Bonadio procesó al titular del PAMI por usar fondos para financiar al Estado

El juez federal Claudio Bonadio está en llamas. Ya avisó que no puede cerrar su juzgado porque hay elecciones presidenciales y ayer lo demostró: procesó al titular del PAMI, Luciano Di Cesare, por administración fraudulenta, al entender que desfinanció el organismo y perjudicó la atención de los jubilados al entregarle 15.000 millones de pesos durante cinco años al Tesoro Nacional.

Esta medida del juez sigue a las declaraciones indagatorias que tomó esta semana al ministro de Salud, Daniel Gollan; al gobernador de Tucumán y ex ministro Juan Manzur, y la citación al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Todos están investigados en un caso de compras de kits para embarazadas de bajos recursos, con supuestos sobreprecios.

Ahora Bonadio decidió el procesamiento de Di Cesare -indagado hace dos semanas- en otra causa iniciada por la denuncia del fiscal Carlos Stornelli contra el funcionario.

Mientras la mayoría de los jueces federales suele poner pausa en sus causas en períodos preelectorales, Bonadio fue a fondo. Es el juez que ahondó en el caso por lavado de dinero contra la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos con relación a la explotación comercial de sus empresas hoteleras y los negocios con Lázaro Báez. Tras allanar las oficinas de Máximo Kirchner en el Sur, le sacaron ese expediente. Desde ese momento redobló su tarea en su juzgado, donde abundan causas en las que se investiga a funcionarios del Gobierno.

En el último tiempos hubo diversos fallos de la Corte Suprema, de la Casación y de la justicia en lo contencioso administrativo federal contrarios a los deseos de la Casa Rosada, en coincidencia con el fin del mandato de Cristina Kirchner.

Además de procesar a Di Cesare, Bonadio dispuso ayer dictar la falta de mérito del ex ministro de Economía Hernán Lorenzino y sobreseer al ex director del Banco Central Juan Carlos Fábrega, junto con otros funcionarios del PAMI. Con respecto a Lorenzino, que era secretario de Finanzas al momento de los hechos investigados, el juez ordenó ahondar la causa y pedir datos al Ministerio de Economía. "Si bien intervino en la maniobra realizada por Di Cesare, aún no resulta posible acreditar si (Lorenzino) tuvo grado de participación alguna en la comisión del delito investigado", dijo Bonadio.

Bonadio entendió que entre 2008 y 2012 Di Cesare suscribió Letras del Tesoro con fondos del PAMI que debían haberse aplicado a la atención a los jubilados. Fueron 25 operaciones que totalizaron 15.000 millones de pesos. Bonadio entendió que Lorenzino sugirió a Di Cesare por nota financiar al Tesoro Nacional y Fábrega opinó sobre la inversión.

Di Cesare suscribió así estas Letras a plazos variables de 90 a 180 días. En su defensa el funcionario dijo que el dinero regresó al PAMI con los intereses, lo que significó un beneficio para los jubilados. Ayer reiteró a LA NACION que "los afiliados de PAMI ganaron más de 293 millones de pesos y no se afectaron prestaciones".

Sin embargo, Bonadio consideró que los recursos destinados a financiar al Estado implicaron "retrasos en los pagos a los proveedores, atrasos en las inversiones y mantenimiento de las instalaciones, disminución de la calidad de las prestaciones y tolerancia de situaciones de déficit prestacional, económico y financiero".

Dijo Bonadio que Di Cesare, para financiar el Estado, "aparentó la existencia de fondos excedentes que en realidad no existían", y recordó que el PAMI "es un ente público no estatal". La maniobra pudo sostenerse en el tiempo por la falta de controles, sostuvo el juez, y citó informes de la Auditoría General de la Nación que hablan de las limitaciones de la contabilidad para analizarlas.

Esto permitió retrasos en el pago de proveedores, sobre todo en medicamentos y en la realización de obras de mantenimiento e infraestructura. Bonadio citó quejas del gremio de trabajadores del PAMI que hablan de edificios rajados e infraestructura inapropiada en caso de una evacuación de emergencia.

Para el juez, Di Cesare "financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social, que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación". Dijo que "lo hizo sistemáticamente sin intervención previa de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión".

Di Cesare negó ayer estas afirmaciones: "Nunca se vieron afectadas las prestaciones ni la disponibilidad de fondos, sino que se cobraron intereses para poder invertir en más y mejores prestaciones para nuestros afiliados". Además, sugirió una intencionalidad política en su procesamiento al considerar "llamativo" que el juez lo dicte tres días antes del ballottage presidencial.

Casi indignado, en su escrito Bonadio dijo, refiriéndose a sí mismo, que "de ninguna manera el juez de la causa puede quedar enredado en un teatro de apariencias, sino que tiene la obligación de ver más allá del velo presentado por el imputado y desenmascarar lo que realmente se encuentra delante de sus ojos".

Y esto es, dijo, que "Di Cesare financió al Estado Nacional con dinero que debía aplicar a las prestaciones de la obra social de los jubilados y pensionados y, para eso, generó un perjuicio a todos los beneficiarios".

Por Hernán Cappiello

• Claudio Bonadio

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