Alberto Fernández entra a la campaña envuelto en las banderas del populismo

El oficialismo completó su programa electoral: Alberto Fernández ingresa a la campaña envuelto en las dos principales banderas del populismo. El ataque a la independencia de la Justicia y de la prensa, y el sacrificio de la inversión en el altar del consumo.

La primera opción se puso de manifiesto con la designación de Martín Soria en el Ministerio de Justicia. La segunda, con la decisión, cada vez más clara, de ir a un conflicto, y no a un acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional. Ayer, el Presidente demostró que la alternativa de un entendimiento previo a octubre se reduce casi a cero. Sería una simplificación interpretar que estas definiciones fueron impuestas por Cristina Kirchner. La vicepresidenta no alivia a su pupilo impartiéndole órdenes expresas. Entre otros motivos, porque no quiere absorber los costos eventuales de un fracaso. Fernández debe desentrañar, por oficio mudo, lo que ella está esperando. Como la señora de Kirchner dio a entender en su declaración del 26 de octubre pasado, él no es un títere. Se hace el títere.

La misión de Soria es proveer de una retórica agresiva a un proselitismo que arrastra un problema delicado: el kirchnerismo debe pedir el voto con el lastre penal de la corrupción. Para administrar esa dificultad hacía falta un vocero desprovisto de formalidades. Un “Aníbal” que interprete la letra que suministró la vicepresidenta en su alegato ante la Cámara de Casación. Marcela Losardo renunció después de escuchar esa proclama. Soria se ganó el cargo con el mismo método con que Fernández ganó la candidatura presidencial: atestiguando sobre la inocencia de Cristina Kirchner y acusando a jueces y periodistas.

Soria ya puso manos a la obra. Alegó que su jefa “no tuvo nada que ver”, con lo que sugirió que “algo hubo”. No le pidan sutilezas. También se quejó de que el procurador Eduardo Casal “está atornillado al puesto”. Sí, es lo deseable. Los fiscales están atornillados por la ley, para garantizar su independencia como investigadores. Coherente con ese desprecio por la autonomía del Ministerio Público, el nuevo ministro hizo propio el proyecto kirchnerista para designar a los procuradores con mayoría absoluta y no con dos tercios de los votos del Senado.

La adhesión de Soria a esa modificación indica que Fernández no solo se desprendió de Losardo. También entregó a Daniel Rafecas, su candidato a la Procuración. Rafecas aclaró muchas veces que él no aceptaría el cargo si no se lo designa con la mayoría de dos tercios. El kirchnerismo oscila entre Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, o un senador, como le gustaría a la vicepresidenta. Oscar Parrilli sueña despierto.

La demora en designar a Soria no obedeció a que se estaban evaluando alternativas. El Presidente enfrentaba la dificultad de que la vicepresidenta no recomendaba a nadie. “Cuando ella no le habla, él pierde la señal”, explica un colaborador con despacho en la Casa Rosada. El tiempo dirá qué monto de aceptación consigue Soria en el Instituto Patria. Él es lo que se esperaba. Un no-ministro. Le está prohibido designar a sus subordinados. Es un gran inconveniente. En la intendencia de General Roca acostumbraba realizar una colecta para que sus colaboradores le donaran parte de su sueldo. Lo llamaban “reperfilamiento salarial”. Una tregua en la lucha por la justicia social del peronismo. O una “Miserabilidad inconmensurable”, por citar a Julio De Vido, alias “Don Hipólito”. En el Consejo de la Magistratura rigen criterios similares. Su presidente, Diego Molea, elimina el suplemento por desarraigo de los empleados y mantiene el de los funcionarios políticos. El sindicato de Julio Piumato y Stefanía Stupaczuk guarda silencio.

A propósito de escándalos salariales: ¿es verdad que Rosario Lufrano volvió a la TV Pública después de haber cobrado un caudalosísimo retiro voluntario durante la gestión del macrista Horacio Levin? ¿Es verdad que el abogado que lo negoció fue Alberto Fernández? Una minucia: Levin donaba su salario.

Mejor hablar de Soria: él tampoco maneja la relación con el Consejo, indispensable para un verdadero ministro de Justicia. Esa es una atribución de los “salamineros”: el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su hermano Gerónimo Ustarroz, ambos oriundos de Mercedes. En el Consejo se realizó la que hasta ahora ha sido la única reforma judicial exitosa. Ustarroz consiguió que el juez Ricardo Recondo, arrastrando a su colega Juan Manuel Culotta, diera sus voto para designar en la estratégica Cámara Federal Penal porteña al exabogado de Cristina Kirchner Roberto Boico, y a Eduardo Farah, tentáculo de Javier Fernández, el gerente judicial de Antonio Stiuso; también al juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que determina la calidad de las elecciones bonaerenses. El pacto de Recondo con el oficialismo arrastró al resto de los representantes de Juntos por el Cambio. El 12 de febrero Losardo firmó el decreto 101/2021, con el que renovó la designación de la jueza Silvia Mora en el Tribunal Oral Criminal 10. Es la esposa de Recondo, cuyo pliego aprobaron los senadores kirchneristas.

Como en el país, en el Ministerio de Justicia el segundo manda más que el primero. El ministro real es Juan Martín Mena, quien, como De Pedro, accede a la señora de Kirchner. Mena controla túneles del submundo del espionaje a través de su amigo Fernando Pocino. Los dos están enemistados con Cristina Caamaño, la titular de la AFI. Debería cuidarse Soria de interferir en ese campo, por el que siente una atracción heredada de su padre.

