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Axel Kicillof, ante un delicado foco de conflicto con Juntos por el Cambio
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La foto de la aprobación en la Legislatura provincial del los pliegos de 41 funcionarios judiciales que el Poder Ejecutivo había pedido retirar, ocurrida en la madrugada del viernes, patentizó un dato que se venía hablando mucho en el mundillo político bonaerense: sin una estrategia basada en el diálogo y los consensos, el Senado de la Provincia podría convertirse en un foco de alto conflicto cotidiano para Axel Kicillof. El gobernador, hasta por lo menos la mitad de su mandato, en diciembre de 2021, deberá convivir con una mayoría de Juntos por el Cambio en ese ámbito.
A la hora de esa votación clave de las últimas horas, aquella instantánea mostró un recinto solo ocupado por la oposición, ante el retiro masivo del bloque del Frente de Todos. Hasta la vicegobernadora Verónica Magario se fue de su silla de presidenta del cuerpo para no tener que comandar una sesión en la que se convalidó un tema sensible, contrario a los intereses de Kicillof.
Esa convivencia problemática asoma como todo un desafío para un gobernador que en el Poder Legislativo en general -lo que incluye, aunque no lo expresen, a los peronistas- es visto como alguien poco proclive a explorar acuerdos políticos, esquivo a la rosca tradicional y mucho más ideologizado de lo que esa corporación está acostumbrada a tratar.
En una curiosa paradoja, estas características justamente son las que citan cerca de Kicillof para resumir sus "puntos fuertes", aquellos que según ese análisis le permitiría mostrarse ante la opinión pública como una "bocanada de aire fresco" en un sistema vetusto y rancio. Perspectivas.
Un Senado en desventaja
En el Senado bonaerense, el Frente de Todos tiene 20 representantes y Juntos por el Cambio reúne 26, sobre un total de 46 asientos. Esos números mayoritarios para la oposición se configuraron en las últimas dos elecciones, una de las cuales, la de 2017, fue particularmente buena para el macrismo provincial.
En el inicio de la gestión de Kicillof, la bancada opositora no se mostró demasiado belicosa. Es más: aun teniendo mayoría, luego de una dilatada negociación cedieron las presidencias de las comisiones clave. Así, Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Legislación General y Presupuesto son encabezadas por representantes del oficialismo. Hoy, ese gesto es visto como un "grueso error" por varios legisladores amarillos y generó ciertas rencillas internas.
Tiempo después vino la saga del pedido del gobierno para tomar deuda, que requería la autorización legislativa. En ese momento a la mesa de negociación se sentaron también, en nombre de la oposición, los principales intendentes de Juntos por el Cambio. Al final, garantizaron partidas importantes para los municipios en general.
Así, los alcaldes de todo el territorio se llevaron 3000 millones de pesos en concepto de fondos especiales por la pandemia de Covid, el compromiso de cancelar deudas que la Provincia tiene con sus municipios y la facilidad de empezar a devolver, recién en 2021, unos 4000 millones que recibieron al principio de la cuarentena interminable. Se verá si esto último termina siendo parte de la negociación -para no devolver nada- cuando se trate el presupuesto del año entrante.
Lo dicho: al final la Legislatura, con votos de opositores y oficialistas, avaló el endeudamiento por 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos.
Calma breve
Duró poco la calma. Una serie de desencuentros posteriores, vinculados a cuestiones administrativas y operativas, tensaron la cuerda entre oficialismo y oposición en el Senado. Fue allí cuando el macrismo empezó a avisar, extra oficialmente, que desde ese momento comenzaría a hacer valer su peso político mayoritario en esa cámara.
Facilitado el endeudamiento, Juntos por el Cambio comenzó a trabajar para que avancen varios proyectos propios que, estiman, les sirven políticamente. Hubo polémica por una ayuda especial a las escuelas privadas de la Provincia, muy golpeadas por los efectos del encierro ciudadano, y por la llamada "Ley de víctimas" que, como la nacional, amplía la participación del particular damnificado en el proceso penal.
