Alberto Fernández declaró ante el juez Casanello: entregó un escrito, contestó preguntas e intentó despegarse de la maniobra
El expresidente fue indagado en noviembre, pero no se resolvió su situación procesal; ahora un nuevo magistrado lleva el expediente y el exmandatario pidió ampliar su descargo
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Alberto Fernández se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py y declaró en indagatoria durante casi dos horas ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco del caso de los seguros, que investiga presuntas irregularidades en el reparto de los contratos en las dependencias públicas durante su mandato, uno de los dos frentes judiciales que aqueja al expresidente.
En un escrito de 11 páginas, y en respuesta a las preguntas que le formuló el fiscal Carlos Rívolo, el expresidente intentó despegarse de la maniobra, ratificó la legalidad de la resolución que lo involucra directamente, y pidió que se citarán a declarar a nuevos testigos, como la exsecretaria de legales, Vilma Ibarra, al entonces canciller, Santiago Cafiero, y al exministro de Economía Martín Guzmán, entre otros.
“Jamás coordiné ni direccioné una maniobra ilícita; jamás creí que el dictado del Decreto Nro. 823/2021 perjudicaría al Estado y jamás busqué beneficiar a las personas o empresas imputadas como brókers”, se defendió Fernández.
A la salida de la audiencia, su abogada en este caso, Mariana Barbitta, señaló que la imputación contra el expresidente es “genérica” y que el vinculo histórico con el broker Héctor Martinez Sosa -principal beneficiado de la trama- y su pareja, María Cantero, por entonces secretaria de Fernández, no “tiene ninguna relación” con las gestiones para beneficiar a empresas que “no conoce”.
Fernández había sido indagado en noviembre, pero su situación procesal, y la de otra treintena de imputados, nunca se definió. El juzgado federal donde tramita el caso cambió de manos en febrero, días después de terminada la extensa ronda de indagatorias.
Por pedido de Barbitta, la declaración del expresidente, que estaba prevista para las 10, comenzó dos horas más tarde, cerca del mediodía, y se extendió hasta las 14 horas.
Transcurrió en un clima ameno, dijeron fuentes tras el encuentro. Fue una ampliación a la realizada en noviembre, cuando entregó un escrito y no contestó preguntas del juez -Julián Ercolini, al que había recusado- ni del fiscal.
En el medio de ambas presentaciones, un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) determinó que Fernández le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019, un elemento que afianzó el vínculo entre ambos. En su declaración de hoy, Fernández también se refirió a prueba. “El informe no incorpora ninguna novedad en relación al Sr. Martínez Sosa”, afirmó.
“En esta época contrataban mis servicios, entre los que emitía informes de coyuntura nacional e internacional, brindaba asesoramiento y dictaba conferencias/cursos”, dijo en el escrito. “Ello jamás generó que durante mi mandato en la función pública interceda por él en sus negocios”, agregó el expresidente.
El exmandatario quedó bajo la lupa de la Justicia por haber firmado el decreto 823/2021 que obligaba a organismos del Estado a contratar sus seguros a través de Nación Seguros S.A, una subsidiaria del Banco Nación, que, a su vez, intermediaba la contratación de las pólizas a través de brokers, como Martínez Sosa, uno de los principales beneficiarios de la presunta maniobra y pareja de la entonces secretaria de Fernández María Cantero.
“Me era imposible conocer sí desde Nación Seguros S.A o desde un organismo estatal, se consideraba útil o conveniente la contratación del señor Martínez Sosa, o de cualquier otra empresa proveedora de un coaseguro que permita o busque la distribución de riesgos”, aseguró Fernández.
La nueva indagatoria estuvo precedida por una visita de Fernández a los tribunales, donde pidió realizar la ampliación, y un fallo de la Cámara Federal que, por mayoría, hizo caer la inhibición de bienes que pesaba sobre un total de 51 personas físicas y jurídicas, incluidos el expresidente, Martínez Sosa y Cantero.
Además, los camaristas que conformaron la mayoría, Martín Irurzun y Eduardo Farah, le pidieron al juez Casanello que “se emita con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados”. En disidencia votó Roberto Boico, que optó por confirmar tanto la inhibición de bienes como los embargos preventivos.
La medida que regía hasta ayer fue ordenada por el juez Casanello que, tras recorrer lo actuado y familiarizarse con el expediente, decidió restituir esa inhibición -había sido ordenada por el juez Ercolini y dada de baja por la Cámara- y abrir nuevas líneas de investigación.
Entre las medidas adicionales, resolvió hacer un peritaje controlado sobre el teléfono de Fernández que ya estaba en manos de la Justicia -pero en otro juzgado- desde agosto de 2024, cuando fue secuestrado en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, el otro frente que complica al expresidente, donde ya está procesado por lesiones leves y graves.
Casanello decidió volver a peritar la copia forense del aparato con un filtrado de palabras y parámetros vinculados con lo que se investiga en este expediente.
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