Causa dólar blue. Investigan a un excandidato de La Libertad Avanza y a un banquero de Tucumán ligado a Piccirillo

Un excandidato de La Libertad Avanza apareció en la ruta del dinero que investiga la causa del dólar blue. Se trata de Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. A mediados de abril, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de esa sociedad. Un sumario del Banco Central la identificó como una de las estaciones que utilizó la casa de cambio de un binguero para realizar un “rulo” sin efectivo: adquisición de dólares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un dólar más caro, conocido como “dólar MEP”. No es el único banquero investigado. La Justicia también allanó la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Elías Piccirillo.

Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.

Sobre la actual investigación, voceros de Napoli Inversiones consultados por LA NACION sostuvieron que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. “No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?“, cuestionaron.

La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.

Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.

Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. “Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares”, detalló un sumario del Central.

La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.

Este rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utiliza dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.

En noviembre de 2023, justo antes de que comenzara la gestión de Milei, el BCRA emitió una normativa que limitó el volumen de ventas permitido, algo que financistas y abogados consultados por LA NACION interpretaron como una regla “anti blue”. Este otro rulo, a diferencia del de 2022 o 2023, tiene trazabilidad. Sin embargo, el objeto cuestionado no cambia: el acceso a millones de dólares baratos en época de cepo y su posterior utilización.

El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con “fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros”. Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.

Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.

Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.

El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. “Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio”, se puede leer en el expediente.

Desde la defensa de Blanco indicaron a LA NACION que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. “Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”, agregaron.

Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $ 20.000.000 mensuales, “proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta “Su Crédito”. Y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. “Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina", aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.

Cuando Piccirillo terminó preso, su ex socio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar “negociar” y viajó a Tucumán. “Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán", contó Smith.

En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirilo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron “enfáticamente” alguna participación en las presuntas operatorias del blue.

Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.

Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio “del sistema de administración de reservas”. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.

Por Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi

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