Y llegó la cuestión de los pliegos, un as en la manga de la oposición. Semanas atrás, gracias a los números favorables, los cambiemistas lograron una moción para poder tratar los nombramientos de los 42 jueces, fiscales y defensores oficiales que María Eugenia Vidal había enviado al Senado antes de dejar el gobierno, luego del correspondiente proceso de selección de los mismos en el Consejo de la Magistratura. Como tuvieron despacho de comisión antes del fin de 2019, los nombramientos podían aprobarse este año con mayoría simple, un número que obviamente Juntos por el Cambio reúne.
Fue una alarma que sonó en el despacho de Federico Thea, secretario general de la gobernación y principal operador judicial de Kicillof, quien preferiría una reformulación de los candidatos para llenar esos lugares de la Justicia bajo el atendible argumento de que lo "correcto" sería que el gobernador en ejercicio los proponga. Se abrió así una instancia negociadora, reservada, en la Legislatura.
En verdad, la oposición solo llegó a esa mesa con una real obsesión, una orden política superior: que uno de los dos sillones vacantes de la Cámara de Casación Penal sea para el postulante que ellos respaldan.
Se trata de Francisco Pont Vergés, actual secretario de política criminal del Ministerio Público Fiscal y estrecho colaborador del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, quien en los hechos es el jefe de los fiscales. Conte Grand ha sido repudiado desde siempre por el peronismo y especialmente combatido desde que asumió Kicillof, porque lo acusan de promover una persecución judicial contra la oposición -hoy oficialismo- cuando gobernaba Vidal.
"Todo lo demás era negociable para nosotros", admite un senador de peso en el bloque de Juntos por el Cambio.
Pero en el medio se rompieron los lazos. Es que Kicillof sacó un decreto con su firma y la del ministro de Justicia, Julio Alak, el 773/20, en el que le pidieron a la Legislatura que devuelva al Ejecutivo todos los pliegos en condiciones de tratarse para su "revaluación". Eso dinamitó las charlas y la oposición concretó su amenaza de hacer valer la superioridad numérica. Fue una pirueta notable de Juntos por el Cambio: en 2015, al asumir en la gobernación, la propia Vidal pidió y consiguió la devolución de pliegos de jueces que había enviado al Senado el gobernador que se iba, Daniel Scioli. Después ella envió los nuevos. Eso fue recordado en el decreto incendiario.
Conflicto en la mira
Ya validados por el Senado, ahora Kicillof debería firmar los nombramientos, que al final fueron 41 porque se rechazó un caso. No queda claro si eso será así o se judicializará el tema.
Esta jugada con los jueces es un botón de muestra de lo que podría venir el resto del año y en 2021, con temas claves para tratar como el Presupuesto.
Pero, se reitera, el ruido general de Kicillof con el Senado excede lo meramente parlamentario y alcanza en voz baja a muchos oficialistas. Los legisladores le endilgan al gobernador la decisión de cerrar la canilla presupuestaria de la Cámara Alta. O liberarla a cuenta gotas, solo cumpliendo con las dietas. Sin los fondos que suelen destinarse para subsidios, becas o contratos y que son parte de las negociaciones anuales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La desconfianza parece apoyada, además, por el hecho de que Kicillof gobierna el día a día con su núcleo muy cerrado de amigos, que lo sigue desde hace años, y no en alianza con el sistema político peronista tradicional de la provincia.
Y por su supuesta tendencia a centralizar sobre sí mismo el manejo de los fondos públicos en general, lo que contribuye a edificar entre los políticos que no son de su palo una imagen poco apegada a la generosidad para repartir aquello que está por fuera de los mecanismos automáticos y obligatorios vigentes.
Esto es muy de la escuela que inauguró Néstor Kirchner desde 2003. Y Axel, incluso con los reparos de propios y extraños, parece prolongarlo. Internamente se explica, sobre todo, gracias al indiscutible liderazgo político que su mentora, la vicepresidente Cristina Fernández, ejerce sobre la porción mayoritaria del justicialismo bonaerense.
