Ya es tarde para contener al Instituto Patria
Justo en el momento en que Gabriela Cerruti, vocera presidencial, anunciaba anteayer que a partir de ese día millones de jubilados, monotributistas, desempleados y trabajadores informales podrían empezar a cobrar la primera etapa del bono de 18.000 pesos que el Gobierno ideó para mejorar los ingresos, la fila virtual de usuarios en la página de la Anses era interminable. Unos cuantos quedaban eternamente en “sala de espera”. No debería sorprender: a la Argentina le llevó más de tres años repartir la tarjeta SUBE. La licitó en 2009, habilitó la web en enero de 2012 y una semana después seguía entregándolas con demoras de hasta 75 minutos a pasajeros que se agolpaban quejosos frente a puestos callejeros o en el hall de las estaciones de tren. De todos modos, para el nuevo IFE cabe esperar una mayor destreza: se supone que la experiencia de habérselo pagado a 9 millones durante la cuarentena no ha sido en vano.
El kirchnerismo se salió finalmente con la suya. Venía reclamando una cuarta entrega de ese subsidio desde el año pasado, pero Guzmán ponía reparos para no entorpecer la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De todos modos, ya es tarde para contentar en un 100% al Instituto Patria: las críticas que vienen de ahí han tomado el tenor de lo irreversible. Esa es acaso la razón por la que Alberto Fernández les ordenó a sus funcionarios, en especial a Cerruti, no molestarse en contestar. Anteayer, cuando le preguntaron sobre los cuestionamientos de Andrés Larroque al ministro de Economía, la vocera prefirió excusarse: “No comentamos opiniones”.
El Presidente dice estar convencido en eso de poner la otra mejilla. Conoce bien a la vicepresidenta: cree que a ella siempre le ha costado menos demoler que edificar. “Es autodestructiva”, la define, y vuelve a esa fábula que ya es lugar común en la política, la del escorpión y la rana. Su conclusión es que, a diferencia de lo que pretenden muchos en lo más ideologizado del Frente de Todos, Cristina Kirchner seguramente no está pensando en ser candidata a la Casa Rosada en 2023. “No tiene ninguna competitividad”, describe. Supone, en cambio, que él sí estará en condiciones. “Soy el que mejor mide del espacio”, repite, con el argumento de que le encontrará la vuelta a la inflación y que, probablemente a fines de año, la Argentina estará recuperándose a buen ritmo. Deberá dirimirlo en todo caso primero dentro del PJ. Hay gobernadores que preferirían a estas alturas a otro candidato y quienes hasta suponen estar al tanto de los planes de la “jefa”: por ejemplo, el que proyecta que Eduardo de Pedro, el preferido del Instituto Patria, venza en una primaria a Capitanich y quede posicionado para competir en 2027. Porque la prioridad no será ganar el año próximo, sino resguardar las banderas del electorado más leal.
Son dibujos en el aire. Hasta ahora, lo único que parece consolidado y concreto es la ruptura del espacio. Aunque no termine de hacerse explícita ni ninguno de los camporistas esté dispuesto a abandonar el cargo que ocupa porque, como describió Larroque el día de la marcha a la Plaza de Mayo, nadie puede irse de aquello que construyó. Que esta situación ya no sorprenda no significa que no siga dañando a la administración. Además de silenciarlos, el cascoteo kirchnerista paraliza a muchos funcionarios. ¿Quién querría arriesgarse con una medida impopular en un momento así? El último en intentarlo, Guzmán, que convocó a la audiencia pública por las tarifas a pesar de las advertencias públicas del subsecretario Federico Basualdo, recibió como reprimenda esta semana una fenomenal campaña de desgaste.
Es entendible que el ministro sobreactúe ahora con el impuesto a la “renta inesperada”. Aunque nadie, ni siquiera él, confíe en que pueda ser aprobado. Massa se lo explicó el miércoles en el Congreso a un grupo de industriales encabezados por Daniel Funes de Rioja. Según el líder del Frente Renovador, la paridad que hay en la Cámara de Diputados impedirá que cualquier bloque pueda imponerse de manera autónoma: todos estarán obligados a lograr consensos. Los empresarios habían ido a verlo a la Comisión de Industria, que preside el peronista entrerriano Marcelo Casaretto, con múltiples inquietudes. De la cuestión tributaria al contexto jurídico laboral: hace algunas semanas, la Corte ordenó reglamentar una ley que está aprobada y demorada sobre la obligación de ofrecerles un servicio de guardería a las empleadas. Las dudas no residen solo en el costo económico, sino en eventuales contingencias: ¿quién responderá, por ejemplo, ante un accidente doméstico de cualquiera de los chicos?
Hay tanta tensión que los empresarios cuidan las palabras y los movimientos. Funes de Rioja, por ejemplo, no dijo una sola palabra del impuesto a la “renta inesperada” el lunes, en la reunión que tuvo en la Casa Rosada con el Presidente y con algunos de sus ministros. Otros optan, en cambio, por la locuacidad. “Yo soy peronista”, tranquilizó Guillermo Moretti, directivo pyme de Santa Fe, ante Casaretto después en la comisión.
Haber circunscripto al menos el terreno y los términos en los que se desarrolla la discusión política es el módico éxito del kirchnerismo en medio de la crisis. La Cámpora se mueve como si ya se estuviera despidiendo de la gestión. Eso explica que haya decidido privilegiar sus objetivos teóricos sobre los concretos. Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, acaba de anunciar para mayo el pago de un adicional de 6000 pesos mensuales para todas las trabajadoras, que en el organismo son más de la mitad del plantel. Entre los argumentos, publicados el martes en la resolución 446, consigna que a ellas les cuesta más conseguir empleo, que suelen ganar menos que los hombres y que tienen que atender en simultáneo las tareas domésticas. Aunque el plantel femenino supere en número a los varones y no haya brecha salarial en el PAMI, Volnovich resarce una causa de índole general y simbólica con un beneficio a empleadas de carne y hueso. Otro camporista, Damián Selci, intendente de Hurlingham, acaba de tomar una medida similar: anunció un bono mensual de 3000 para todas las estatales del municipio.
Estas medidas, de aplicación más sencilla que el nuevo IFE, son además menos comprometedoras para quienes han decidido otorgarlas: en general nadie audita y tampoco queda tanto tiempo de gobierno. En eso tampoco coinciden con Alberto Fernández. En 2015, en el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, varias de estas dependencias aceleraron la cantidad de nombramientos. A diferencia de la página de la Anses, esta mecánica siempre ha funcionado con fluidez. La novedad de esta gestión no es tanto impedir la creación de riqueza, un clásico argentino, sino saber siquiera dilapidarla.
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opinión
