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Suspendieron por 30 días un operativo en una estancia de Lázaro Báez porque las ovejas están en período de parición
Las autoridades encontraron cerca de 6000 ovinos y corderos recién nacidos; quedaron bajo custodia de la Gendarmería y de un peón
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
RÍO GALLEGOS.− Un operativo judicial en la estancia Alquinta, uno de los campos bajo sospecha en las causas conexas por lavado de activos y narcotráfico que tiene a Lázaro Báez como principal imputado, quedó suspendido por decisión de la Fiscalía Federal. El motivo no fue procesal sino ganadero: el establecimiento alberga unos 6000 ovinos, que se encuentran en pleno período de parición.
Según informó la fuerza provincial, durante esas tareas se individualizaron animales con marcas ilegibles y señales que no correspondían al establecimiento. Sin embargo, la Unidad Fiscal que lidera la investigación decidió frenar los trabajos por 30 días.
La diligencia es parte de los múltiples allanamientos ordenados en Buenos Aires, Santa Cruz y varias estancias. En el caso de estas últimas fueron los efectivos de la División Operaciones Rurales Río Gallegos quienes colaboraron con la Prefectura Naval Argentina en el arreo y control de ganado vacuno, equino y ovino.
“La decisión, busca preservar el bienestar animal y evitar situaciones de estrés que comprometan la gestación, al hacer los arreos, las ovejas empiezan a parir y los corderos no las pueden seguir, se suspendió por 30 días”, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.
Quienes allí operaban están presos o se fueron. Este domingo, mientras los investigadores estaban en la estancia, se presentó un peón que aseguró haber sido contratado por Claudia Insaurralde, la pareja de Báez detenida el lunes pasado en el aeropuerto de Ezeiza.
La estancia Alquinta, de 51.000 hectáreas, ubicada en la margen norte del río Gallegos y a 90 kilómetros de la capital provincial, era la favorita y la más visitada por Báez. Ya había sido allanada en 2016, por orden del fiscal Guillermo Marijuan, cuando fue valuada en US$6 millones.
Las fuentes con acceso a la causa explicaron que la actividad se retomará en 30 días para poder controlar sin poner en riesgo la hacienda y precisar cuántos animales hay y el origen de los mismos. En los audios revelados por la investigación judicial, uno de los procesados se refirió a las llaves de la estancia Alquinta.
Los investigadores sostienen la pista de que la banda operaba en la estancia como parte de una organización dedicada a lavar activos por un flujo estimado en 390.880.000 millones solo en los últimos meses. Y que toda la operación era controlada por Báez desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años por otras causas.
Así surge de fuentes ligadas a la investigación de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.
“Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria”, sostuvo Zárate en la audiencia acusatoria.
La investigación contra Báez se originó a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas en el marco de la investigación de una organización narcocriminal. Sobre esta, la fiscalía atribuyó a sus nueve integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones y a su distribución a través de un lavadero en el que se realizaban las entregas del material.
La fiscalía señaló que el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el entorno de Báez no solo sustraía activos del control judicial −incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación−, sino que además utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes.
“El tío”
Los investigadores sostienen que Báez impartía directivas desde una línea registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. En una de las escuchas se refirió a sí mismo como “el dueño de la historia”. Su entorno lo llamaba “Antonio” o “el Tío”.
En otra conversación, expuesta en la audiencia, daba instrucciones sobre quién debía administrar la estancia La Entrerriana y aseguraba que él iba a “supervisar los dos lados”. El nexo entre ambas causas es Cristian Ibáñez, a quien la fiscalía describe como “operador de hecho y administrador territorial” de Báez y como uno de los jefes de la banda narco.
El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez declaró la legalidad de 12 detenciones y las transformó en prisión preventiva, entre ellas la de Báez. Fijó medidas de coerción para otros cuatro imputados y estableció en dos años el plazo máximo de las investigaciones, como pidió el Ministerio Público Fiscal.
Por Mariela Arias
