Clases: el abogado y asesor del Gobierno Eduardo Barcesat pide “la intervención de la Ciudad”

El abogado constitucionalista y asesor del Gobierno de Alberto Fernández, Eduardo Barcesat, dijo ayer que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la presencialidad de las clases “es lamentable desde el punto de vista jurídico y perverso desde el punto de vista institucional”. Por esto, señaló que los jueces de ese cuerpo “deben ser sometidos a juicio político” y que “la Ciudad de Buenos Aires debería ser intervenida”.

Barcesat, que es asesor de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en una entrevista telefónica con Somos Radio AM 530, aseguró que la intervención debería incluir a la ciudad de Mendoza, en donde también “se llama a la desobediencia de una disposición del Ejecutivo Nacional” ya que allí se determinó que las clases seguirán siendo presenciales en el ámbito de la educación pública.

El letrado tuvo duras palabras para con los jueces y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien llamó “narcisista” y dijo que el fallo de la Corte implica un “acto de sedición”, así como deslizó el concepto de “golpe de Estado”.

Fallo sobre un DNU no vigente

El abogado argumentó que sus conclusiones devienen de una análisis del texto constitucional y dijo: “Este fallo es lamentable desde el punto de vista jurídico y perverso desde el punto de vista institucional. El primer reproche que le hago es que violentando lo que dice el artículo 116 de la Constitución Nacional, la Corte falla sin la existencia de caso porque reconoce a lo largo de su fundamentación que disponía la presencialidad escolar y no la enseñanza virtual cuando ha vencido la vigencia temporal [sobre el artículo 2 del decreto 241/2021 del 15 de abril], de modo que esa norma no podía ser ya motivo de un pronunciamiento judicial”.

El abogado explicó que “tampoco el gobierno de la ciudad de Buenos Aires amplió su acción para comprender el nuevo decreto del Gobierno Nacional que tiene extrema similitud con el anterior motivo de la primigenia denuncia, solo que da un mayor fundamento en cuanto hace dividir el país en zonas para justificar, sobre todo en las zonas de riesgo, la continuidad de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas”.

Así, aseguró que la Corte “dicta un pronunciamiento sin que haya caso” y que de esta manera “aborda funciones e incumbencias que son exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional, como del Congreso de la Nación”.

Autonomía de la Ciudad y sedición

Bacerat dijo además que el fallo de la Corte puede implicar “un peligro de sedición” por parte de los poderes provinciales y que “le da un aliento político al narcisismo y pretensiones del futuro candidato, Horacio Rodríguez Larreta”, así como puede significar “un golpe de Estado”.

“La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires está perfectamente resuelta en la Constitución Nacional y en la Ley Nacional Cafiero que deslinda las funciones y responsabilidades en el ámbito de la Capital Federal que es también el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires”. Así explicó que con el fallo “no se necesitaba dictar ninguna norma al respecto ni esclarecer nada” y apuntó directo a la supuesta intencionalidad política de la oposición diciendo que el gobierno porteño le pidió a la Justicia “un pronunciamiento respecto de la escolaridad presencial o virtual y hacer prevalecer la opinión y la directiva del Jefe de gobierno local por sobre la del gobierno nacional”.

Aclaró entonces que la Corte no invocó el artículo 128 de la Constitución Nacional, que dice que “los gobernadores de provincia igual que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la constitución y las leyes de la Nación” y por lo tanto dijo que con el fallo de la Corte, “se le da un aliento político al narcisismo y pretensiones del futuro candidato, Horacio Rodríguez Larreta, que nunca demostró ninguna preocupación a lo que hace a la enseñanza pública en particular porque privilegió siempre la enseñanza privada, bajó el presupuesto sobre todo de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires y ha participado de esa conducta de desprecio para aquellos que como dijera el expresidente [Mauricio] Macri, tuvieron que caer en la enseñanza pública”.

Ante estas dos situaciones, en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, Barcesat dijo que “hay riesgo de alentar una conducta sediciosa de las autoridades locales respecto del gobierno nacional” lo que “desemboca inexorablemente en un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional porque esa cláusula atiende a un golpe de Estado, a una chileneada militar” pues, explicó, “cuando un poder local ejerce un poder que le corresponde al Congreso de la Nación o al Presidente de la Nación, está alentando un quiebre de la Constitución Nacional”.

Intervención y juicio político

Barcesat lanzó dos posibles acciones que puede ejercer el Gobierno ante el fallo de la Corte y la medida tomada en Mendoza. “Pienso que va a haber presentaciones en varios sentidos, desde el Gobierno Nacional corresponde, si así lo comparte, impulsar la intervención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y veremos cuál es la situación respecto de la ciudad de Mendoza, que es nueva, pero que ya es preocupante”, dijo.

Consultado sobre si la “desobediencia al Presidente lo arrincona al punto de tener que intervenir la Ciudad”, el constitucionalista contestó: “Le están mojando la oreja al Gobierno Nacional, le dicen ´En nuestro territorio aseguramos la presencialidad aunque seamos zona de alto riesgo´”.

Además, planteó la segunda posible respuesta del Gobierno ante el fallo: “Otra iniciativa, que sería bueno que emane del gobierno pero puede ser pedida por particulares, es el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte por mal desempeño, si cabe que haya una denuncia penal previa, por comisión de delito de desobedecer disposiciones indicadas por la autoridad en situación de pandemia”. Así explicó que el fallo de la Corte “puede generar un peligro para la salud pública”.

Eduardo Barcesat es un abogado constitucionalista que en el pasado militó en el Partido Comunista y hoy se alinea con el kirchnerismo. Fue defensor de Hebe de Bonafini, de la supuesta hija de Domingo Perón cuando reclamaba ser reconocida como tal, defendió al ex vicepresidente Amado Boudou y al dueño de Electroingeniería Gerardo Ferreira y es uno de los más duros defensores de la teoría del lawfare.