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Aborto: La ley puede entrar en vigor la semana próxima
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LA NACIONCandela Ini
La promulgación de la legalización del aborto y su entrada en vigor ocurrirán, como máximo, hacia finales de la próxima semana, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. "Va a ser muy pronto", dijeron. El proyecto de despenalización sancionado en el Senado la semana pasada ya fue remitido por el Congreso al Poder Ejecutivo, y ahora resta que el Presidente firme un decreto para promulgar la ley, con el veto parcial en dos artículos.
Fortalecer los protocolos existentes, las guías que faciliten el trabajo en cada una de las provincias, y coordinar la provisión de insumos y medicamentos. Esos son los principales desafíos para que una vez promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entren en vigor de manera instantánea la normativa y su aplicación a lo largo y ancho de todo el país.
El Poder Ejecutivo se comprometió a eliminar la palabra "integral" cuando promulgue la ley en el Boletín Oficial, haciendo uso de su facultad de vetar parcialmente una norma sancionada por el Congreso, como parte de la negociación para obtener el aval al proyecto en la votación.
El plazo máximo para el Poder Ejecutivo es de 10 días hábiles, y el trabajo de reglamentación está delegado en las carteras conducidas por Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Igualdad, Géneros y Diversidad), Ginés González García (Salud), quienes trabajan con Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica), la pluma jurídica del proyecto. Ibarra se reunió con el Presidente horas después de la votación en el Senado, dijeron fuentes de la Casa Rosada a este medio. Y el Ministerio de Salud ya realizó una compra para proveer a las provincias con misoprostol y cumplir con la ley. El diálogo con las provincias para coordinar la aplicación de la ley es permanente.
La aplicación en las provincias
Las provincias en las que existen redes de profesionales del sistema de salud público que atienden las ILE (interrupciones legales del embarazo), que cuentan con provisión de misoprostol y que tienen protocolos para las ILE compatibles o de acuerdo al protocolo de la Nación van a tener mayor facilidad para la implementación de la ley, según indicaron en el ministerio conducido por Gómez Alcorta.
Son cinco las provincias que, a pesar del requerimiento de la Corte Suprema en 2012 a través del fallo FAL, todavía no tienen protocolo ILE, para realizar un aborto cuando hay un peligro para la salud y/o la vida de la persona gestante, o cuando el embarazo es resultado de una violación. Se trata de Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Tucumán y San Juan.
El gobierno de Córdoba espera primero la promulgación y después la reglamentación para definir los detalles de la aplicación a nivel local. El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de esa provincia, Juan Grass, dijo que, de no haber un impedimento legal -por la judicialización con la que amenazan referentes celestes- la norma se cumplirá sin mayores inconvenientes.
Sobre de la posibilidad de objeción de conciencia de los médicos, planteó que las mujeres deberán ser derivadas a otra institución, pero indicó que hay que esperar la reglamentación para que haya más claridad sobre el procedimiento.
La ley IVE no establece una objeción de conciencia institucional, pero sí contempla la posibilidad de que los médicos que tengan atención directa puedan ser objetores de conciencia. Y el artículo 11 refiere que, en el supuesto de que una institución o establecimiento privado u obra social tenga a todos sus médicos como objetores de conciencia, deberá asegurarse alguna derivación a algún efector que no sea objetor de conciencia.
Diferente es la situación en Mendoza, que ya comienza a prepararse para poner en marcha la IVE. Según pudo saber la nacion, se coordinarán tareas con el personal profesional dispuesto a efectuar la práctica, teniendo en cuenta la objeción de conciencia, al tiempo que no se hará un acondicionamiento específico de las instalaciones, ya que las prácticas se realizarán en atención primaria, prácticamente con la estructura existente, tanto en centros sanitarios públicos como privados.
Con informes de los colaboradores
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