Avalancha de amparos contra el corralito

Más de 2600 recursos de amparo contra el corralito bancario deberán resolverse desde pasado mañana, 1° de febrero, cuando se reanude la normal actividad en los tribunales después de la feria de verano.

Una avalancha de presentaciones judiciales llegó a Tribunales ante la propuesta oficial para flexibilizar la entrega de dinero a enfermos, mayores de 75 años e indemnizados por despido, según indicaron fuentes judiciales a la agencia DyN.

Desde el viernes último y hasta anteayer se presentaron en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal casi 800 pedidos de medidas cautelares para que se atiendan casos extremos relacionados con temas de salud o de dificultades económicas.

A lo largo de este mes ya se habían presentado otras 1320 solicitudes de amparo para sortear el corralito, a los que deben sumarse otros 570 entregados el 28 de diciembre, que aún no fueron tratados y esperan una respuesta urgente.

Alrededor de 40 de esos expedientes llegaron a la instancia de la Corte Suprema. Al resolver algunos de ellos, el alto tribunal avaló el corralito, pero también dijo que debe permitirse el libre retiro de dinero en los casos en que se impongan "razones humanitarias" justificadas.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó que se permitiera el retiro de dinero a varias empresas que necesitan de insumos importados para fabricar elementos para tratamientos médicos.

En otro caso, la jueza Clara do Pico intimó a las autoridades del BankBoston a cumplir con una resolución judicial que autorizaba a una mujer discapacitada a retirar un plazo fijo, después de que el banco se negó a cumplir con la medida.

La beneficiaria, cuyo nombre no trascendió, había accionado contra lo dispuesto por el decreto 1570/01 que trabó la libre disposición de fondos. El juez Martín Silva Garreton había hecho lugar a la medida cautelar y ordenó al BankBoston que le permitiera retirar sus depósitos.

Sin embargo, la entidad se habría negado a cumplir con la disposición del magistrado. Fuentes judiciales afirmaron que si el banco desoyera la intimación podría denunciarlo por el presunto delito de desobediencia.