A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner

A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.

Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.

La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.

La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.

El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere.

Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.

Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.

La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.

Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.

En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.

Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.

El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu —que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentencia— pidió a la Corte que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

En tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.

Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.

Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.

En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

Por Hernán Cappiello

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