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Carrasco: el juez Labate investiga si lo mataron los médicos
Otra historia: registros adulterados en el hospital del cuartel y nuevos testimonios cuestionan la sentencia del crimen.
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Nuevos testimonios y el descubrimiento de adulteraciones en documentos médicos que entregó el Ejército obligaron al juez federal del Neuquén, Guillermo Labate, a encarar a fondo el máximo tabú del caso Omar Carrasco: la posibilidad, fundada en pruebas, de que al soldado no lo mataran los tres condenados por el crimen, sino médicos militares y subtenientes enfermeras del cuartel de Zapala, que lo habrían atendido en forma clandestina y equivocada durante su agonía.
Labate investiga los encubrimientos del crimen ocurrido entre el 6 y el 9 de marzo de 1994, y encontró indicios de asistencia médica o paramédica en las fichas de salud y en la adulteración de una planilla de consumo de medicamentos del hospital de la unidad, informó una fuente de la causa.
También halló pruebas de que en marzo de 1994 la farmacia del cuartel entregó 400 pastillas de formalina, un antiséptico de fuerte olor, para disimular el del cadáver. El cuerpo fue ocultado durante un mes en la guarnición.
Por este motivo, el juez citó a la jefa de la farmacia, mayor Adriana D´Andrea Coll, a prestar otra declaración.
Ante los nuevos elementos, Labate ordenó el martes último a la Facultad de Medicina de la UBA que se pronuncie sobre el estudio del perito oficial de la causa, Alberto Brailovsky. En un extenso informe este médico legista de la Policía Federal afirmó que Carrasco no murió casi en el acto por un golpe en el pecho, como dice la historia oficial, sino tras una asistencia errónea que se extendió de 48 a 60 horas mientras los militares lo tenían secuestrado.
Sobre este punto, un nuevo testigo declaró que, en marzo de 1994, el entonces soldado Jorge Anzorena le contó que "a Carrasco lo encerraron en un calabozo". Anzorena está acusado de encubrimiento.
"En el exterior, no aquí"
La historia oficial que elaboró el Ejército y refrendó la Justicia sostiene que a Carrasco lo mataron a golpes el subteniente Ignacio Canevaro y los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. Aunque los tres se declararon inocentes, Canevaro recibió una condena de 15 años, y Suárez y Salazar, de 10.
Uno de los problemas del estudio encargado a la Facultad de Medicina radica en que Brailovsky cuestionó seriamente las conclusiones de los tres forenses de la Corte Suprema que efectuaron la reautopsia del soldado. Uno de ellos, Julio Ravioli, es el titular de la cátedra de Medicina Legal de esa facultad.
Si el informe de Brailovsky estuviera en lo cierto, la reputación de los forenses sufriría un nuevo golpe. La jefa de radiología del cuerpo forense, Cynthia Urroz, que actuó en el caso Carrasco, fue acusada de falso peritaje en una causa que lleva el juez de instrucción Raúl Irigoyen. Ahí actúa Brailovsky como perito de la querella.
"A Labate le habíamos pedido que enviara el informe de Brailovsky a una consulta en el extranjero, no aquí", plantea Daniel Valencia, codefensor de los condenados.
Contactos con el Ejército
El Tribunal Oral del Neuquén condenó a Canevaro y a los dos soldados sin permitir que declarara Brailovsky. De ratificarse su informe, la sentencia se caería afectando, también, al jefe del Ejército, general Martín Balza. El Tribunal Oral del Neuquén juzgará los encubrimientos, pero semanas atrás uno de sus miembros, Eugenio Krom, debió apartarse debido a sus asiduos contactos, en el Neuquén y en confiterías porteñas, con Juan Carlos Moreno Campos, abogado del Ejército para el caso Carrasco.
Una vez ocurrido el crimen, el Ejército comunicó que el soldado había desertado. Luego quiso presentar la muerte como accidental y, más tarde, y debido a la presión pública, entregó como asesinos a Canevaro, Suárez y Salazar.
Como no había pruebas, un sargento cambió su declaración y los acusó. Labate procesó por encubrimiento a Víctor Jordán y a Raúl José, los dos tenientes coroneles que participaron de la supuesta investigación castrense contra Canevaro.
El juez federal de Zapala, Rubén Caro, y su fiscal, Luis María Viaut, legitimaron aquella investigación ilegal del Ejército, por lo cual Caro afronta un pedido de juicio político y, junto con Viaut, una denuncia por encubrimiento.
El fiscal Viaut también mantuvo contactos con Moreno Campos, que una noche lo invitó a cenar en Buenos Aires. En los encubrimientos, Viaut primero ordenó la intervención de Brailovsky, pero, después de leer su estudio, no lo tuvo en cuenta y, posteriormente, llegó al extremo de pedir que se lo "careara" -como a un sospechoso- con los tres forenses de la Corte. Labate rechazó la propuesta del fiscal luego de subrayar su originalidad.
Larga agonía
Si bien el crimen es cosa juzgada, en la causa de los encubrimientos Brailovsky determinó que Carrasco no murió en 80 minutos como consecuencia del golpe en el pecho, como declararon los forenses.
Al analizar recetas adulteradas y registros del hospital del cuartel, Brailovsky concluyó que al muchacho, a lo largo de una agonía de 48 a 60 horas, lo atendieron -mal y en forma clandestina- el capitán médico Jorge Corvalán, el cardiólogo civil Norberto Kurchan y tres subtenientes enfermeras.
Para la historia oficial, Carrasco murió el 6 de marzo. Brailovsky descubrió que dos días después, el 8, le aplicaron la vacuna tabdite, que incluye la antitetánica, porque lo atendían en un sitio sin asepsia médica y corría peligro de una infección. La vacunación figura en la ficha médica del soldado y en un registro de la farmacia castrense. El 8, Kurchan firmó una receta prescribiendo la vacuna al soldado Orlando Costa, que no la recibió. Brailovsky sostiene que era la vacuna de Carrasco.
Labate pidió las fichas médicas de los otros soldados y se sorprendió al leer que todos aparecen vacunados el 8 cuando, en realidad, hay dos planillas y numerosas recetas donde consta que la vacunación real se produjo entre el 12 y el 14 de marzo.
El sargento ayudante enfermero Rodolfo Moyano llenó las fichas y anotó que todos se vacunaron el 8. Labate le tomará un nuevo testimonio. El del año último se retrasó porque, justo el día en que debía declarar, el cuartel envió a Moyano en comisión a Buenos Aires. La farmacéutica D´Andrea Coll no declaró, pues el mismo día tenía que operarse en Córdoba.
El peritaje encargado a la Facultad de Medicina plantea otros interrogantes. En Buenos Aires, los jueces de instrucción Irigoyen y Guillermo Carvajal investigan dos causas donde, en conjunto, se acusa a cinco forenses de la Corte de falso peritaje y encubrimiento.
Ambos jueces ordenaron peritajes a la Facultad de Medicina, que se negó argumentando que carecía de los recursos humanos y materiales necesarios.
Tras estas negativas, ¿aceptará intervenir en el caso Carrasco?
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