Caso “Gestapo”: la Cámara Federal anuló los procesamientos contra funcionarios de JxC y la AFI

La Cámara Federal porteña anuló este martes todos los procesamientos dictados contra exfuncionarios de Juntos por el Cambio y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el caso conocido como “Gestapo sindical”. Habían sido procesados por haber coordinado con empresarios el armado de causas judiciales para avanzar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, que era el líder de la Uocra platense.

El fallo de la Cámara fue por dos votos contra uno. Votaron por anular los procesamientos los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. En disidencia se pronunció Eduardo Farah.

El fallo anulado lo había dictado el 28 de abril de 2022 el juez federal Ernesto Kreplak, que procesó a exministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro; al senador bonaerense Juan Pablo Allan, al exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi y a los exfuncionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano. Los acusó de haber violado la ley de Inteligencia Nacional -los espías como autores del delito y los demás, como partícipes necesarios- y de haber sido cómplices de “prevaricato” , por haber colaborado con la supuesta actuación ilegal de un juez.

Según Llorens y Bertuzzi, ese fallo de Kreplak tuvo “vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido”; entre otros motivos, porque no estuvo debidamente fundamentado.

El caso se inició el 27 de diciembre de 2021 por una denuncia de la AFI. La entonces interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño, dijo haber encontrado una serie de “archivos audiovisuales” luego de “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos” en las oficinas de la AFI. Entre esos archivos, presentó videos que estaban en el organismo, presentó videos de una reunión realizada en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 15 de junio de 2017. De ese encuentro participaron, además de exfuncionarios, empresarios que se quejaban desde hacía tiempo de las extorsiones a las que los sometía Medina y sostenían que durante el kirchnerismo no habían tenido respuesta a sus reclamos.

En uno de esos videos se ve a Villegas decir: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pidiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En ese encuentro, Villegas explicitó además un plan de acción contra Medina. “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza (...). Se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”, dijo. Villegas les pidió a sus interlocutores -los empresarios- que sus “instituciones” hicieran “presentaciones” para poder darle “volumen” a una “instancia judicial” y les dijo que a partir de eso intervendría “la fiscal, con todo el soporte de la Procuración general”.

El fallo de hoy de los camaristas Llorens y Bertuzzi sostuvo que el juez “partió de suponer una situación de ‘conflictividad gremial’ entre grupos empresarios de la construcción y el sindicato Uocra-La Plata” y dijo que ante esa conflictividad se decidió recurrir a “tareas de inteligencia ilegales” con el único objetivo de perseguir a “líderes sindicales” y, puntualmente, a Medina. Según los jueces, con ese planteo, Kreplak ignoró los argumentos de las defensas que mostraron que “la referida conflictividad pudo haber tenido alcances mayores” que “justificaban la preocupación estatal y empresaria”.

Los magistrados de la mayoría sostuvieron que, por ejemplo, el juez no consideró testimonios de trabajadores y empresarios que no estuvieron en la reunión del Bapro y que denunciaron constantes coacciones de Medina y su gente. “La situación existente al momento de los hechos aquí investigados superaba los estándares de un mero conflicto gremial y, por el contrario, podría haber presentado notas de ilegalidad, lo que también pone en crisis la afirmación sobre la presunta persecución desplegada contra ‘líderes sindicales”, dijeron Llorens y Bertuzzi, que pidieron que ahora se profundice la investigación para “agotar todas las hipótesis”.

Es que según los camaristas que firmaron el voto de la mayoría, el escenario que rodeaba a la reunión del Bapro “torna difusas y debatibles las conclusiones que puedan extraerse” de los registros de esa reunión.

Llorens y Bertuzzi sostuvieron que es necesario indagar para averiguar por qué se grabó esa reunión y cómo fue encontrado ese video tiempo después. Dijeron que en otras causas penales, “llamativamente”, ya ocurrieron otros hallazgos “casuales” de pruebas que no permiten conocer la razón de su existencia ni su “trazabilidad”. Los jueces relataron que Kreplak dio por cierto lo declarado por uno de los acusados, Diego Dalmau Pereyra, que dijo que él colocó y sacó los micrófonos de la sala de reuniones “por orden de su superioridad”, sin investigar más.

Los camaristas afirmaron en su voto de la mayoría que Kreplak procesó a los tres exdirectivos de la AFI por haber realizado acciones de “inteligencia prohibida”, pero que omitió considerar que “no toda actividad fuera del control orgánico y tamizada por la ley es ‘espionaje”. Entendieron que, por eso, es necesario volver a analizar los hechos de esta causa.

En cuanto a los funcionarios Villegas, Garro, Alan y Grassi, procesados como “partícipes necesarios” del delito adjudicado a los espías, Llorens y Bertuzzi sostuvieron que no están claros cuáles fueron sus “aportes concretos” a los actos de inteligencia ilegal, más allá de su participación de la reunión del Bapro -que los camaristas alegaron que no puede ser tenida por sí misma como un acto de espionaje prohibido-. “No surge que los nombrados hubieran colaborado o intervenido de alguna forma en la realización de las tareas de campo, de recolección de información ni en ninguna otra de las acciones prohibidas por la ley de inteligencia”, sostuvieron Llorens y Bertuzzi. Dijeron además que no queda claro cómo colaboraron en la elaboración de los informes cuestionados, “más aún si la mayoría de estos fueron confeccionados con antelación a la reunión del 15 de junio de 2017″.

Los informes en cuestión se realizaron sin orden judicial e incluyeron averiguaciones sobre movimientos migratorios, búsquedas en registros, seguimientos, tomas de fotografías e identificaciones de lugares relacionados con Medina, su familia y personas allegadas.

Farah, que votó en disidencia, relató que desde 2016 funcionarios públicos habían recibido quejas de empresarios por los tratos extorsivos a los que los sometía Medina. “Dichos funcionarios comprometieron su ayuda para evitar que eso siga ocurriendo. Sin embargo, las vías que escogieron para ello no fueron las legalmente establecidas”, afirmó Farah, que relató que en lugar de hacer la denuncia penal, los funcionarios dieron intervención a la AFI para que desarrollaran “tareas de investigación criminal sin orden judicial” y con el resultado de esas tareas, presentaron una “denuncia anónima” en el juzgado federal de Quilmes, “dando lugar a un proceso que avanzó sobre la base de un determinado consenso entre los funcionarios y el juez”.

“Ninguna intención, por más legítima y genuina que sea, puede justificar la violación de normas constitucionales y legales”, afirmó Farah en su voto en soledad. Destacó además que ninguno de los funcionarios hizo la denuncia penal de los delitos que fueron puesto en su conocimiento durante la reunión del Bapro.

Quien retome la investigación de este caso, que ya no tiene procesados, será el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi. En 2022, la Cámara Federal -en un fallo que convalidó la Cámara Federal de Casación- dispuso que la causa ya no tramite en el juzgado de Kreplak y que pase a los tribunales porteños de Comodoro Py para ser instruida junto con otras denuncias de espionaje ilegal durante el macrismo.

LA NACION

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