Buscan impedir que Cristóbal López recupere una obra pública sospechada
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LA NACION
La abogada Silvina Martínez presentó un recurso urgente ante la Cámara del Crimen para impedir que el empresario Cristóbal López se vea beneficiado con el reinicio de una obra pública hídrica que le había sido quitada por el incumplimiento de plazos y las sospechas de corrupción que rodean al emprendimiento.
La presentación fue parte del programa La Cornisa, que conduce Luis Majul por LN+, este domingo. En su presentación, Martínez recordó que tanto Cristóbal López como su socio, Fabián de Sousa, fueron procesados en octubre de 2019 por el juez Claudio Bonadio por presunta defraudación contra la administración pública en perjuicio del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).
Además, la abogada afirmó, en el informe que presentó en La Cornisa, que a la empresa le fueron embargados 141 millones de pesos.
En su momento, Bonadio también procesó a Cristóbal Nazareno López, hijo de Cristóbal, y Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, junto con el administrador del Enohsa, Lucio Tamburo, entre otros.
Estas medidas judiciales fueron apeladas por la empresa, por lo que la causa ahora tramita en la sala 1 de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bruglia y Lepoldo Bertuzzi.
Se trata de los camaristas a los que la vicepresidenta Cristina Kirchner quiere desplazar, aduciendo que su traslado al tribunal fue hecho de manera irregular al no haber sido aprobado por el Senado.
La obra le fue adjudicada a la firma CPC SA por 329 millones de pesos y debió haber sido terminada en el plazo de un año. Pero todavía sigue inconclusa. En 2015 se introdujo una modificación al proyecto con un costo extra de 83 millones sin licitación, por lo que también se le encargó la nueva obra a la constructora de López.
En 2017 la Oficina Anticorrupción denunció a la empresa en base a una auditoría interna del Enohsa y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectaron varias irregularidades como cambios de tramos de caños, la construcción de una planta potabilizadora que no estaba en el proyecto original y sobreprecios por más de 100 millones de pesos.
Martínez explicó que a pocos meses de comenzado el mandato de Alberto Fernández, en medio de la pandemia y las medidas de aislamiento, se decidió el inicio de la obra denominada Optimización del Sistema Acueducto Regional Lago Musters con la empresa CPC.
"Se adjudicó la misma obra ala misma empresa cuyos directivos fueron procesados por defraudación a la administración pública", agregó.
Según la abogada, a demás de los más de 80 millones de pesos para completar la ejecución, el convenio posee una cláusula que permitirá actualizar el monto inicial de la obra.
El recurso de Martínez solicita a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que "tomen medidas urgentes orientadas a evitar todos los efectos dañosos que el accionar criminal e inescrupuloso de las personas involucradas puedan causar al Estado y a terceros".
En ese sentido, la abogada pidió a los jueces "suspender los contratos y cuantas decisiones administrativas correspondan y que se hubieran tomado con relación a las empresas involucradas", al tiempo que también reclamó la suspensión de los pagos derivados del acuerdo de julio de este año".
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