Aprueban un régimen de promoción de la industria del software
La iniciativa, que pasó al Senado, extiende los beneficios a distintas ramas del conocimiento
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que extiende hasta 2030 el régimen de promoción impositiva de la industria del software y lo amplía a otras ramas de la "economía del conocimiento", con el voto casi unánime del oficialismo y la oposición.
"Es una apuesta al futuro, a una Argentina que produzca talento y genere empleo de calidad", dijo en el cierre del debate Silvia Lospennato (Pro), antes de la votación. La iniciativa se aprobó con 182 votos a favor y dos en contra, pertenecientes al Frente de Izquierda (FIT).
Si el proyecto se convirtiera en ley, el régimen que se originó en 2004 se ampliaría a partir del 1° de enero de 2020 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2029. Además del software, alcanzaría a las industrias de la producción audiovisual, biotecnología, servicios geológicos, electrónica, nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital, inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada y virtual, entre otras actividades de la llamada "industria 4.0".
Las empresas beneficiadas no pagarían IVA, gozarían de estabilidad impositiva en todos los impuestos nacionales, de una reducción al 15% del impuesto a las ganancias y de parte de las contribuciones patronales. Podrían acceder al régimen las firmas que destinen al menos 3% de su facturación a investigación y desarrollo, que exporten bienes o servicios de la industria del conocimiento por al menos un 13% de la facturación total, o destinen un mínimo del 8% de su masa salarial a la capacitación de los empleados.
"Estamos ante un cambio de paradigma y la Argentina tiene que estar a la altura de esas circunstancias, que algunos califican como la cuarta revolución industrial. El principal objetivo de esta ley es la generación de trabajo y de divisas. Podemos pasar de los 935.000 empleos actuales a 1.400.000 empleos. Las exportaciones se pueden disparar de US$6000 millones a US$17.000 millones, y el superávit externo, de US$2700 millones a US$12.300 millones", detalló Facundo Garretón (Pro).
El debate mostró coincidencias entre los principales bloques, acerca de los objetivos de la ley, pero incluyó también duras críticas a la política oficial para la ciencia y el desarrollo industrial. "La asignatura pendiente es que esta ley sea parte de una política integral. Esta ley tiene sentido si, como lo dispuso Néstor Kirchner en 2004, hay inversión en ciencia y tecnología y formación de cuadros científicos", expresó Daniel Filmus.
Durante la discusión en particular, el kirchnerismo y otros bloques cuestionaron que se habilita a la autoridad de aplicación a ampliar los rubros alcanzados, lo que permitiría beneficiar a grandes grupos económicos. La nota disonante la aportó el FIT. "Esta ley está lejos de ser una ley para microempresas. Es una ley para los grandes monopolios", dijo Romina Del Pla.
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