentes- y que los estudiantes tienen poco lugar en la conducción.
En las críticas se desliza, también, el peligro de esta representación restringida, que tiene poder de decisión sobre toda la gestión universitaria, y que los temas que se tratan se mantienen en la coyuntura.
"El debate ideológico es muy pobre. En lugar de discutir temas académicos o docentes, se trabaja en mantener la universidad abierta en un sistema de ajuste. Los estudiantes no se sienten representados en sus consejos directivos, que no interpretan sus necesidades", opinó Edgardo Decaminada, consejero superior electo por el claustro de graduados y miembro del Colectivo para la Transformación Universitaria, que reúne a agrupaciones de centroizquierda.
En la UBA existen desde hace tiempo proyectos para reformar el sistema electoral, que incluyen la elección directa de las autoridades principales, pero su discusión está postergada.
Vanella enumeró los contenidos de la "democratización" que impulsa la FUBA: concursos transparentes y al día para regularizar la planta docente y adaptarla a la realidad institucional; incorporar a los no docentes y aumentar la representación estudiantil. También propuso que en las decisiones más trascendentes -como el uso del presupuesto o las reformas en los planes de estudio- participe la comunidad universitaria a través de mecanismos de democracia directa, como audiencias públicas o consultas populares por claustros, facultades o disciplinas. "Esta es una forma de crear mecanismos para que la gente participe", dijo.
Aun cuestionado, el cogobierno se sigue defendiendo como el mejor sistema. "Puede tener deficiencias, pero es el que mejor refleja la representación. Los estatutos se pueden ir modificando, pero no hay que deslegitimar las formas de gobierno", apuntó Yacobitti. Más allá de las formas, el gobierno universitario supone un cruce complejo de intereses: los claustros, las facultades, las carreras, los grupos de docentes que responden a lealtades constituidas o pertenencias a distintas gestiones, todo recorrido por identidades político partidarias.
"Es un sistema de representación muy fragmentado, sujeto a coaliciones móviles y cambiantes, alianzas coyunturales y oportunistas que se arman y se desarman según cada problema y que impiden un posicionamiento terminante y abierto", describió Krotsch. "Esto hace que las discusiones también sean coyunturales y la UBA se vea desprovista de pensamiento estratégico y de conducción de largo plazo", alertó. Sin embargo, incluyó una mirada positiva: "Esta conflictividad emana de un alto grado de democratización. La UBA tiene una alta visibilidad en el funcionamiento de sus órganos de gobierno".
