Báez acusó a Casanello de actuar coordinado con los medios

Dijo que alimenta a la prensa con datos que después legitiman su actuación; también contradijo a Echegaray
Hugo Alconada Mon
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4 de enero de 2015  

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones.

La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló LA NACION el 19 de octubre pasado. El fastidio del empresario que mantiene "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion.

"Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa", le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como "un verdadero círculo vicioso". Es decir, "una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante" por la que los medios publican versiones que llevarían al juez -al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de "tortuga"- a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias.

Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM.

A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió "ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas" que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento.

Con esa defensa cerrada, Báez contradijo a Echegaray, quien confirmó que esas empresas bahienses estaban bajo fiscalización y que por lo menos una, Calvento SA, era considerada "usina de facturas truchas" ya que, precisó, "no tiene actividad comercial". Echegaray cargó contra Calvento, pero calló sobre otras dos empresas de la familia de Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti: Terrafari y Grupo Penta, que carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral, según reconstruyó LA NACION sobre la base de facturas, cheques, declaraciones impositivas y balances.

Aun así, Báez insistió en la existencia real de los servicios que dijo que le prestaron las empresas bahienses, a las que Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan observan como factores del eventual delito precedente al lavado de activos.

Con el desarrollo de su escrito, sin embargo, Báez dejó entrever las debilidades crecientes de las empresas bahiense. Le dedicó siete páginas a Constructora Patagónica -una firma real, pero que admitió a LA NACION problemas con facturas truchas del Grupo Penta que impugnó la AFIP-, otras seis carillas a Terrafari, sólo tres al Grupo Penta y, por último, apenas dos páginas a Calvento SA.

Las últimas dos empresas son las que concentran las sospechas. Ambas son de la familia Ficcadenti. Sólo durante 2009, por ejemplo, Calvento aparece en el Libro IVA Compras de Austral con supuestas operaciones por $ 654.540, según la copia del registro que obtuvo LA NACION.

La situación de Grupo Penta también es endeble. Le facturó millones a Austral Construcciones y otros tantos a Constructora Patagónica, que, a su vez, le facturó a la empresa de Báez, en una dinámica de triangulación. Y los cheques que recibió de la empresa de Báez, en vez de depositarlos en su cuenta bancaria, Penta los cambió en Crediba, la financiera allanada por operaciones de presunto blanqueo de Juan Suris.

Báez admitió en su escrito que esa firma "fue reticente y extemporánea en la entrega de su documentación previsional", calificó apenas de "probable que haya ido regularizando su eventual situación de empleo marginal", y que eso sólo "pudo ser apreciado extemporáneamente" por Austral Construcciones. Por eso, añade, mantuvo una "tirante relación" con esa firma, y que con "respecto del pago de sus propios impuestos, se manifestó [?] que se abonarían en planes de pago vigentes en aquellas fechas, desconociéndose el estado actual de los mismos".

No sólo eso. Báez detalló que Austral se encargó de "proveer el combustible y la comida" en las obras de Penta. Y que en mayo de 2010 le aplicaron un descuento porque el personal de Báez debió encargarse de "la operación de las maquinarias viales a cargo de la subcontratista, lo cual es una «penalidad»".

Aun así, el empresario defendió "la realidad de las operaciones [con Grupo Penta] y la buena fe que guió el accionar de Austral al contratar a esta empresa". Y calló sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, el 23 de julio pasado a Bahía Blanca. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti, pero no en las oficinas del empresario, sino en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos, ajustaron los detalles del plan de pagos al que se acogió Penta.

La negociación generó una situación insólita para proteger a Austral. Grupo Penta se presentó ante la AFIP, rectificó sus declaraciones anteriores, le informó al fisco que tres años antes había realizado obras por $ 4 millones para la constructora de Báez y, en un acto de inusual "arrepentimiento", pidió pagar los impuestos que adeudaba. Para eso pidió un plan de pagos, que incumplió. Pero ante otro pedido para un segundo plan, la jefatura local de la AFIP aceptó. Y pagó la primera cuota por $ 567.000. La segunda cuota, que ya venció, sigue impaga.

Para Báez, sin embargo, las "eventuales desprolijidades impositivas y previsionales" del Grupo Penta "no pueden poner en tela de juicio la existencia efectiva de sus prestaciones, ni tampoco el cumplimiento total y efectivo de todos los requisitos" por Austral Construcciones. Y de ese modo, él no correría riesgos penales.

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