Atentado contra Cristina: rechazan el pedido para secuestrarle el teléfono a Gerardo Milman, pero ordenan peritar el de una de sus asesoras

La Justicia avanzó hoy un paso más hacia Gerardo Milman. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó extraer todos los datos que puedan recuperarse de los teléfonos de una de sus exsecretarias en busca de información que permita corroborar o descartar la eventual vinculación del diputado nacional de Juntos por el Cambio con el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti admitió así uno de los pedidos del fiscal a cargo de la pesquisa, Carlos Rívolo, quien también había requerido secuestrarle el o los teléfonos móviles que pudo utilizar Milman durante los últimos meses, medida que la jueza rechazó porque el legislador no se encuentra imputado en la causa y goza de fueros parlamentarios.

En ese sentido, la jueza consideró que debe prosperar la investigación sobre el eventual rol o conocimiento que Milman pudo haber tenido en -o sobre- el atentado fallido, según reconstruyó LA NACION que planteó en su resolución, pero que dicha pesquisa debe desarrollarse en “forma progresiva” para evitar planteos de nulidad.

Capuchetti autorizó, además, que la Fiscalía avance con el análisis de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de Milman y sus colaboradoras que quedaron bajo la lupa, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, como también con la búsqueda de cualquier posible conexión –sean llamadas o mensajes o cualquier otro– entre estos y la “banda de los copitos”.

La autorización de Capuchetti a avanzar sobre el contenido de los teléfonos de Gómez Mónaco incluyó, sin embargo, límites claros. La primera, que el análisis que desarrollará la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA) se extenderá hasta diciembre pasado, cuando el fiscal había requerido extenderlo hasta estos días. También, que la búsqueda deberá concentrarse en cualquier alusión que permita corroborar o descartar la hipótesis de que Milman y su entorno estaban al tanto del –o participaron en– el atentado fallido del 1 de septiembre pasado.

La jueza convalidó así sólo algunas de las medidas de prueba –y de manera parcial– que había solicitado la Fiscalía sobre Milman, quien ya presentó un escrito en los tribunales en el que afirmó ponerse “a disposición” de la Justicia, aunque no aportó sus teléfonos de manera espontánea para su peritaje, ni tampoco accedió a declarar.

La resolución de Capuchetti se conoció hoy, primer día hábil posterior a haber rechazado “in limine” el planteo de los abogados de Fernández de Kirchner, quienes habían recusado a Rívolo por una supuesta filtración de información desde su Fiscalía. Sostuvo que la petición era “manifiestamente improcedente”.

En esa línea, los letrados de la vicepresidenta ya habían intentado apartar a Capuchetti, sin éxito, y mantienen un planteo contra ella que tramita ante la Corte Suprema. Pero hasta ahora nunca habían cuestionado la participación del fiscal, quien requirió varias medidas de prueba sobre la “pista Milman” y se encaminaría a pedir la elevación a juicio oral de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Múltiples senderos

Ahora, tras levantarse el secreto de sumario que regía desde la semana pasada, la investigación puede recorrer múltiples senderos. Desde el llamado a Gómez Mónaco a ampliar su declaración testimonial y su eventual careo con Bohdziewicz, como también tareas de investigación sobre la oficina de la Avenida de Mayo 953 que estaría vinculada a Patricia Bullrich y donde por orden de Milman se habría borrado el contenido de los celulares.

Desde los tribunales señalan, en ese sentido, que Gómez Mónaco se encuentra bajo la lupa y podría afrontar una denuncia por presunto falso testimonio, ya que primero afirmó que ella misma borró sus teléfonos por decisión propia, pero en una declaración posterior sostuvo que Milman le ordenó eliminar su contenido, de lo cual se habría encargado un experto.

Tanto Milman como sus excolaboradoras afrontan cuestionamientos por la forma en que actuaron en los días y semanas posteriores a que un asesor del kirchnerismo se presentó en los tribunales y declaró bajo juramento haber escuchado a Milman decir una frase inquietante, en un café cercano al Congreso, días antes del atentado: “Cuando la maten, estoy camino a la Costa”.

La veracidad de ese testigo se encuentra en duda, sin embargo. Eso derivó en la apertura de una causa por presunto falso testimonio en su contra, pero Milman y sus otrora colaboradoras tampoco salieron inermes. Por el contrario, las próximas medidas de prueba podrían conllevar una denuncia penal por obstrucción de Justicia.

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