Causa Vialidad: el tribunal refutó la hipótesis kirchnerista del “lawfare” y pidió investigar a abogados

En una respuesta directa al planteo de varios abogados defensores, entre ellos a Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los asesores legales de Cristina Kirchner, el Tribunal Oral Federal N°2 refutó en sus argumentos la hipótesis del kirchnerismo sobre la existencia de “lawfare”.

“Es una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”, sostuvieron Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu en los argumentos de la condena a la vicepresidente, en un texto que tiene más de 1600 páginas.

“Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho”, señalaron los jueces, quienes mencionaron, uno a uno, a los abogados defensores que apelaron a este argumento. También lo hizo Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido. Los magistrados habían sido fuertemente cuestionados por el kirchnerismo por haber iniciado el juicio oral en mayo de 2019, en medio de un año electoral.

El Tribunal argumentó sobre el “lawfare” casi en un apartado especial: “Nos referimos a los argumentos defensistas llevados al extremo de calificar a la totalidad de este proceso como una expresión concreta de una “guerra judicial” -o “lawfare”, según el anglicismo utilizado- llevada adelante contra algunas de las personas aquí imputadas, supuestamente ejecutada por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios masivos de comunicación. Cuatro de las defensas, integradas por los Dres. Beraldi y Llernovoy, Paruolo y Galván, Rusconi y Palmeiro, y Arce y Guzmán, dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”.

Y agregaron: “Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de resaltar que escapa a nuestro entendimiento de qué modo la hipótesis conspirativa podría impactar sobre el análisis al que nos ha convocado el juicio oral y su consecuente sentencia, pues nada agrega ni conmueve el proceso deliberativo realizado ni al razonamiento que subyace a la decisión adoptada en torno al reproche penal que hemos formulado y volcado en las páginas que anteceden a esta reflexión. No niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita. Cuestionar la legitimidad del tribunal, por sobre su razonamiento, no es otra cosa que un argumento falaz, del tipo ad hominem, que carece de aptitudes persuasivas en el marco de un procedimiento reglado”.

“Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa -tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron, y sostuvieron que el lawfare no es otra cosa que “una teoría conspirativa” que “no niega ni explica los hechos que fueron comprobados” durante el juicio. Reforzaron: “No es otra cosa que un argumento falaz”.

En ese mismo tramo final del veredicto, puntualizaron que enviarían copia de la sentencia al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que si bien tenía veedores en el juicio, debe analizar la conducta de los letrados que intervinieron.

Recordaron que la ley impone que los letrados se comporten con “lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”, y aseguraron que en el jucio oral quedó en calro que este compromiso “en ocasiones no fue cumplido”. En particular los jueces se refirieron a defensores que a la hora de exhibir las pruebas, lo hicieron de manera parcial, mostrando una parte de la documentación y ocultando otra, de modo de intentar probar mediante un ardid su punto de vista.

Por eso es que mandaron el fallo al tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “se fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” que mencioanro en la sentencia.

LA NACION

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