“Atorranta, ineficiente”: repudio por los insultos de un diputado nacional contra una fiscal
El legislador salteño de Juntos por el Cambio atacó a la funcionaria que investiga torturas policiales en el Noroeste
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“Ineficiente” y “atorranta” fueron dos de los insultos que el diputado nacional por Salta, Martin Grande -quien también se candidatea a senador en su provincia- dirigió a la fiscal especializada en Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke. Las declaraciones del legislador tuvieron como escenario el programa radial que él mismo conduce, y generaron un amplísimo repudio no solo del movimiento de mujeres sino de la sociedad civil en su conjunto. El episodio ocurrió durante un debate por una investigación sobre violencia policial que encabeza esta funcionaria y que inquieta a dirigentes del gobierno local.
En diálogo con LA NACION, desde el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Salta expresaron su preocupación por el grave hecho. En esa línea, un comunicado emitido por el comité destaca que estas declaraciones son especialmente graves porque se trata de una provincia “severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con índices de femicidio de los más altos del país”.
Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta "«atorrante» es un americanismo que significa 'vago', 'holgazán', 'desvergonzado'" no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal.
— Martin Grande (@MartinGrandeok) May 18, 2021
Y agrega: “El diputado nacional no solo falta a la ética y demuestra su falta de formación en Derechos Humanos, en los derechos de las mujeres y en perspectiva de género, sino que -a pesar de ser legislador-, desconoce la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
En este contexto, cabe resaltar que un conjunto de recientes investigaciones dan cuenta de una grave escalada de violencia policial durante la pandemia, según informó una fuente oficial a LA NACION. En ese sentido, desde el Inadi, también expresaron “su preocupación por el retraso que lleva la oficialización del Comité para la Prevención de la Tortura” en esta provincia.
Tal como añadieron en un comunicado publicado en el sitio oficial argentina.gob.ar: “Según estadísticas de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Inadi, durante el 2020, las Fuerzas de Seguridad fueron uno de los diez ámbitos más consultados por la población. Asimismo, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke informó que, desde enero a la fecha, fueron recibidas 900 denuncias por abusos policiales en la provincia de Salta”.
El propio ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, cruzó a la fiscal Simensen de Bielke -quien lleva adelante las investigaciones de todos estos casos de violencia institucional, entre los que se registran graves violaciones a los Derechos Humanos-, y dijo que había cierta “animosidad” por parte de la funcionaria judicial contra la policía.
Estas declaraciones generaron, a su vez, la respuesta de decenas de organizaciones sociales, que se expresaron en un comunicado conjunto: “Ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia denunciaron graves conductas de violencia institucional perpetradas por personal de las fuerzas policiales de Salta. Todos los denunciantes han sido víctimas o testigos de delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y tortura, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.
“Al respecto, repudiamos las expresiones públicas en este contexto del militar retirado Juan Manuel Pulleiro, actual Ministro de Seguridad, quien manifestó que la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simenen de Bielke, actúa con animosidad al investigar a sus subordinados. Las declaraciones de Pulleiro no hacen más que obstaculizar la investigación que lleva adelante la fiscal por estos hechos aberrantes que vulneran los derechos fundamentales de las personas víctimas del personal policial a su cargo y en el ejercicio de sus funciones”, concluye el comunicado de las asociaciones civiles.
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