A 50 años de la masacre del comedor, familiares y organizaciones civiles pidieron que actúe la Justicia

Familiares de las 23 víctimas del atentado al comedor de la Policía Federal Argentina (PFA), perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, recordaron este sábado los 50 años del trágico hecho, junto a organizaciones que impulsan el avance de la causa judicial. El acto se realizó frente a la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, la dependencia donde ocurrió el ataque.

Con el lema “Basta de impunidad, historia completa”, reclamaron que la Justicia condene a los responsables del atentado. Además, exigieron que se elimine de la estación de subte de la línea E el nombre de Rodolfo Walsh, a quien consideran el “ideólogo” del ataque, y se retiren los nombres de los responsables que se mantienen en el Parque de la Memoria, situado en Costanera Norte.

Medio siglo atrás, el 2 de julio a las 13.20, estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de la PFA, ubicado en la planta baja del edificio de Moreno 1417. Fue el atentado más grave ocurrido en el país hasta el ataque a la AMIA. El explosivo había sido colocado apenas 20 minutos antes por un infiltrado de Montoneros, José María “Pepe” Salgado, quien lo dejó oculto bajo un sobretodo en una silla. La explosión causó la muerte de 23 personas, además de decenas de heridos, según datos oficiales.

Victoria Matienzo fue la primera oradora del acto. Su hermano, el agente Ernesto Matienzo, tenía 23 años cuando falleció a causa del atentado. Entre aplausos, Victoria exigió que remuevan el nombre de la estación de subte Rodolfo Walsh de la línea E y que “saquen a los asesinos del Parque de la Memoria porque hay muchísimos”.

Asimismo, reclamó que se retiren las placas que, en la entrada del edificio, conmemoran a las víctimas de los años en los que en la dependencia de Moreno 1417 funcionó un centro clandestino de detención. “Por respeto a nuestros seres queridos”, remarcó.

Luego, Emilio Hardoy, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia –entidad que impulsó y consiguió en 2024 la reapertura de la causa judicial–, sostuvo que el atentado representa “un crimen aberrante que sigue impune después de medio siglo”. “Los argumentos, la voluntad y la decisión que [los tribunales] dicen no encontrar para juzgar a quienes ensangrentaron al país son los mismos que sí los encontraron, y con qué celeridad, para perseguir a quienes nos defendieron contra la subversión”, agregó.

La Sala I de la Cámara Federal dispuso en 2024 que se reabriera la investigación judicial y que el exlíder de Montoneros Mario Firmenich fuera llamado a prestar declaración indagatoria como responsable de la voladura del comedor, al declarar que ese delito es imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derechos humanos. No obstante, Firmenich aún no declaró ante los jueces.

Asimismo, Hardoy agradeció la presencia de las legisladoras porteñas Rebecca Fleitas y Lucía Montenegro, ambas del bloque La Libertad Avanza, y del cineasta y escritor alineado con el oficialismo Diego Recalde: “[Su participación] es una muestra de valor, es algo inusual. Debería ser lo normal, pero en estas circunstancias es un acto de heroísmo”. Fleitas presentó en marzo pasado por tercera vez en la Legislatura el proyecto para eliminar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte.

También tomó la palabra Julio Renzacci, a quien la bomba le seccionó la arteria femoral. Un civil le hizo un torniquete y lo metió en un taxi rumbo al Hospital Rawson. “De no haber sido por él –al que nunca pude ver para reconocerlo–, en pocos minutos me hubiese desangrado”, relató. Además, marcó que Firmenich aún elude presentarse ante la Justicia: “Tanta soberbia y prepotencia hace 50 años y tanto miedo hoy de una simple declaración en un escritorio”.

En la misma línea, Gabriel Cepeda, hijo de Josefina Melucci de Cepeda, la única civil que falleció en el atentado, sostuvo que “quien no comparece para defender sus actos, pone en evidencia su eterna condición de cobarde”. Y reclamó que “el tiempo de la Justicia no se tome con el mismo reloj con el que se tomó el tiempo de la injusticia en los últimos 50 años”. En el escenario lo acompañaron sus hermanas Alejandra y Carolina.

Al homenaje también se acercaron Liliana Bertuzzi y Lucía Guelfi. En 1976 trabajaban con Melucci como empleadas administrativas en YPF y la recuerdan como una mujer alegre, luchadora y “amiguera”. Aquel mediodía había ido a la Superintendencia a retirar una cédula de identidad –un favor para una vecina– y, de paso, a almorzar allí con una amiga.

En el acto también estuvo Alba Shand. Su hermano Carlos, fallecido en el atentado, tenía 28 años, era cabo, bombero y estudiaba Derecho. Shand, quien toda su vida ejerció como docente, afirmó que debió “callar durante mucho tiempo” y que, muchas veces, no pudo “contar las dos partes de esos años terribles”. En diálogo con LA NACION, sostuvo que el gobierno libertario fue una especie de “puntapié” para visibilizar esta causa, al “reconocer a las Fuerzas Armadas” y “respetar a la PFA, que estuvo tan ninguneada durante tanto tiempo”.

El homenaje finalizó con la lectura de los nombres de las víctimas del atentado. Andrés Fernández Cendoya, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), tuvo a su cargo el cierre de la conmemoración.

Por Denise Chmois

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