Acuerdo para extender el juicio por jurados a todo el país

El veredicto resultó unánime: doce ciudadanos investidos de jurados declararon "no culpable" a Daniel Oyarzún, el carnicero acusado de matar a Brian González, el hombre que lo había asaltado en su local de Zárate en septiembre de 2016. La noticia generó revuelo y una controversia que aún no termina, al tiempo que aceleró el debate en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de instaurar la institución del juicio por jurados a nivel nacional.

La discusión, que arrancó hace un año, alumbró en los últimos días un primer borrador de acuerdo entre los distintos bloques. La semana pasada, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia recibió a expertos en la temática, todos ellos favorables a que este régimen, que hoy funciona en cuatro provincias y se aprobó en otras tres, se instaure finalmente a nivel nacional, un mandato que data de la Constitución Nacional de 1853.

El borrador contiene los aportes de los once proyectos de ley que presentaron distintos diputados del oficialismo y de la oposición. La mayoría propone el sistema clásico, esto es, que el jurado esté compuesto íntegramente por ciudadanos. El número varía según el proyecto, pero en casi todos ellos se sugiere que sean doce, los cuales deben surgir de un sorteo realizado por la Cámara Nacional Electoral sobre la base del padrón electoral.

"Con esta ley avanzaremos hacia una democratización verdadera de la Justicia, además de cumplir con un viejo mandato constitucional", enfatizó la diputada Gabriela Burgos (Cambiemos), presidenta de la Comisión de Legislación Penal. La legisladora aseguró que el Gobierno, y particularmente el ministro de Justicia Germán Garavano, está de acuerdo con el debate de la ley. "Forma parte de su proyecto de Justicia 2020", indicó.

Más allá de los lineamientos comunes esbozados en el borrador, hay algunos puntos claves que todavía deben discutirse. Por ejemplo, cuáles son los delitos que deberían ser juzgados por este sistema. Burgos propone que solo aquellos delitos que tengan una pena mínima en abstracto de ocho (8) o más años de pena privativa de libertad, aún en grado de tentativa. La diputada Elisa Carrió, por su parte, insiste en incluir los delitos contra la administración pública, es decir, los delitos de corrupción.

¿Quiénes podrán ser jurados? Según el borrador, todos los argentinos o ciudadanos naturalizados (con más de cinco años de residencia) entre 18 y 70 años. No podrán serlo los funcionarios públicos de ninguno de los tres poderes del Estado, tampoco los miembros de las Fuerzas Armadas ni integrantes de la Iglesia. Dentro de las incompatibilidades también figuran los abogados, escribanos y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas.

Del sorteo se elaborará un padrón de jurados, a razón de mil por cada circunscripción electoral. Luego se realizará un nuevo sorteo para conformar la lista de jurados para cada juicio; de allí surgirán los 12 titulares y dos suplentes que deberán dirimir el caso que les sea asignado.

Una vez integrado el tribunal, el debate será dirigido por el juez penal asignado, que informará a los jurados sobre la naturaleza de la función, los deberes y responsabilidades del cargo. Los jurados no podrán emitir criterios sobre la causa con nadie ni tomar contacto con las partes.

Luego, o inmediatamente después del juramento de ley, el juez impartirá al jurado las instrucciones iniciales, describiéndoles cómo se desarrolla un juicio, qué es prueba y qué no lo es, por cuáles delitos se juzga al acusado y los principios constitucionales que deberán observar. Acto seguido, el fiscal y la defensa presentarán sus alegatos y sus respectivas pruebas. El jurado después deberá decidir si el acusado es culpable o no culpable: algunos proyectos proponen que el veredicto solo será válido si es por unanimidad. Otros diputados proponen, en cambio, que sea por mayoría simple. La sentencia, en tanto, la fijará el juez.

Hasta aquí, la propuesta. ¿Cómo funciona en los hechos el juicio por jurados en las provincias donde se instrumenta? Nicolás Schiavo, juez del Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín, expuso un estudio estadístico sobre juicio por jurados en las provincias de Buenos Aires y Neuquén, que arrojaron "resultados similares a lo que es la media norteamericana". De más de 280 juicios, en Buenos Aires se llegó a un 71% de condenas. En cambio, en Neuquén hay un 76% de condenas. "Los estancamientos han sido mínimos y no ha habido dificultades para acceder a los veredictos", enfatizó Schiavo.

Por su parte, Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, elogió el proyecto unificado y dijo que "sería excelente que se apruebe, ya que está en línea con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sería una ley modelo para toda la región".

El testimonio que más impactó a los diputados fue el de Olivia Crison, una profesora de Educación Física que contó su experiencia personal como jurado hace dos años en Neuquén. "Fue una experiencia que demostró que cualquiera puede ser jurado. Entendimos las pruebas y solo hace falta sentido común -recalcó-. Sin duda esta experiencia cambió totalmente mi percepción sobre la Justicia".

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Por Laura Serra

• Cámara de Diputados

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