Admiten un amparo para acceder a los contratos del Gobierno con la productora de Diego Gvirtz

La jueza María José Sarmiento hizo lugar a un amparo presentado para conocer los contratos del Gobierno con la productora Pensado Para Televisión (PPT) de Diego Gvirtz, que realiza los programas kirchnerista 6,7,8, entre otros.

La magistrada a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a la acción iniciada por la periodista Mariel Fitz Patrick con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

El Gobierno ya apeló la decisión de la jueza, por lo que el fallo no está firme y deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

Pedido y rechazo

La periodista le había solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de un pedido de información pública, copia de los contratos celebrados entre Radio y Televisión Argentina S.E. y la productora "Pensado Para Televisión" correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.

El 17 de enero de 2013, la Jefatura de Gabinete le informó que para poder acceder a esa información debía demostrar un "interés legítimo". Esta exigencia contradice los estándares latinoamericanos, que establecen que cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a acceder a información pública.

La jueza Sarmiento adhirió a los argumentos ofrecidos por el fiscal Fabián Canda, quien consideró que al tratarse de un pedido de acceso a la información es de aplicación el reglamento contenido en el decreto 1172/03, firmado por Néstor Kirchner.

Ese decreto expresamente establece que no es necesario "acreditar derecho subjetivo o interés legítimo".

Antecedente

Asimismo, el dictamen refiere a dictamen de la Corte Suprema de Justicia en el caso del PAMI en diciembre de 2012, que se inició por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), que le pidió al organismo previsional que le informara sobre su presupuesto de publicidad de 2009 y cómo la distribuyó en mayo y junio de ese año.

Finalmente, Canda sostuvo que la información solicitada no cae dentro de ninguna de las excepciones del decreto 1172/03 y -por ello- debe ser entregada a la solicitante.

"Celebramos el fallo, ya que rechaza abiertamente una excusa que el Estado utiliza de manera creciente para negar información pública", señaló José Miguel Onaindia, Presidente de la ADC.