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Aumentó el número de empresas que prevén despidos masivos
El Gobierno prorrogará el plazo durante el cual deben pagar doble indemnización En lo que va del año hubo 340 pedidos de procedimientos preventivos ante el Ministerio de Trabajo Es un aumento del 170% anual Tratan de frenar las cesantías
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LA NACIONSilvia Stang
Aunque el Ministerio de Trabajo intentará prorrogar por 6 meses la disposición que penaliza los despidos sin justa causa duplicando la indemnización, los datos demuestran que la recesión no da tregua a la crisis del mercado laboral: en lo que va del año, 340 empresas solicitaron la apertura del procedimiento preventivo de crisis (PPC), el trámite previo que deben cumplir los empleadores para intentar una negociación de emergencia con los sindicatos, antes de aplicar despidos u otras medidas masivas en función de razones económicas.
La cifra significa un récord absoluto: en igual período de 2001 se habían presentado 126 casos -sólo entre marzo y abril últimos hubo 121- y, en todo el año pasado, las solicitudes llegaron a 188. La mayor cantidad de pedidos de apertura del procedimiento había sido la de 1995, el año del Tequila, con un total de 214.
Castigo
La decisión de que la duplicación de los costos del despido se extienda hasta fin de año fue confirmada ayer por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, que recordó que la vigencia de la norma actual que crea tal castigo, incluido como un artículo de la ley de emergencia económica, finaliza el 7 de julio próximo. La funcionaria sostuvo que no está decidido si la prórroga se hará por ley o por decreto.
Como fuere, lo cierto es que la crisis presiona fuerte sobre las dotaciones de las empresas. Y en los últimos meses, los pedidos de apertura de PPC en la actividad del comercio superaron a los de la industria. También fue una novedad de los últimos meses la participación de sindicatos que hasta el momento no habían actuado como protagonistas en este tipo de mecanismos en su calidad de empleadores, como el caso del Smata (mecánicos) o la Asociación de Agentes de Propaganda Médica.
Además y, si bien todavía no hubo presentaciones formales pidiendo la apertura de un PPC, algunos bancos ya estuvieron participando de audiencias en la Secretaría de Trabajo, en busca de procurar algún mecanismo que evite al máximo las situaciones de conflicto. Según pudo conocer LA NACION por fuentes del Ministerio, ya hubo algunas reuniones con representantes del Scotia Bank, del Banco Galicia y de la Banca Nazionale del Lavoro.
Pero sin duda, el sector que lideró las solicitudes de PPC fue el comercio. Sólo entre marzo y abril se presentaron 53 casos. La situación fue impulsada por la caída de la demanda, pero también, en algunos casos, por el desabastecimiento de ciertos bienes.
También existieron presentaciones que involucraron al gremio de la sanidad. Los trabajadores del sector, como en el caso de los agentes de propaganda médica, se vieron afectados por el impacto que tuvo la devaluación sobre el sector de la salud, que en gran medida depende de los insumos importados.
El mecanismo del procedimiento de crisis es obligatorio cuando las empresas prevén despedir o tomar medidas, como suspensiones o bajas de beneficios, que afecten a un determinado porcentaje de sus dotaciones, que varía en función de su tamaño. La ley de empleo prevé tal exigencia cuando se involucra al menos al 15% del plantel en las empresas de menos de 400 empleados, al 10% en unidades de entre 400 y 1000 dependientes y al 5% si la dotación es mayor. La apertura del procedimiento, si es aceptada por el ministerio, habilita a una negociación con el sindicato en un plazo inicial de 15 días.
Este año, junto al castigo impuesto para los empresarios que deciden despedir sin causa, el Gobierno había dispuesto una serie de medidas tendientes a ejercer un mayor control, por ejemplo, en cuanto a comprobar el real estado de las empresas para llegar a esa instancia, sobre todo porque el haber solicitado un PPC, aun cuando la negociación no haya sido exitosa, es algo invocado muchas veces para pagar sólo el 50% de la indemnización, una rebaja que está permitida por ley cuando la desvinculación se produce por crisis en la actividad.
Resultados
Uno de los argumentos con los que se justificó esa reforma fue la necesidad de procurar mejores resultados en las negociaciones derivadas de los procedimientos. En los últimos años, según los informes de Trabajo, los procesos que pudieron aliviar los efectos de la crisis sobre la situación de los empleados fueron sólo entre el 10 y el 15%. De los casos abiertos durante este año, de todas formas, aún no existe un análisis de resultado, en parte porque impidió esas tareas la avalancha de presentaciones.
De todas formas, se sabe que muchas veces se logra atenuar el impacto de la crisis haciendo, por ejemplo, que los despidos se conviertan en suspensiones o éstas, en rebajas de salarios o de otros beneficios.
En relación con las negociaciones de emergencia iniciadas en los primeros cinco meses del año pasado, el incremento registrado en el último período alcanzó un 170 por ciento.
En cuanto a los datos correspondientes a marzo y abril de este año, los sindicatos que más se vieron involucrados en los procesos fueron el de empleados de comercio (40 casos, más otros 6 de la federación nacional), la Unión Obrera Metalúrgica (14), Smata (5), la Unión de Trabajadores Gastronómicos (4 negociaciones) y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (4 casos).
Reclamo internacional
- El gobierno argentino llevará ante la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que comenzará en los próximos días, un reclamo conjunto de los ministros de Trabajo del Mercosur y de Chile y Bolivia contra la aplicación de subsidios agrícolas en los países europeos y en los Estados Unidos. El tema será mencionado en el discurso que prevé dar la ministra Graciela Camaño, a manera de una queja por las fuentes laborales que pierden los países del bloque comercial al no tener acceso a determinados mercados para poder vender sus productos.
