3000 extranjeros fueron expulsados por el decreto de Macri que ahora se derogó

La decisión del gobierno de Alberto Fernández de derogar el decreto firmado por Mauricio Macri en enero de 2017, por el cual se endurecían los controles migratorios para impedir el ingreso al país de extranjeros vinculados al delito y se agilizaban los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales, generó hoy una fuerte polémica sobre la eficacia de las medidas.

Luego de que el Presidente anulara el decreto de Macri, los principales referentes de Juntos por el Cambio salieron a rechazar la decisión: advirtieron que la flexibilización de los controles es “incomprensible” y “fomenta” la actividad del narcotráfico y del crimen organizado en el país. En cambio, el Gobierno argumentó que el DNU de Macri no mostró “mejoras ponderables” en materia migratoria.

Durante los cuatro años de gestión de Macri, unos 3.000 extranjeros fueron expulsados de la Argentina -duplicó la cifra del último mandato de Cristina Kirchner (1.256)-. “Terminamos la gestión con aproximadamente 3000 mil expulsados, entre los que delinquían o violaban la ley migratoria. Antes de Macri las cifras de deportaciones eran nulas”, remarcó un exfuncionario del macrismo.

Según un informe que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) difundió a medidos de 2019, la cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato de Macri, sobre todo, después de que se pusieran en marcha las medidas para endurecer los controles en enero de 2017. Entre 2016 y 2017, la cifra de extranjeros expulsados pasó de 323 a 495 -en 2015, último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, hubo 239 deportados-. En 2018, el dato volvió a subir: hubo 703 expulsiones.

Además, hubo 53.866 inspecciones de control de permanencia entre 2016 y 2018. Desde el macrismo remarcan también que durante la gestión de Cambiemos se radicaron 820 mil extranjeros.

El decreto de Macri apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.

Rogelio Frigerio, exministro del Interior, remarcó que el decreto de 2017 que reforzaba los controles inmigratorios respetaba “todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”. “Aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales”, subrayó Frigerio.

Para el diputado nacional Luis Petri (UCR), la decisión de Fernández “pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo”. “Entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país”, apuntó.

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto de Macri que modificaba la ley de migraciones, pero el gobierno de Cambiemos apeló la decisión y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia.

La explicación del Gobierno

En los considerandos del decreto 138/21, el gobierno de Fernández explicó que la disposición de Macri “modificó aspectos sustanciales” de la ley de migraciones (25.871). Y, para justificar la derogación de la medida, advirtió que los cambios impulsados por la gestión de Cambiemos “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”. Asimismo, indicó el Ejecutivo, la normativa agravó “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

En ese marco, el Gobierno restituyó “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas” por el DNU de Macri de 2017 y dispuso la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria, que deberá proponer “medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización” de la ley de migraciones.

La administración de Fernández remarcó que distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la normativa de Macri y argumentó que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU, expresaron “su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.

En el mismo sentido, indicó el Gobierno, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio”.

La decisión de Fernández de derogar el decreto de Macri fue celebrada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS). “La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar”, indicaron.

La postura de Fernández

En enero del año pasado, Fernández había cuestionado con dureza el DNU firmado por Macri en 2017. “Lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, apuntó el Presidente durante una visita oficial a Israel.

En ese momento, el mandatario argumentó que la normativa aplicada durante la gestión de Cambiemos permitía actuar sin condena firme: “Castiga sólo por la presunción”, resaltó.

Y agregó: “La Argentina ya tiene un régimen y cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión. Recordando la persecución que han sufrido muchos pueblos, especialmente en estos días, no parece una buena salida, no parece un buen camino”.