Causa Correo: la Corte rechazó intervenir en el expediente y la Procuración debe definir antes de las elecciones

Los idas y vueltas comenzaron en el 2001
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24 de septiembre de 2019  • 16:55

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy, por unanimidad, intervenir en el expediente por la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A. La Procuración General tiene ahora 15 días hábiles para definir si aprueba el acuerdo al que llegaron los directivos de la firma de la familia del presidente Mauricio Macri y la actual administración.

Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ): "En el acuerdo del día de la fecha la Corte, por unanimidad, declaró mal concedido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional que pretendía la ampliación del plazo para evaluar la propuesta concordataria de Correo Argentino S.A., y dispuso la devolución de la causa para continuar con el trámite del concurso".

Según explicaron los magistrados, "la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, frente a la solicitud del Estado Nacional de fijar un plazo no menor a 120 días hábiles para evaluar la mejora de propuesta presentada en autos, y tras explicitar que esa petición no importaba nuevas razones que las que ya se habían considerado frente a la anterior propuesta, juzgó prudente no conceder el término requerido y, en cambio, otorgó por última vez un plazo de 15 días hábiles para que el Estado Nacional se expidiera".

"Contra esta decisión el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario federal que, si bien fue rechazado por la arbitrariedad alegada, fue concedido en virtud de la causal de 'gravedad institucional'", explicaron.

La Corte sostuvo que el mero hecho de que sea el Estado Nacional quien recurre, sin precisar de qué manera la decisión pondría en juego principios esenciales de orden social, cuyas consecuencias se proyectarían sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o la defensa del interés de la sociedad como un todo, como se afirma, importa desconocer el riguroso principio de acuerdo con el cual la presencia de "gravedad institucional" no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso; que -en todo caso- sólo facultaría al Tribunal para prescindir de ciertos recaudos formales frustratorios de su jurisdicción extraordinaria, pero no para tomar intervención en asuntos en los que no se ha verificado la presencia de una cuestión federal.

Con este argumento y descartada la existencia de cuestión federal por la Cámara, decisión que no fue cuestionada por el Estado Nacional con el correspondiente recurso de queja, el Tribunal declaró mal concedido el recurso extraordinario y dispuso la devolución del expediente al tribunal de grado para que continúe el trámite del concurso.

Cómo llegó a la Corte

El planteo central de la Procuración era que necesitaba otros 180 días hábiles para analizar la tercera y última "mejora de propuesta" que presentó la empresa y que los 15 días hábiles que le concedió la Cámara "por última vez" la resultaban un plazo demasiado exiguo y "arbitrario".

Con la firma de María Gómez Alonso de Díaz Cordero y de Matilde Ballerini, la Cámara rechazó que resultara arbitrario concederle 15 días hábiles en vez de 180 días, como en ocasiones anteriores. Pero abrió las puertas para llegar a la Corte porque, estimaron, "lo decidido podría comprometer las instituciones básicas de la Nación y su patrimonio".

"Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido", completaron las camaristas.

¿Qué ofreció el Grupo Socma en su última oferta? Cancelar su deuda de $296 millones por el canon impago de la concesión, más los intereses acumulados desde julio de 2002, en un solo pago y al contado, en vez de cancelarla en 15 cuotas anuales. Segundo, aplicar la misma tasa de interés a esa deuda y a las acreencias que pueda reconocerle la Justicia en sus cuatros juicios contra el Estado. Tercero, aplicarle una quita a su deuda del 20% en vez del 30% planteado en la propuesta anterior. Y renunciar a cualquier juicio futuro contra el Estado por daños y perjuicios -en particular, lucro cesante- "por la quita de la concesión del servicio postal y la apropiación de sus activos".

Sin embargo, el contrapunto entre el Grupo Socma y la fiscal Boquin alrededor del posible acuerdo derivó en un escándalo que forzó al presidente Macri a dar explicaciones en conferencia de prensa y conllevó la apertura de una investigación criminal en la que el juez federal Ariel Lijo ya indagó al entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

Esa investigación también resultó afectada por la remisión del concurso a la Corte. Lijo había pedido que le remitieran el expediente, pero la misma jueza Cirulli que dispuso la coadministración del Correo Argentino SA debió indicarle a su colega que cumplir con su pedido "resulta imposible por el momento", ya que el expediente se encuentra en el máximo tribunal.

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