Chandler: "Aplaudo la decisión de cancelar la supervisión de la SUBE"

Stephen Chandler está contento. Luego de conocer el final de la supervisión de la SUBE, el consultor "aplaude" la decisión tomada por el Gobierno, ratifica su inocencia y asegura haber sido engañado "como todos los argentinos" con los desmanejos en el control del boleto electrónico, que costó $ 65 millones.

Luego de meses de silencio, Chandler aceptó responder desde Londres las consultas realizadas por LA NACION. En un intercambio de correos electrónicos, el ex jefe del servicio expresó su alegría por la medida oficial y remarcó que no le preocupa su situación judicial, pero no arriesgó un pronto regreso a la Argentina.

"Es una excelente noticia. No me gustaba estar asociado a ningún contrato empañado por corrupción. Este es un resultado acertado, por eso aplaudo al ministro [Florencio] Randazzo porque esto significa que mis socios no tendrán más acceso a dinero corrupto", dijo el inglés.

El Gobierno rescindió la semana pasada la supervisión de la SUBE, luego de que LA NACION revelara irregularidades en el concurso y la existencia de empleados fantasmas. La Justicia investiga por qué la Secretaría de Transporte eligió una oferta $ 10 millones más alta para asignar el contrato al consorcio integrado por Global Infrastructure (GI), Iatasa, IRV y González Fischer y Asociados. Chandler, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y los funcionarios que estuvieron a cargo del concurso están imputados en la causa .

Desde que GI quedó en la mira judicial, en junio, el inglés se instaló en Londres. Nunca más regresó a Buenos Aires. "No tengo miedo de volver porque ningún juez en el mundo podría arrestarme si investiga a mis socios locales, que emitieron las facturas a la Secretaría de Transporte. No tengo nada que ver con su actividad".

Sin embargo, allegados al inglés aseguraron a este medio que su abogado, Joaquín Otaegui, le aconsejó no pisar la Argentina hasta tanto no haya novedades en las causas penales en las que está involucrado.

"No tenía sentido volver, ya que cuando el tema SUBE se volvió un escándalo, mis socios ya llevaban varios meses sin pagarle a GI", señaló.

Con el caso en primera plana, la Justicia tomó las primeras medidas. Sin embargo, luego de la imputación de doce personas, no hubo avances en la causa que tramita el juez federal Sergio Torres. Chandler, máximo responsable técnico del servicio, aseguró que no tuvo contacto alguno con la justicia argentina. "No recibí ninguna notificación".

Otro escándalo

En sus anteriores apariciones públicas, Chandler había asegurado que los funcionarios de la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Schiavi, "orquestaron" la licitación de la SUBE. Y describió la complicidad entre los funcionarios, sus socios locales y el Banco Mundial, organismo que financió el contrato y que debía auditar la contratación.

Nora Turco, una de las funcionarias que había sido mencionadas por Chandler en el caso SUBE, fue protagonista de otro escándalo: le dio a su hermana la refacción de su oficina de la Secretaría de Transporte por $ 2,5 millones. Después de las notas publicadas por LA NACION, la funcionaria fue desplazada.

"Ya nada me sorprende demasiado. Me siento traicionado porque creí en esta gente durante mucho tiempo. Ahora me siento engañado como todos los ciudadanos argentinos", dijo Chandler.

La supervisión del boleto electrónico y las irregularidades en la refacción de la oficina de la Secretaría de Transporte tienen varias coincidencias. Los procesos estuvieron a cargo de los mismos funcionarios, las obras fueron financiadas por el Banco Mundial y en ambos casos se constataron denuncias por falsificación de documentos.

En la remodelación de la oficina a cargo de Turco, las cuatro empresas que participaron del concurso denunciaron que sus firmas fueron fraguadas. En la supervisión de la SUBE, Chandler sostiene que su firma que figura en los documentos en los que se pide el pago de los empleados fantasma fue falsificada.

"Este escándalo respalda mis declaraciones. Parece que existe una cultura de falsificación de documentos que es bastante preocupante", lanzó.