Caso $LIBRA: Mauricio Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación penal y sostiene que no hubo estafa

Horas antes del debut de la selección argentina en el Mundial de fútbol, el lobista Mauricio Novelli solicitó a la Justicia que excluya del expediente criminal a los inversores afectados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa o que hayan sido víctimas de un engaño. De ser aceptada la petición, la investigación perdería a varios de sus impulsores más activos.

Novelli planteó una “excepción de falta de acción” mediante un escrito de 46 páginas en el que afirmó que la causa “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el planteo, la investigación no logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o el presidente Javier Milei, entre otros.

Con la firma de su abogado, Daniel Rubinovich, el lobista también defendió el proceder del presidente Javier Milei cuando posteó un mensaje y el código alfanumérico para comprar la “memecoin” en su cuenta de la red X. “Los querellantes no explican qué representación patrimonial falsa habría generado en ellos, ni cómo habría determinado su conducta ulterior”, sostuvo. La defensa subrayó que el posteo tuvo un contenido político y no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad.

“Una cuestión es que una publicación determinada genere atención pública o impacto político. Y otra completamente distinta es que constituya una maniobra engañosa jurídicamente apta para provocar una disposición patrimonial típica”, afirmó Rubinovich. “La confusión entre ambos planos atraviesa buena parte de las acusaciones”.

La causa investiga si el lanzamiento de $LIBRA fue un “rug pull”: inflar el precio del token y provocar luego su derrumbe, con ganancias para los desarrolladores y pérdidas para los compradores. Según reconstrucciones preliminares incorporadas al expediente, unas 74.000 personas adquirieron la moneda y nueve cuentas fundadoras retiraron alrededor de 286 millones de dólares; quienes vendieron a tiempo se llevaron cerca de 100 millones y el resto perdió su inversión.

El pedido apunta contra cinco compradores del token que fueron admitidos como querellantes: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, quien se presentó ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados como vocero de más de 200 inversores. Novelli pidió apartarlos porque, a su criterio, ya no revisten “la calidad de particulares ofendidos” como exige el Código Procesal Penal. Recordó que la Cámara Federal los aceptó en una etapa inicial, cuando no podía descartarse una hipótesis de estafa, pero sostuvo que esa admisión “jamás implicó una validación definitiva” y que, tras más de quince meses de instrucción, esa hipótesis no encontró sustento.

Aquella aceptación inicial de la Cámara Federal, cabe recordar, ocurrió luego de que el propio Novelli pidiera el año pasado que los inversores no fueran aceptados como querellantes en la causa penal. Ese planteo fue rechazado por tres instancias de apelación, incluida la Corte Suprema, dejando firme la participación de Romeo, Marchetto y otros con acceso al expediente y capacidad de pedir prueba, solicitar indagatorias y cuestionar el rol del fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano.

En su presentación, Novelli centró su estrategia en que $LIBRA era una “memecoin”, un activo no regulado, descentralizado y de extrema volatilidad. Por eso, según la defensa, no rige el principio de confianza propio de los mercados financieros tradicionales, sino el de “autorresponsabilidad” de quien decide adquirir instrumentos altamente volátiles.

En ese marco, la defensa sostuvo que en el expediente no aparece ninguno de los elementos típicos de la estafa —engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio causalmente vinculados—, es decir, los requisitos básicos para que exista una estafa en términos penales.

Novelli argumentó, además, que los propios querellantes eran operadores experimentados. Según el escrito, Vega realizó seis operaciones con una billetera Phantom; Marchetto compró por unos 950 dólares mediante Jupiter; Quintero afirmó estar interiorizado en criptomonedas desde 2016; y Paris operó en la sección de alta volatilidad de Ripio. Ese nivel de conocimiento, sostuvo la defensa, vuelve menos plausible que hayan sido inducidos a error.

El abogado remarcó que varios querellantes desplazaron su reclamo hacia el delito de negociaciones incompatibles, vinculado al funcionamiento de la administración pública. Así, por ejemplo, Marchetto pidió en marzo citaciones a indagatoria exclusivamente por esa figura. La defensa sostuvo que la investigación derivó hacia delitos contra la administración pública, lo que —a su criterio— elimina el presupuesto que justificaba la intervención de los querellantes como damnificados directos.

El escrito rechazó, por último, que el caso configure un “rug pull”, es decir, el retiro deliberado de un proyecto tras captar fondos. Sostuvo que los impulsores son personas identificables, que el proyecto continuó operativo y que existieron iniciativas posteriores vinculadas al token, incluyendo la creación de un fideicomiso para canalizar fondos. Además, insistió en que una caída abrupta en la cotización de un activo no convierte por sí sola una inversión fallida en un delito, sino que forma parte de la lógica de mercados muy especulativos.

Ahora, la decisión sobre la exclusión de los querellantes quedará en manos del juez federal a cargo de la investigación, Marcelo Martínez de Giorgi, quien correrá traslado al fiscal Taiano. Si prospera el planteo, en pleno Mundial de fútbol, los inversores perderían su rol de querellantes y, con él, la capacidad de impulsar nuevas medidas de prueba, insistir con citaciones a indagatoria o incidir en el rumbo de la causa.

Por Hugo Alconada Mon

• Escándalo cripto
• Javier Milei

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