Asociaciones feministas demandaron al Gobierno para que no desmantele las oficinas de lucha contra la violencia de género
Alegaron que corre peligro el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, tras el despido del 85% de los trabajadores de la Subsecretaría de Prevención de Violencias
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LA NACION
Un grupo de organizaciones feministas hicieron una presentación judicial contra el gobierno de Javier Milei ante el riesgo de que se incumplan leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género.
Las asociaciones presentaron una “acción declarativa de certeza contra el Poder Ejecutivo Nacional”, con fundamento en “la incertidumbre generada ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de Violencias y el despido del 85% de sus trabajadores”. Solicitan que el Gobierno informe “cómo se cumplirán las obligaciones legales asumidas local e internacionalmente para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres” y reclaman definiciones sobre “cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes, frente al despido del 85% de los trabajadores”, según el comunicado que difundieron este lunes.
Firmaron la demanda el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) la asociación civil de Ni Una Menos, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la fundación Mujeres por Mujeres (MxM). Demandaron al Poder Ejecutivo Nacional, representado por Javier Milei, y al Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mariano Cúneo Libarona.
La acción judicial quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 1, del juez Enrique Alonso Regueira.
Qué dice la demanda
La acción judicial presentada sostiene: “Atento a los anuncios oficiales de cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, sin actos administrativos publicados en el Boletín Oficial que los respalden, no existe certeza sobre los alcances de la relación jurídica que el PEN y el Ministerio de Justicia tienen con las niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional, víctimas y potenciales víctimas de violencias basadas en género, en estado de múltiple vulnerabilidad, en virtud de las obligaciones estatales en los términos de la Leyes Nacionales 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; la Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado; y la Ley 27.210 que crea el cuerpo de abogados y abogadas para personas en situación de violencia por motivos de género”.
Y continúa: “Siendo que la falta de rectoría en materia de género supone un perjuicio para el colectivo afectado y que al momento de interposición de esta acción se desconoce la vigencia y funcionamiento de los mecanismos existentes para garantizar el acceso a la justicia y condiciones para una vida libre de violencias de mujeres, niñas y adolescentes, el objeto de esta acción es: (i) Obtener una sentencia que ordene al PEN y al Ministerio de Justicia de la Nación cesar con el estado de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que tienen con las niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional, víctimas y potenciales víctimas de violencias basadas en género en estado de múltiple vulnerabilidad, y que vuelva a fijar dicha relación en los términos de la Leyes Nacionales 26.485, 27.499 y 27.210″.
En concreto, la demanda pide que se les soliciten informes al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia. Por ejemplo, que digan con qué estructura y personal van a garantizar los servicios “que se brindaban hasta diciembre de 2023, conforme a los registros públicos de satisfacción de derechos y de acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género”. También, que informen “los mecanismos que darán publicidad a los recursos y políticas disponibles, así como también aquéllos destinados a la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de este órgano”.
La demanda pide que si finalmente se materializa “el anunciado cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el reordenamiento y cierre de los 81 CAJ sin garantizar un piso mínimo” de servicios se “declare la inconstitucionalidad de estas medidas”. Y reclama que, mientras tanto, se dicte “una medida cautelar de no innovar” que ordene que el Gobierno se abstenga “de reducir los recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia y de realizar otras medidas de reorganización -como la reasignación de recursos físicos y humanos a otros fines-, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos”. Solicitan que esta medida cautelar se mantenga “hasta tanto el Estado Nacional asegure y de certezas respecto a cómo va a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de las leyes de manera progresiva, evitando regresiones en materia de derechos”.
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