Víctimas de un Estado ambivalente

Javier Auyero
Javier Auyero PARA LA NACION
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14 de abril de 2018  

Nos acercamos a Carolina para que nos cuente cuáles eran, según ella, los problemas más acuciantes del barrio en el que vive hace más de dos décadas, un barrio del sur del conurbano bonaerense, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, con más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza y con una tasa de homicidios que cuadruplica la media de la provincia de Buenos Aires. Ella aprovechó la oportunidad concedida por la entrevista para hablar de lo que más la preocupa: la adicción de su hijo Marcelo al paco y su angustia cotidiana frente a la posibilidad real de que aparezca herido o muerto "en una zanja". Carolina dice que "la droga está en todos lados, es muy difícil para Marcelo, porque se tienta...". Y concluye apuntando a la responsabilidad policial en el sufrimiento de su hijo: "Ellos no hacen nada, saben quiénes venden, dónde venden... son ellos mismos. La policía es toda transa".

Durante el curso de la investigación que realizamos entre 2014 y 2017 con Katherine Sobering para el libro The Ambivalent State (El Estado ambivalente, Oxford University Press), que será publicado el año próximo, hablamos con docenas de vecinos como Carolina. También pudimos acceder a varias causas judiciales sobre narcotráfico, algunas de ellas en curso, en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Un análisis pormenorizado de esas causas nos permitió inspeccionar de cerca y de manera sistemática las interacciones entre los agentes del Estado y diferentes grupos criminales. Al revisar la evidencia judicial (testimonios, escuchas telefónicas, argumentos de la defensa y de la fiscalía) descubrimos a un Estado que no es "débil" (como a veces se lo describe cuando se habla de barrios "abandonados" por el gobierno) ni "fuerte" (como a veces se lo representa cuando se habla de la militarización de las zonas más destituidas).

El Estado es, más bien, una organización profundamente ambivalente. Por un lado, defiende la ley, ocasionalmente en espectáculos visibles y mediáticos como cuando realiza masivos operativos antidroga en los que se "derriban búnkeres" bajo la atenta mirada de funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Por otro lado, las relaciones clandestinas entre traficantes y agentes de varias fuerzas de seguridad (policías estatales, gendarmería, policía federal) hablan de un Estado que muchas veces es socio activo en lo que él mismo define como comportamiento criminal.

¿En qué consiste esa sociedad entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos de traficantes? Al estudiar detenidamente una variedad de casos judiciales en diferentes provincias y distritos vemos que lo que circula entre ellos es información que tiene tres funciones distintas: sirve para protegerse, para competir y para tomar represalias. Producto de la información que circula en las relaciones clandestinas, las fuerzas de seguridad evitan operar en ciertos territorios (la muy bien documentada forma de inacción conocida como "liberación de una zona") mientras que inundan con su presencia otros. Con la información provista por agentes del Estado, los traficantes alteran sus rutas, suspenden ventas, mueven la mercancía de un búnker a otro. Las redes territorializadas de distribución de droga son el resultado de esta danza entre relaciones clandestinas.

Pero esa información no solo es utilizada para proteger la actividad ilegal. Traficantes y fuerzas de seguridad intercambian información que sirve para adquirir mayor competitividad (como cuando un dealer le solicita a un policía que elimine a un vendedor que está operando en su cercanía) o para llevar a cabo actos de represalia (un traficante utiliza información provista por la policía para atacar un búnker enemigo).

La colusión entre traficantes y agentes de las fuerzas de seguridad debería ser objeto de preocupación y de acción concertada por parte de las autoridades, no solo porque constituye una amenaza significativa contra la estabilidad de las instituciones democráticas, sino también porque impacta en la violencia que experimentan quienes viven en los márgenes urbanos y porque alienta en ellos lo que los criminólogos llaman "cinisimo legal", la generalizada percepción de que, como el testimonio de Carolina explica de manera contundente, los "agentes del orden" no solo son incapaces sino fundamentalmente cómplices.

Traficantes que atacan, hieren y matan a otros traficantes con la impunidad que les provee la protección policial. Todo esto, en muchos casos, con apoyo material (provisión de armamento, de personal policial que asiste a los traficantes cuando estos desalojan a sus competidores) y recursos informativos (inteligencia sobre ubicación geográfica de esos competidores) que provienen de actores estatales. La colusión entre policías y traficantes no solo apuntala la perpetración de la violencia, sino que, en ocasiones, la canaliza: los traficantes solo dirigen sus ataques a los competidores que carecen de protección policial.

Así, disputas entre traficantes, castigos por deslealtades y robos, ataques físicos por vender productos adulterados o por faltantes de dinero, suelen ser frecuentes. A esa volatilidad hay que sumarle las acciones de las fuerzas de seguridad que hacen y deshacen pactos con traficantes, que liberan zonas, que les venden armas y municiones y que protegen ciertos territorios. Cuando se presta atención a la zona gris de las relaciones clandestinas, no es difícil entender cómo y por qué la violencia del mercado de drogas adquiere su presente forma en ciertas zonas más marginadas del país.

Pensar seriamente en la ambivalencia del Estado y en la asociación entre traficantes y fuerzas de seguridad debería llevarnos a una reflexión más profunda en momentos en que, desde el Estado, se producen y validan discursos y prácticas de "mano dura" -de probada peligrosidad e ineficiencia-, aún más cuando esa misma mano a la que se le encomienda la tarea muchas veces es parte constitutiva de la violencia que dice querer desterrar.

Sociólogo, autor junto a Katherine Sobering del libro The ambivalent state, próximo a publicarse por Oxford University Press

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