Buscan que cerca de un millón de planes sociales sean traspasados al mercado laboral

El proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para facilitar un progresivo traspaso de planes sociales a empleos formales abarca a cerca de un millón de personas que son beneficiarias del programa Potenciar Trabajo y a más de 500 mil pequeñas y medianas empresas que emplean entre uno y 500 trabajadores, precisaron hoy fuentes parlamentarias al tanto de la iniciativa.

“Unos 520.041 empleadores emplean en un rango de 1 a 500 empleados cada uno. En total emplean 4.603.112 empleados, el 59,8% del total de los trabajadores. El programa apunta a ese rango de empleadores que se agrupan en MIPyMES, el 99,74% de los empleadores que emplean entre 1 a 500 empleados”, afirmaron las fuentes consultadas por LA NACION, en base a datos del Boletín Anual de Seguridad Social.

En el marco de la campaña electoral, Massa presentó un proyecto de ley para crear el programa “Un Puente al Empleo”, con el objetivo de “transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal, y llevar alivio económico para MIPyMES que generen empleo”.

El proyecto oficialista se concentra en dos ejes principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

En este esquema, durante un año el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario, accederá a la obra social y la ART y, a cambio, deberá capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Asimismo, le propone a las empresas la posibilidad de rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones. Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses. El objetivo de la iniciativa, tal como se explicita en sus fundamentos, es “consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo dando previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economía”, orientando sus beneficios en brindar alivio económico a las MIPyMES que generen empleo.

Apoyo con críticas

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, uno de los principales referentes de Juntos en la provincia de Buenos Aires, le dio la “bienvenida a las propuestas que impidan la precarización laboral”, pero al mismo tiempo advirtió que “las pymes dicen ´podría tomar algún empleado más pero estoy harto de que me inventen un juicio´. Los proyectos tienen que estar en sintonía con lo que a la gente real le pasa”, afirmó.

El referente opositor agregó: “En mis charlas habituales con los pequeños empresarios y comerciantes me expresan su deseo de crecer pero también el miedo a crear puestos de trabajo por las posibles demandas laborales. Eso frena el desarrollo y la generación de empleo privado”.

LA NACION

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