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Bussi dijo que en Tucumán existe barbarie jurídica
El gobierno nacional descartó otra vez la intervención federal a la provincia.
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El gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, dijo ayer que la crisis política en la provincia está inmersa en "un estado de barbarie jurídica".
Durante la habitual conferencia de prensa de los miércoles, luego del izamiento de la bandera, el general reiteró que no acatará la decisión de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura, que el martes próximo le comunicará su suspensión.
Asimismo, dijo que el ministro del Interior, Carlos Corach, le informó que no había motivos para aplicar la intervención federal, lo que confirmó anoche el presidente Carlos Menem cuando, en un reportaje televisivo, dijo que "mientras no haya ningún tipo de situación de anomalía, nosotros no vamos a intervenir", al tiempo que afirmó que, hasta ahora, "las instituciones funcionan" en la provincia.
Al respecto, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, convocó ayer a su despacho a Corach, Ramón Ortega y a la senadora tucumana Olijela Del Valle Rivas, donde se analizó la situación provincial. Durante la reunión, tanto Rodríguez como Corach descartaron la intervención.
La posibilidad de esa medida cobró fuerza anteayer, a raíz de la reiteración de Bussi de que no se someterá a la resolución del Parlamento porque la considera ilegal.
En lo que hace a la intervención, incluso, el hijo del gobernador y diputado nacional, Ricardo, dijo anteanoche, en un acto partidario, que si el oficialismo tiene el apoyo de la gente, "enfrentaríamos aún a la Gendarmería".
En este sentido, el hijo del mandatario le explicó a La Nación que sus palabras "fueron mal interpretadas, porque se entendieron como si yo quisiera enfrentar, por la vía de los hechos, al gobierno nacional. Y no es así. Jamás incitaría a la violencia".
Por su parte, el propio general dijo que los dichos de Ricardo fueron fruto de "su juventud" y, en cierto modo, lo descalificó al señalar que "se le salió la cadena".
En manos de la Corte
En tanto, la crisis política parece no tener la intención de reconocer feriados, ya que Ricardo Bussi le dijo a La Nación que el oficialismo espera que la Corte Suprema provincial habilite los días no laborables para resolver acerca de dos pedidos del bussismo antes de que llegue la suspensión por 60 días al gobernador.
Uno de los recursos presentados ante la Corte es del legislador Jorge Lobo Aragón, quien recusó a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Malvina Seguí (PJ), por considerar que se excedió en sus dichos; a los integrantes de dicha comisión, por creer que prejuzgaron cuando pidieron la renuncia del mandatario; y a los miembros opositores de la Comisión Investigadora, por considerar que se excedieron en sus funciones.
El segundo pedido es de otro bussista, Roberto de la Orden, quien planteó la inconstitucionalidad de la ley de juicio político.
Ahora se plantea una carrera contra el tiempo: si la Comisión de Juicio Político acusa a Bussi antes de que la Corte resuelva, el general será acorralado y la suspensión será un hecho.
Tal vez por ese motivo, Bussi aprovechó la conferencia de prensa de ayer para expresar su deseo de que en estas Pascuas se "serenen los espíritus y conduzcan a un desenlace feliz".
