Caso Andis: indagaron a Diego Spagnuolo en la causa por presunta corrupción en Discapacidad
El exfuncionario le contestó al juez que no iba a declarar ni a contestar preguntas, pero dijo informalmente que no son ciertos los hechos que se le imputan
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El exdirector de la agencia Andis, Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que describen coimas dentro del organismo, se negó a declarar hoy en su indagatoria y no contestó preguntas ni del juez Sebastián Casanello ni del fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de ser una parte central de un presunto esquema de cobros y pagos ilegales con droguerías.
El exfuncionario de la Libertad Avanza hizo, sin embargo, una serie de “aclaraciones” informales durante la audiencia que quedaron registradas en la grabación por las cuales negó todas las acusaciones.
Spagnuolo llegó a los tribunales a las 13, media hora antes del inicio de su indagatoria. De saco azul, camisa blanca y pantalón beige, ingresó por la puerta central del edificio y subió al cuarto piso del edificio rumbo al juzgado que subroga Casanello. Se fue a las 14.40.
El fiscal Picardi presentó la semana pasada un dictamen en el que acusó al exdirector de la agencia de haber “permitido, consentido o supervisado” el direccionamiento de compulsas de precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables.
Spagnuolo negó frente al juez haber cometido los delitos de los que está acusado, pese a anunciar que no declararía formalmente por recomendación de su abogado.
Durante el tiempo que duró la indagatoria, al funcionario lo notaron algo disminuido. “Cabizbajo”, precisó una fuente presente en la audiencia.
Antes de que comenzara la indagatoria, su abogado, Mauricio D’Alessandro, -que es el tercer letrado que representa a Spagnuolo en la causa- dijo que el exfuncionario hablaría ante el juez y que aportaría una pericia de los audios que aseguraría que fueron editados con inteligencia artificial, algo que finalmente no ocurrió.
“Hubo audios manipulados, editados por inteligencia artificial”, dijo D’Alessandro. Para el fiscal, sin embargo, esas grabaciones no constituyen una piedra angular en su investigación. El asunto está bajo estudio en la Cámara Federal.
D’Alessandro, a su vez, negó que Spagnuolo gestionara pagos o conociera a las personas que desde dentro del organismo -según la hipótesis fiscal- respondían a operadores externos sin cargos oficiales.
También negó que su cliente hubiera recibido cinco millones de pesos en el marco de los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la causa. El fiscal apoya esta hipótesis con fotos que lo muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a lo de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados, en San Telmo.
“Los cinco millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea, tardaron dos meses y dos días en juntar los cinco millones para un viaje o no son contemporáneos”, afirmó.
Spagnuolo estaba obligado a presentarse hoy ante la Justicia, pero la ley le daba la opción de declarar oralmente, entregar un escrito o negarse a hacerlo y no contestar preguntas del juez ni del fiscal.
Antes de su indagatoria, se habían negado a declarar Pablo Atchabahian, que fue indagado la semana pasada, luego de ser detenido, y Miguel Ángel Calvete, que estuvo ayer en los tribunales federales. Restan 12 indagatorias más.
Calvete y Atchabahian están acusados por el fiscal de actuar como directores extraoficiales en la agencia de Discapacidad a través de personas que sí eran funcionarios y les respondían.
Spagnuolo, que supo ser el abogado del presidente Javier Milei, fue director de la agencia que está bajo la mira de la Justicia hasta la explosión del caso.
“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”, señala Picardi en su dictamen.
Y sigue: “[Funcionó] como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
La causa nació al calor de una serie de audios en los que una voz que sería la de Spagnuolo describe con bastante nivel de detalle un presunto esquema de pagos ilegales que corre en paralelo a su figura y que involucraría a las droguerías y a la hermana del Presidente, Karina Milei. Por el momento, la investigación no alcanzó a otras áreas del Gobierno por fuera de la Andis.
La validez de esas grabaciones furtivas está siendo cuestionada por la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las empresas investigadas, y por el propio Spagnuolo, que luego de permanecer en silencio en el expediente, se plegó a la estrategia defensiva de los empresarios.
El asunto, junto con otro planteo de los Kovalivker, debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que celebró una audiencia hace dos semanas para escuchar a cada una de las partes.
“Entendemos que esos audios violan el derecho a la intimidad, violan el derecho al debido proceso”, dijo en la audiencia D’Alessandro.
“Fueron obtenidos, si fueran ciertos los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueran editados, si fueron editados con inteligencia artificial, o si fueron parte de una maniobra de inteligencia, por ejemplo si la propia AFI o algún organismo de inteligencia ha estado organizando tareas sobre particulares sin la debida autorización judicial”, siguió.
D’Alessandro es el tercer abogado de Spagnuolo. En un principio, el exfuncionario fue representado por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, pero los letrados renunciaron cuando la Justicia secuestró 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados que Spagnuolo mantenía en una caja de seguridad.
Los abogados alegaron “motivos personales”, pero después trascendió que la relación con Spagnuolo estaba rota.
Luego fue el turno de la defensora oficial Florencia Plazas, que fue reemplazada luego por D’Alessandro, que en la audiencia insistió con que el origen de los audios era objeto de investigación en una causa paralela y violaba el derecho a la intimidad de su cliente.
“Estamos hablando de un funcionario público que lo que relata son actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad”, contrapuso el fiscal Picardi, quien destacó que Spagnuolo describió a más de una persona el presunto sistema de coimas y, además, fue echado del Gobierno.
“No hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuolo sufrió un acto de espionaje ilegal”, añadió el fiscal, que apuntó a construir su caso con independencia de aquellas grabaciones.
Para el fiscal Picardi tampoco está claro cómo Spagnuolo encaró una “reforma sustancial y onerosa” en su casa del barrio Campos del Alto Grande, en Pilar, puesto que la obra no se tradujo en una disminución de su patrimonio. Hoy, como parte de sus “aclaraciones”, Spagnuolo sostuvo que esas refacciones fueron “menores”, dijo una fuente de la causa.
Como parte de la investigación de Picarid surgió, además, que el exfuncionario recibió un pago de $5 millones por parte de Calvete para disponer de efectivo en un viaje a Israel que finalmente no se realizó.
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