Acuerdo Macri-Gobierno para cubrir juzgados clave

El kirchnerismo, en un sorpresivo acuerdo con la cúpula de Pro, logró aprobar ayer en el Consejo de la Magistratura una nómina de candidatos para cubrir las vacantes judiciales más sensibles para el poder político: las cuatro de primera instancia del fuero federal porteño.

No fue un concurso más. Se abrió para ocupar un tercio de los juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las principales causas de corrupción, y hubo serias denuncias de que se cometieron irregularidades durante su trámite. A tal punto que dos candidatos apoyados por el Gobierno fueron acusados de haber contado con los exámenes de antemano y enfrentaron una causa penal, que finalmente cerró la jueza María Servini de Cubría, de ese fuero.

El concurso se destrabó ayer. El kirchnerismo necesitaba dos tercios de los votos en el Consejo y lo logró con el respaldo decisivo e inesperado de Alejandro Fargosi, un abogado que responde a Mauricio Macri. El jefe porteño celebró el acuerdo: uno de los juzgados que se cubrirán es el que tiene la causa donde el jefe de gobierno porteño fue procesado por escuchas telefónicas ilegales. Hasta que se cubra la vacante, la Cámara Federal dispuso que siguiera al frente del tribunal Norberto Oyarbide.

La nómina de candidatos a jueces aprobada ayer está formada por seis hombres de carrera judicial: Marcelo Martínez de Giorgi, Juan Pablo Salas, Marcelo Goldberg, Luis Rodríguez, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello. De ellos, la Presidenta debe elegir ahora a los cuatro que se convertirán en los nuevos magistrados que investigarán al poder.

Los kirchneristas tenían un enorme interés en que este concurso se resolviera. Pero enfrentaban un problema: necesitaban dos tercios de los votos del Consejo y llevaban meses peleando, sin éxito, para reunirlos. Por las sospechas de trampas, el radicalismo promovía una nueva anulación del concurso (hace tres años se anuló a instancias del kirchnerismo), pero para eso también la ley exige una mayoría calificada.

Ayer, el Gobierno se impuso de la forma más sorprendente: con los votos de dos jueces, uno de ellos el cordobés Alejandro Sánchez Freytes (elegido por la lista más crítica al oficialismo y hoy investigado en el Consejo por su intervención en casos de derechos humanos) y el de Fargosi, que cuando asumió había dicho que trabajaría para "terminar con la mayoría automática del Gobierno en el Consejo".

El voto de Fargosi fue fruto de un acuerdo cerrado ayer entre Hernán Ordiales, el consejero representante del Poder Ejecutivo, por un lado, y Fargosi y el diputado Federico Pinedo, por el otro. "Lo elaboramos con Mauricio [Macri] y estamos muy contentos", dijo Pinedo a La Nacion.

Pro apoyó la lista con la condición de que eliminaran "por lo menos a uno" de los concursantes sospechados. El Gobierno accedió: borró a quien estaba segundo, el abogado Carlos Ferrari, asesor en la Auditoría General de la Nación (AGN) de Javier Fernández, un hombre muy influyente del kirchnerismo en la Justicia. Ferrari contaba también con el apoyo del camarista Martín Irurzun, cercano al radicalismo. Su examen generó sospechas porque transcribió párrafos enteros de sentencias de la Corte y citó 43 fallos, 11 de la Corte estadounidense.

El macrismo sí accedió a que entrara en la terna otro sospechado: el juez de instrucción Rodríguez. Días antes del examen, su juzgado pidió copias de un fallo real que resultó ser similar al de la prueba, que él no podía conocer. No eran idénticos, pero ambos eran sobre un robo de monedas en el Banco Nación. El juez que había recibido el pedido del caso lo comunicó al Consejo. La Nacion dio cuenta entonces de las sospechas sobre el concurso. El Consejo abrió una investigación y la Justicia, la causa, que recayó en Servini. Ambas se cerraron.

Rodríguez también es hombre de Javier Fernández. Pinedo no lo defendió, pero justificó a Fargosi: "Si el resultado es tres buenos y uno malo, estamos conformes. Como dijo Mauricio, le hemos hecho un gran favor a la Argentina".

La reunión de ayer en el Consejo fue muy tensa. Todos eran conscientes de la trascendencia de lo que estaba en juego y no se sabía cómo iba a terminar el día. Ordiales puso fin al misterio cuando pidió reconsiderar el dictamen de comisión para borrar a Ferrari de la lista.

La UCR reclamó que fundamentaran el cambio. Nadie lo hacía hasta que el kirchnerista Marcelo Fuentes, sincero, dijo: "En función de una decisión política nos adecuamos a una persona que no quiere votar a ese candidato". Fargosi, esa persona, miraba callado. Oscar Aguad protestó: "El sistema exige que el orden de mérito tenga fundamentos. No hay acuerdo político válido acá". El radical Mario Cimadevilla, el juez Ricardo Recondo y el abogado Daniel Ostropolsky eran los únicos que asentían. Ya estaba claro que el resultado sería 9 contra 4.

Ordiales decidió entonces, para acelerar los trámites, ir a buscar a Ferrari. En el pasillo contiguo le explicó que iba a tener que renunciar. Ferrari lo miraba desahuciado. "Rápido, rápido", le dijo Ordiales al empleado del Consejo que partió con Ferrari para tomarle la renuncia "por cuestiones personales".

Cimadevilla hizo entonces una larga exposición sobre la escandalosa historia del concurso y pidió su anulación. "Fue tramposo, cuestionado, arbitrario y la frutilla del postre es esta renuncia de Ferrari. No podemos aprobarlo. Quedan serias sospechas sobre la credibilidad de estos jueces", dijo. Carlos Moreno le respondió: "No estamos en condiciones de volver a empezar. Votemos". Con nueve votos asegurados, la discusión estaba terminada.