Para entender los movimientos judiciales del oficialismo no hay que mirar solo al gabinete. Una parte de la estrategia está tercerizada en Cristóbal López y Fabián de Sousa. Ellos también se declaran víctimas de un minilawfare.

De Sousa tiene como abogado a Carlos Beraldi, el penalista de Cristina Kirchner. Esa proximidad alimenta la leyenda según la cual todos los honorarios de Beraldi son pagados con recursos del negocio de las apuestas. López y De Sousa son los más interesados en demostrar que Mauricio Macri había montado una “mesa judicial” para perseguir a opositores. A través de cruces telefónicos pretenden demostrar lo que se sabe desde hace años: la amistad entre el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, con uno de los gestores judiciales de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Es una teoría curiosa, porque Rosenkrantz y Rodríguez Simón fueron víctimas de las persecuciones de la AFI de Gustavo Arribas, que tuvo más presencia judicial que cualquier “mesa”. Igual que Horacio Rosatti, cuya designación fue el único error que Macri cometió en la Justicia, según Pablo Avelluto. Esa agencia estaba bajo la influencia del binguero Daniel Angelici, colega de López y enemigo acérrimo de Rodríguez Simón.

A través de estos montajes, el kirchnerismo fantasea con avanzar sobre la Corte y también sobre los medios de comunicación, enchastrando a periodistas y editores. El lawfare no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas.

La convergencia con el negocio del juego tiene compensaciones en el terreno tributario.

En contra de una tendencia universal, el Gobierno decidió reducir el impuesto a las ganancias para algunas personas y subirlo para algunas empresas. Es decir: estimular el consumo y desalentar la inversión y la creación de puestos de trabajo en un país que, durante la pandemia, destruyó dos millones de empleos.

Sin embargo, en el caso del negocio del juego, el impuesto se reduce. El inciso b del artículo 73 de la ley establece en sus dos últimos párrafos que el juego pagará una alícuota especial de 41,50%.

La reforma enviada por Economía establece en su artículo 4º: “Sustitúyese el inciso b) del artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias (…) por el siguiente: ‘b) Los establecimientos permanentes definidos en el artículo 22 quedan sujetos a la escala del inciso a) precedente. Dichos establecimientos deberán ingresar la tasa adicional del 7% al momento de remesar las utilidades a su casa matriz’”.

Los párrafos que fijan la alícuota de 41,50%, que representa una sobretasa de 11,50% sobre la de las demás empresas, desaparecieron. La nueva ley no dice que se sustituye una parte, sino todo el inciso.

Sin embargo, tanto desde el Poder Ejecutivo, cuyo titular tiene vínculos estrechísimos con empresarios del juego, como desde la oficina de Sergio Massa, que también tiene allegados en el sector, se sigue negando que haya un beneficio extraordinario, en plena campaña electoral, para empresas que suelen ser muy generosas con los candidatos.

Esa negación coincide con la hiperactividad de lobistas que pedían ayer a varios legisladores no agitar el tema. Como se sabe, en materia de apuestas no hay grieta.

El aumento del impuesto a las ganancias para las demás ramas de la economía motivó el reclamo de la Asociación Empresaria Argentina. Su titular, Jaime Campos, dirigió ayer una nota a los presidentes de todos los bloques del Congreso para hacerles notar que el proyecto del Gobierno asfixia a las compañías, desalentando la inversión y la producción.

Fernández va en la dirección opuesta. Se está demostrando en el campo de la energía, en el que existe una prohibición de aumentar las tarifas más allá del 7%. La consecuencia es la persistencia de una masa de subsidios incompatible con la reducción del déficit que pretende Martín Guzmán.

La posibilidad de un acuerdo con el Fondo es cada día más remota. El Presidente lo confirmó ayer al volver a denunciar que los desembolsos pactados con ese organismo a partir de 2018 desaparecieron. Ya no se trata de un reproche a Macri. La condena al Fondo Monetario Internacional se ha convertido en un grito de guerra en la campaña.

Más allá de que la conveniencia de ese acuerdo con el Fondo, de 2018, es discutida aun dentro de Cambiemos, está fuera de dudas que los recursos fueron destinados a pagar deuda. En especial, deudas contraídas por el kirchnerismo.

La demonización del endeudamiento es un capítulo canónico de la mitología de Cristina Kirchner y su grupo. Pero en las últimas horas comenzó a perder verosimilitud. Por ejemplo: ayer Alfonso Prat-Gay publicó un informe en el que consignó que durante la gestión de Mauricio Macri la deuda bruta de la administración se incrementó en 55.000 millones de dólares. Un número apenas superior a la mitad del que suele consignar Guzmán en sus presentaciones públicas: 100.000 millones de dólares.

Prat-Gay sostiene además que del stock de deuda actual solo 16% corresponde a la administración de Macri.

El conflicto por la deuda, igual que la polémica por las relaciones con el Fondo, es un homenaje que Fernández realiza a su jefa sin que ella se lo pida.

El 15 de noviembre pasado, los senadores que responden a la vicepresidenta enviaron una carta a la comitiva del organismo que visitaba Buenos Aires para que aceptara renovar el préstamo casi sin condicionalidades. Hace un mes insistieron. Ayer el Presidente se sumó al coro. Con ese dudoso espaldarazo de su jefe, Guzmán anoche viajó a los Estados Unidos.

Por Carlos Pagni

• Nota de Opinion

---

Conforme a