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¿Cierre total, prórroga o extraordinarias?: el Gobierno evalúa alternativas para evitar un durísimo golpe en el Congreso
El oficialismo prioriza frustrar el rechazo del DNU que lo habilita a canjear deuda, incluso a expensas del presupuesto 2025; fuerte presión a gobernadores para desarticular la próxima sesión
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La prioridad absoluta del Gobierno hasta el 30 de noviembre –cuando finalizará el período legislativo ordinario– es evitar que se rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846 por el que el Poder Ejecutivo se autofacultó a renegociar deuda sin la necesidad de un aval del Congreso. Para ello, los libertarios pretenden culminar cuanto antes el trabajo parlamentario, incluso si eso implica no tener el presupuesto 2025 aprobado.
“No está previsto que se convoque a extraordinarias”, aseguró la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Colonia. El funcionario relativizó, además, la importancia de contar con un presupuesto: “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo. Pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga actual”. La administración libertaria funciona actualmente con el presupuesto 2023.
Las declaraciones del jefe de Gabinete van en línea con la de otros referentes del oficialismo en Diputados y la Casa Rosada, que repiten que está “descartada” una prórroga del período ordinario y que “no está planeado” convocar a extraordinarias. La diferencia fundamental entre una prórroga y el llamado a extraordinarias es que con ésta última opción el Poder Ejecutivo determina la lista de temas a tratar. Con una extensión, los libertarios se arriesgan a que la oposición impulse una agenda adversa a sus intereses.
“Que el 30 se termine todo”, afirman sobre la actividad legislativa. Será hasta el 1° de marzo, cuando el Presidente tenga que formalizar la apertura de un nuevo año parlamentario.
La intención del Gobierno es sancionar el presupuesto 2025 en un trámite exprés en lo que queda del mes de noviembre. “Los tiempos dan”, señalan. “No queremos estar tres meses con el presupuesto, como pasó con la Ley Bases”, suman. Bajo el cronograma del oficialismo, la próxima semana Diputados debería dictaminar y aprobar en el recinto el proyecto, para que, en los otros quince días el Senado lo convierta en ley.
El apuro que declama el oficialismo por aprobar el presupuesto contrasta con la parsimonia" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">parsimonia que exhibió durante las últimas semanas. La Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, estuvo paralizada a pesar de los pedidos de la oposición de acelerar la discusión. Los diferentes bloques del Congreso coinciden en establecer un marco de acción para el Poder Ejecutivo y así evitar otorgarle “un cheque en blanco” en materia presupuestaria.
Lo cierto es que la urgencia del oficialismo para sancionar el presupuesto pareciera ser una puesta en escena. Abona a las sospechas de buena parte de la oposición de que Milei preferiría finalizar el año sin ley de presupuesto –con la excusa de que el Congreso pretende modificárselo– para luego manejar las partidas del gasto a discreción.
En rigor, los libertarios se rehúsan a extender la actividad en el Congreso porque priorizan evitar el rechazo del DNU 846, determinante para que el Poder Ejecutivo consiga liquidez y tenga una herramienta ante los vencimientos de deuda de 2025. Para el oficialismo es clave defender este decreto ya que, si el Congreso lo dejara sin efecto, se caería el canje de deuda que ya inició el ministro de Economía, Luis Caputo, para el año que viene.
A pesar de que el Gobierno también busca bloquear la reforma que limite la utilización de los DNU presidenciales, retiene aún la herramienta del veto, que hasta ahora resultó en favor de Milei. “Es más importante frenar estas dos cosas que aprobar el presupuesto”, confirmó a LA NACION un referente legislativo del oficialismo.
No será una tarea fácil: la oposición en Diputados ya pidió una sesión especial para el próximo martes para discutir ambos proyectos. Decidido a frustrarla, el oficialismo envió un fuerte mensaje de presión a los gobernadores, en el que advirtió que si sus legisladores votan a favor de limitar el uso de los DNU y aceptan derogar el decreto que flexibiliza las condiciones para renegociar la deuda, no les concederá las modificaciones que solicitaron en el presupuesto 2025.
Los libertarios están inquietos. Saben que los que motorizan la sesión en Diputados –Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia– ya reúnen los votos para darle al Gobierno este último golpe antes de fin de año.
En el Senado, uno de los dos jefes de los bloques kirchneristas, José Mayans, ya trabaja para imitar a sus colegas diputados en las próximas semanas.
Es poco probable que la iniciativa para limitar la utilización de los DNU se convierta en ley este año. La oposición debería primero emitir un dictamen y después llevarlo al recinto. De lo contrario, debería reunir dos tercios para debatirlo de manera exprés en una sesión especial. Si no obtiene luz verde en lo que queda de noviembre, el proyecto tendrá dos años más de gracia en la Cámara alta hasta perder estado parlamentario.
En cambio, la posibilidad de un rechazo definitivo del DNU 846 es alta. Si Diputados le baja el pulgar esta semana, el Senado ya estaría en condiciones de discutir su pertinencia en el recinto, donde el panorama muy adverso para el Gobierno.
