Absolvieron a exdirectivos del Instituto del Cine y Artes Audiovisuales de la gestión kirchnerista
Se trata de Liliana Mazure y Jorge Álvarez; fueron acusados de fraude hace 17 años por el juez Bonadio, pero no se probaron irregularidades
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Tras cuatro meses de juicio oral y 17 años de investigación, los exdirectivos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Liliana Amalia Mazure y Jorge Armando Álvarez fueron absueltos por la Justicia en una causa en la que estaban acusados de un fraude con subsidios cinematográficos.
El fallo fue de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, alcanzó también a Fernando Rubén Sokolowicz, Pablo Luis Rovito y Alejandro Juan Tossenberger.

El juicio, iniciado el 3 de junio pasado, terminó con la absolución de las cinco personas que llegaron al banquillo, sin imposición de costas.
Tossenberger fue absuelto porque además el fiscal no lo acusó. El tribunal también resolvió absolver a Mazure, Álvarez Sokolowicz y Rovito. Liliana Mazure y Jorge Álvarez estuvieron a cargo del INCAA durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La causa estuvo a cargo de la fiscalía de Diego Luciani, pero quien llevó adelante el juicio fue el fiscal José Ipohorski Lenkiewicz, quien finalmente acusó por un solo hecho de los 140 que inicialmente eran objeto de la acusación.
La investigación de la causa se inició en 2007. El fallecido juez Claudio Bonadio, los procesó junto con Jorge Coscia, quien presidió el INCAA entre 2002 y 2005, pero falleció antes del juicio. Jorge Álvarez asumió la presidencia del organismo en diciembre de 2005, reemplazando a Coscia. Permaneció hasta 2008, cuando fue reemplazado por Mazure.
Se los acusó de irregularidades en la suscripción de convenios con diversas productoras e inconsistencias en las rendiciones de gastos de los subsidios entregados.
Sin embargo, la causa se desinfló como un globo, graficó una fuente que siguió el derrotero de la causa. El juez federal Claudio Bonadio instruyó el expediente, en el que se secuestraron 150 expedientes de otras tantas películas.
La acusación avanzó y se transformó en una megacausa en la que se cuestionaba el monto de las ayudas económicas dadas a las productoras, el uso que hicieron del dinero, la manera en la que lo rindieron. Y se analizaron las facultades que tenía el director del INCAA, según el artículo 3 incido J de la ley 17.441, para acordar con productoras, con una participación de hasta el 70 por ciento del presupuesto,
Así llegó el caso a juicio en julio pasado, pero cuando empezó el proceso y empezaron a analizarse los expedientes y transcurrir las declaraciones, todo se fue desinflando.
De las 140 películas en cuestión, solo quedó en pie a acusación por un solo proyecto, “La Historia de América Latina”, donde se harían entregado menos capítulos de los pactados. Sin embargo, había un contrato que establecía que los mecanismos eran los establecidos, por lo que tampoco aquí se encontró delito.
Los jueces darán a conocer los fundamentos del fallo el 11 de noviembre próximo, pero fuentes judiciales explicaron que se llegó a esta sentencia por falta de pruebas que acrediten la elevación a juicio y mucho menos la acusación fiscal, que quedó reducida a un solo hecho.
El caso se presentaba como una supuesta connivencia entre los funcionarios y las productoras, pero nada de estos se probó en el proceso. No se acreditó la imputación, dijo una fuente de los tribunales.
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