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Urge trazar un plan nacional de seguridad
Ante el avance de la criminalidad, hace falta reevaluar las herramientas con las que el Estado cuida a los ciudadanos e impulsar la creación de una agencia federal de investigaciones y de una policía judicial
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LA NACION
la sucesión de hechos criminales en el área metropolitana en las últimas semanas -la escalada de secuestros y los episodios que terminaron con las vidas de Rodrigo Espíndola en Monte Grande, Guillermo Tarrio en Barracas y David Varlotta en Villa de Mayo, entre otros- impone un reevaluación de las herramientas con las que cuenta el Estado para la indelegable tarea de cuidar a la población. Es inútil discutir si estamos ante una nueva "ola" de inseguridad o si, por el contrario, nos encontramos dentro de los parámetros de años anteriores. No existe algo así como un nivel de inseguridad "aceptable". Es cuestión de saber si se está haciendo todo lo que se puede y de empezar a hacer lo que falta.
Venimos de administraciones -tanto la nacional como la bonaerense- especialmente deficientes en términos de políticas de seguridad. Los últimos doce años han dejado una herencia nefasta también en esta materia. Poco se ha hecho para devolver a los ciudadanos la confianza en el sistema y en las instituciones. Hoy la sociedad asiste a una acción estatal pendular que va de la sobreactuación al letargo: desde megaoperativos cuasi militares hasta la inacción patente frente al delito que estalla en la propia cara de funcionarios y agentes. Son muestras de la ausencia de un plan, que mal puede suplirse con reacciones espasmódicas.
Buena parte de la ciudadanía hace blanco de sus críticas -con razón- al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, tanto por ineficacia y falta de respuesta como por la ausencia -en el caso de los fiscales- de una actitud proactiva. Estos temas constituyen un eje importantísimo y preponderante en la lista de asuntos que preocupan a los argentinos. La falta de estadísticas que cuenten con aval suficiente suma al descreimiento, y lo poco que puede conocerse al respecto no se traduce en políticas públicas ni genera la conciencia en la gente de que se está haciendo algo para frenar la violencia. Si no hay medidas de prevención concretas, los mapas del delito no valen más que el papel sobre el cual están impresos.
La última iniciativa de abordaje integral de la cuestión de la seguridad se remonta a abril de 2004. En un Salón Blanco repleto, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció un ambicioso plan trienal que pretendía abarcar todas las aristas del tema, con profundas reformas de los aparatos policial, judicial y penitenciario, modificaciones del Código Penal y el de Procedimientos, la implementación de mecanismos de participación ciudadana y la creación de una agencia federal de investigaciones. Ese plan (plasmado en 21 proyectos de ley) fue producto del concienzudo trabajo del ministro de Justicia Gustavo Beliz y un equipo del que formé parte junto con los doctores Norberto Quantin e Ignacio Rodríguez Varela.
En palabras del entonces presidente: "El plan que hoy presentamos es un aporte; no queremos apurar una respuesta espasmódica o parcializada, no creemos en las visiones que ubican la solución en un solo punto focal. El problema es estructural y requiere de soluciones estructurales".
Apenas tres meses después, el plan fue abandonado cuando Beliz dejó el Ministerio de Justicia. Imposible saber a ciencia cierta el motivo por el cual una iniciativa que había sido aplaudida por buena parte de la sociedad fue tan rápidamente descartada. En tren de encontrar alguna explicación a la luz de los 12 años transcurridos desde entonces, resulta insoslayable que un proyecto de esa naturaleza era visto en muchos sectores del Estado como una amenaza al statu quo de ejercicio discrecional del poder corrupto.
El naufragio del plan estratégico privó a la comunidad de valiosos medios para la lucha contra el crimen; algo que el Estado actual de cosas obliga a reconsiderar. Decíamos que la demanda de seguridad de la ciudadanía se vuelca muchas veces al aparato judicial; pero la sociedad ignora que, para su cometido, jueces y fiscales dependen en gran medida del trabajo de las dependencias policiales del Poder Ejecutivo. En definitiva, los magistrados siguen careciendo de una policía judicial que les permita confiar sus asuntos a un ente ajeno al gobierno de turno o al poder político; así como tampoco cuentan con el aporte de una agencia que, al estilo del FBI, genere investigaciones eficaces.
La falta de una policía judicial queda especialmente en evidencia cuando jueces y fiscales pretenden investigar a los integrantes de las fuerzas de seguridad o a los funcionarios de los que éstas dependen. Salta a la vista, en esos casos, la enorme utilidad que tendría un cuerpo policial subordinado directamente a la administración de justicia, a cargo de un director designado por acuerdo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e integrado por equipos expertos en las diversas ramas de la criminalística con capacidad para trabajos de campo en casos de corrupción.
Por su parte, la necesidad de una agencia federal de investigaciones especial y profesionalizada, con talento y recursos, con tecnología e información interconectada incluso internacionalmente, es reconocida por diversos exponentes de la dirigencia política, desde el propio presidente Mauricio Macri hasta líderes de otras fuerzas de todo el arco de ideas. Aunque la mayoría de ellos hace hincapié en la lucha contra el narcotráfico (algo lógico, habida cuenta del notorio retroceso del país en esta materia en la última década), una agencia como la que aquí se propone merece una perspectiva más amplia que incluya también, en forma progresiva, terrorismo, tráfico ilícito de armas, mercadería y personas, lavado de dinero, corrupción administrativa, secuestros extorsivos, delitos ecológicos, prostitución y pornografía infantil. El avance en estos frentes es por demás complejo, y de ahí que sólo puede acometerse con un organismo independiente capaz de esfuerzos sostenidos en el tiempo, que tome a su cargo la supervisión y dirección de todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado y se articule con las policías provinciales. Por eso, es fundamental que esta agencia esté conducida por un director con acuerdo del Senado y que se la integre con funcionarios irreprochables de probada trayectoria en investigaciones, sujetos a rigurosos controles de transparencia que avienten cualquier sospecha de connivencia como las que actualmente se ciernen sobre los cuerpos policiales.
Urge que el sinceramiento encarado por el Gobierno ante la herencia recibida y el fortalecimiento institucional incluyan la evaluación del estado en que se encuentra el país para enfrentar el crimen organizado y propicie la creación de las herramientas adecuadas a tal fin. La policía judicial y la agencia federal de investigaciones no bastarán, por sí solas, para devolver la tranquilidad a la ciudadanía, pero serán dos firmes pasos en la dirección correcta.
Fiscal nacional
José María Campagnoli
LA NACION
