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Acusado de contrabando, detienen a Victorio Gualtieri
La justicia federal de La Pampa había pedido su captura en abril último
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SANTA ROSA.- Tras ser apresado ayer en el aeroparque metropolitano cuando pretendía abordar un avión rumbo a Montevideo, el empresario Victorio Américo Gualtieri será trasladado hoy a La Pampa para declarar ante el juez federal Pedro Zabala, que lo acusa de contrabando de explosivos.
Sobre Gualtieri pesaba una orden de captura desde que Zabala agotó las diligencias para que se presentara por sus propios medios. La causa comenzó hace tres años, cuando un paisano halló un contenedor lleno de explosivos y detonadores que los constructores del gran acueducto del río Colorado habían abandonado en un paraje desolado.
Gualtieri nunca terminó el acueducto y en diciembre de 2000 el gobierno pampeano le rescindió el contrato, que fue licitado nuevamente y adjudicado a SADE Techint.
La detención del empresario empezó a gestarse hace unos tres años, cuando un vecino de Cuchillo Có encontró abandonado en medio del campo "material peligroso para la comunidad", según la denuncia radicada en General Acha ante el juez provincial Manuel Alvarez.
Un peritaje policial determinó que en el contenedor había "material explosivo, gelinita y cartuchos, de origen importado" y Alvarez se declaró incompetente, por lo que el expediente recayó en el juzgado federal de Santa Rosa.
El titular de ese juzgado, Pedro Zabala, le aseguró ayer a LA NACION que "la investigación continuó. Necesitaba hablar con el señor Victorio Gualtieri. Lo busqué por todos lados, publiqué los edictos, pero jamás se presentó ni acreditó permisos o registros del material". Por eso, el 12 de abril último firmó el pedido de captura.
"Hoy (por ayer), cuando se aprestaba a salir del país, lo detuvo la Policía Aeronáutica y ahora estamos tramitando la extradición con el juez federal Jorge Ballestero", contó el magistrado.
No será sino hasta después de escucharlo que Zabala resolverá la imputación definitiva del delito de contrabando contra Gualtieri. "Mientras tanto buscaremos si al señor Gualtieri lo necesitan en otros tribunales del país. Por ahora el único pedido de captura parece provenir de mi juzgado", añadió Zabala.
El juez recordó que "los explosivos y detonadores estaban guardados en forma indebida, abandonados a la intemperie sin señalización y en un sitio solitario". Y reveló que, para mayor seguridad, fueron detonados tiempo después por el Ejército.
Tras su detención fue trasladado a los tribunales de Retiro para cumplir con la audiencia de reconocimiento ante el juez Ballestero y se resolvió su inmediato traslado a La Pampa. Según pudo saberse, Ballestero rechazó un pedido del defensor de Gualtieri, Jorge Sandro, que propuso que el empresario viajara por sus propios medios.
Mucho equipaje
Un dato curioso de la detención es que Ballestero ordenó labrar un acta especial para consignar la gran cantidad de equipaje que Gualtieri transportaba hacia Uruguay.
Gualtieri llegó a La Pampa en 1998, cuando el gobernador Rubén Marín (PJ) le confió la construcción del mencionado acueducto, una obra faraónica que el entonces presidente Carlos Menem decretó financiar desde la Nación, en 10 cuotas anuales de 18 millones de pesos de los días de la convertibilidad.
El presupuesto oficial de la obra fue de 183 millones de pesos y Gualtieri ganó la licitación por varios cuerpos: ofertó 137 millones de dólares, 46 millones menos que la cotización calculada por el equipo técnico de la gobernación pampeana.
La estrategia para reducir el costo fue instalar en General Pico una fábrica de los caños para el acueducto, que se llamó Prodinco. En junio de 1998, se firmó el contrato entre Gualtieri SA y La Pampa y la ejecución de la obra comenzó de inmediato. Pero el vértigo de la construcción prosperó sólo seis meses.
En 1999 comenzaron las huelgas de trabajadores de la red troncal y los problemas en Prodinco. La imagen de Gualtieri se deterioraba también en La Pampa: un incendio de un depósito de materiales en el que murieron dos bomberos; una denuncia por contrabando de camionetas importadas, y decenas de demandas laborales contribuyeron rápidamente a su desprestigio. Poco después, el Banco Central le congeló las cuentas por las deudas.
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