Manuel Adorni presentó su declaración jurada e incluyó la supuesta operación con bitcoins: su patrimonio creció $627,2 millones
Ingresó hoy a la Oficina Anticorrupción la documentación del jefe de Gabinete; los detalles sobre propiedades, gastos y deudas
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LA NACION
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó hoy su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) con decenas de novedades y modificaciones contables que elevaron su patrimonio neto total a más de $627,2 millones. Lo hizo después de haber admitido anoche en una entrevista televisiva con LN+ que omitió declarar ahorros no registrados en sus presentaciones anteriores.
En su nueva declaración jurada, Adorni registró que al inicio de 2025 poseía dólares en efectivo por un valor equivalente a $400.241.404, que el propio funcionario vinculó con una tenencia en bitcoin mencionada durante esa entrevista. Al cierre del año, informó que ese dinero por fuera del sistema formal se había reducido en casi $100 millones, hasta los $303.604.357,92.
En ese sentido, el jefe de Gabinete también presentó las declaraciones juradas “rectificativas” correspondientes a los años anteriores, también con múltiples modificaciones en momentos en que afronta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
La justificación central de todos cambios, según afirmó anoche durante la entrevista televisiva, sería que tenía ingresos US$500.000 que escondió durante años. Según su explicación, el dinero provendría de una inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública, pero que había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA.
Por fuera de ese medio millón de dólares, el resto de sus tenencias en cuentas formales aparece considerablemente menor. Declaró tener al cierre del período $25.500 en una caja de ahorro, casi $4 millones en una billetera virtual y apenas $274 en una cuenta corriente. En esa nómina, sólo sobresale una caja de ahorro en Estados Unidos por el equivalente a $8.994.452,58.
De la presentación también surge como novedad la revaluación y consolidación en la declaración de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Declara el 50% de la propiedad por $156,9 millones, lo que implica un incremento significativo respecto de su valuación inicial. Sin embargo, la presentación no detalla mejoras, ampliaciones o intervenciones que expliquen ese aumento. El otro 50% está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Se trata de la vivienda sobre la que el contratista Marcelo Tabar declaró en la Justicia haber cobrado US$245.000 por refacciones.
A ese activo se suma la incorporación de un nuevo departamento en la ciudad de Buenos Aires, adquirido el 24 de noviembre de 2025 —poco después de su asunción en la Jefatura de Gabinete— del que declara el 50% por $255,8 millones, financiado con “ingresos propios y crédito” sin que la declaración especifique entidad crediticia, plazo ni tasa de interés. La cartera inmobiliaria se completa con otros dos departamentos previamente declarados, que también registran incrementos en su valuación.
En paralelo, la declaración exhibe un fuerte aumento del endeudamiento: las deudas totales treparon de $92,4 millones a $317,3 millones. Entre ellas figuran compromisos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) −cuyo adeudo aumentó de $7,1 millones al inicio del período a $12,2 millones al cierre, un incremento del 71% sin explicación en la declaración− y nuevos pasivos hipotecarios, varios de ellos nominados en dólares, por montos que en conjunto superan los 235 millones de pesos.
Las deudas hipotecarias constan a nombre de personas físicas −Leandro Miano, Pablo Martín Feijoo, Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo− con una característica que requiere verificación: los montos responden a cifras pareadas: 46.312.500 pesos para Miano y otro tanto para Feijoo; y 71.250.000 pesos para Viegas y otro monto equivalente para Sbabo. Esta estructura de obligaciones idénticas entre acreedores diferentes resulta atípica en operatoria hipotecaria convencional y plantea interrogantes sobre la autenticidad de los contratos y el origen de los fondos.
Adicionalmente, un dato que requiere verificación: la declaración jurada consigna gastos por intereses de créditos hipotecarios por cero pesos, pese a la existencia de deudas hipotecarias vigentes por cientos de millones de pesos. Este tipo de obligaciones suele implicar el devengamiento de intereses, por lo que su ausencia en la presentación resulta atípica y plantea interrogantes sobre la naturaleza real de estos créditos.
La evolución patrimonial consignada ante la OA muestra, en tanto, que los bienes totales pasaron de $662,6 millones a $944,5 millones. Parte de ese incremento se explica por revaluaciones de activos ya existentes, pero también por ingresos declarados como no alcanzados por el impuesto a las Ganancias por $270,7 millones −de los cuales solo $73 millones constan específicamente como “herencia, legado o donación”, mientras que el resto no se desagrega en la presentación− y por la incorporación de esos $73 millones. Sin embargo, la declaración que presentó Adorni ante la OA no especifica documentación de origen para estos montos (actas de sucesión, actas notariales de donación, comprobantes de depósito, resoluciones administrativas).
Ese cuadro contrasta con los ingresos laborales declarados por el propio funcionario, que rondaron los $46,5 millones en todo el período. Ese monto resulta ampliamente inferior al volumen de ingresos no alcanzados declarados, lo que profundiza los interrogantes sobre su composición. Sin embargo, Adorni declara gastos personales totalizando $99,9 millones en los mismos dieciocho meses —cifra que duplica sus ingresos formales registrados— lo que plantea interrogantes sobre las fuentes de liquidez para sostener ese nivel de consumo. Eso abre interrogantes sobre la trazabilidad y consistencia de los fondos incorporados al patrimonio.
La presentación también revela omisiones adicionales: la declaración jurada registra que deja de figurar un depósito en garantía de aproximadamente $1 millón consignado al inicio del período, sin que en el documento conste su cancelación o devolución.
Asimismo, la declaración jurada plantea interrogantes sobre la integridad patrimonial de la unidad familiar. Múltiples inmuebles constan en titularidad conjunta con su cónyuge, Bettina Angeletti, pero la presentación pública no detalla el origen de los fondos correspondientes a la participación de la cónyuge en esas adquisiciones.
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