¿Vigilar y cuidar? La privacidad en la salida de la cuarentena, un debate necesario

Por Camila Crescimbeni y Natalia Herbst

El debate entre el derecho a la privacidad, la administración de datos y la vigilancia estatal moderna, avanzado en algunas sociedades, tomó una nueva dimensión en Argentina en el contexto del Covid-19. La crisis que desencadenó el coronavirus generó una aceptación sobre la necesidad de aumentar el nivel de vigilancia por parte del Estado que los argentinos estamos dispuestos a aceptar. Esto tiene dos razones de ser indiscutibles. Por un lado, la preservación de la salud, y por el otro comenzar a diseñar e implementar estrategias focalizadas que permitan flexibilizar y levantar las medidas de limitación de circulación y cuarentena.

La ingeniería de vigilancia que construyamos no va a ser sencilla de desmantelar y va a determinar cómo y por qué períodos de tiempo el Estado contará con datos sobre nuestra movilidad, ubicación, así como medidas biométricas. Es imperante balancear la urgencia y la necesidad de implementar soluciones de modo acelerado, con consideraciones éticas y legales que protejan a los ciudadanos, y particularmente a las minorías.

En un contexto de recursos escasos, compartir más información que la que usualmente estaríamos dispuestos nos permite concentrar la atención en pacientes en condición grave y reducir la potencial exposición al virus de pacientes sanos. Por lo tanto, es fundamental que demos una discusión que resulte en ciudadanos informados sobre los alcances de estas herramientas tanto en el nivel de detalle como en el horizonte temporal.

Es posible compartir información anonimizada, permitiendo comprender patrones de movimiento que pueden informar decisiones de política publica incluyendo la administración del espacio público, sin individualizar a ciudadanos. Es posible que los datos sean almacenados por el Estado, por empresas de telecomunicaciones que los pongan a disposición a pedido, o un modelo hibrido. Es también posible que los datos sean descartados periódicamente una vez que pierdan valor epidemiológico, y que la autorización que habilite la recolección de datos incluya una cláusula de expiración para esta facultad.

Es fundamental que demos una discusión que resulte en ciudadanos informados sobre los alcances de estas herramientas tanto en el nivel de detalle como en el horizonte temporal

Las decisiones que se tomen en este contexto de emergencia van a plantear desafíos a futuro para la privacidad y la libertad de expresión. Los ciudadanos demostraron confianza en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, acatando las medidas de cuarentena obligatoria. Para que las estrategias poscuarentena del Gobierno sean exitosas es fundamental que en los próximos pasos en el combate al Covid-19 pueda conservar la confianza de los ciudadanos, ya que para ser efectiva cualquier aplicación que rastree contactos habilitando una estrategia necesaria de rastreo, trazado y aislamiento requiere ser utilizada por al menos el 50% de la población.

La recolección y administración de datos con apoyo y confianza ciudadana solo será posible si existe transparencia en la implementación durante la emergencia y un horizonte temporal especifico en el que expiren estas medidas de control de excepción.

Si el Gobierno encara la discusión sobre el uso de Big Data desde una nueva grieta, perdemos todos. En países desarrollados, el Estado utiliza la información para ofrecer servicios más inteligentes, consolidando prestaciones, servicios y los deberes de los ciudadanos, optimizando su experiencia. Por eso, dar la discusión por el cómo implementar las herramientas digitales, resguardando ámbitos de privacidad de los individuos, respetando la libertad de expresión, regulando el alcance del uso de la información ciudadana, nos dará espacio para que la cuestión se instale con una estrategia sostenible en lugar de coyuntural llevando a una reapertura de nuestra sociedad lo más segura posible. Estamos frente a una oportunidad clara de reunir información para organizarnos mejor, para que Argentina pueda usar herramientas digitales sólidas que le sirvan tanto al estado para mejorar sus políticas y a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Que el miedo no nuble la necesidad de hacerlo seriamente.

Camila Crescimbeni es diputada nacional de Juntos por el Cambio y Natalia Herbst, Obama Scholar-Columbia University y exdirectora de Organización Comunitaria en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación