Bajo los radares: el inusual cierre de la causa por enriquecimiento ilícito del operador judicial Javier Fernández

El operador judicial y auditor general de la Nación Javier Fernández tenía una causa por enriquecimiento ilícito que fue cerrada de forma inusual. La decisión, tomada hace siete meses, pasó bajo los radares. El fallo fue firmado por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, en septiembre del año pasado, mientras Lijo -que no era el juez de la causa- subrogaba momentáneamente el Juzgado 7, del juez Sebastián Casanello.

El expediente contra el histórico operador judicial peronista había surgido como una derivación de la causa de los cuadernos de las coimas. En los registros de Oscar Centeno, Fernández era mencionado en 2015 como “Javier de Inteligencia”, vínculo que él negó cuando declaró en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio.

Bonadio promovió la apertura de la causa contra Fernández, luego de recibir un informe de la AFIP que indicaba posibles irregularidades en su patrimonio. La denuncia, sorteada en diciembre de 2019, recayó en el juzgado de Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Taiano.

El informe de la AFIP se refería a “inusualidades” que, entre otras circunstancias, “llevaron a que en el año 2015 el total del ingresos declarados por el nombrado [Fernández] registraran una variación del 289% respecto del año anterior, siendo los ingresos exentos los que mayor incremento han experimentado”. El incremento patrimonial se dio en el mismo año en el que, según los registros de Centeno, Fernández habría recibido bolsos de Roberto Baratta. Según la información de los cuadernos, la casa de Fernández era el único lugar en el que Centeno entregaba bolsos en lugar de recibir.

El informe de la AFIP que llegó a manos de Bonadio señalaba, entre otros elementos, la existencia de tres plazos fijos que Fernández tenía en el Banco Macro con familiares (uno de ellos, su hermano Sergio, camarista), e informaba que el propio banco decía desconocer el origen de los fondos.

Afirmaba, por ejemplo, que en 2015 Fernández había declarado “rentas exentas en su declaración jurada por $8.120.899″ correspondientes al rubro “intereses originados en depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo, otros”. Y agregaba: “No se ha podido verificar la realidad económica de los mismos ya que los depósitos en dinero al inicio del 2015 y su reinversión tendrían que haber experimentado una rentabilidad muy superior a las ofrecidas por el mercado financiero para dicho período”.

El año pasado, con Casanello de licencia, Taiano emitió un dictamen a favor de Fernández, en el que pidió su sobreseimiento. Entendió, a partir de un estudio contable sobre sus declaraciones juradas, que no había irregularidades en las cuentas declaradas por Fernández.

El fallo de Lijo reseña las observaciones de la AFIP y relata que el fiscal sostuvo que, tras la defensa de Fernández, no se detectaron irregularidades, pero no detalla por qué.

Según el fallo de Lijo, el fiscal concluyó que, luego de analizar la documentación aportada por la defensa de Fernández, resultó que los sucesos denunciados carecían “de relevancia penal”.

Los argumentos del fiscal

Taiano sostuvo: “No es posible subsumir los hechos en el tipo penal de enriquecimiento ilícito, toda vez que el nombrado [Fernández] ha justificado de manera fehaciente la procedencia del incremento patrimonial declarado en el año 2015 y, fundamentalmente, ha brindado las explicaciones pertinentes respecto de la variación advertida por la AFIP en relación con la declaración jurada correspondiente al ejercicio anterior”.

El fiscal agregó: “Fernández construyó un cuadro probatorio que presenta un estado de verosimilitud que permite tener por comprobadas las explicaciones invocadas y descartar irregularidades en su evolución patrimonial”.

En el fallo que dispuso el sobreseimiento, Lijo escribió: “Compartiendo los argumentos del fiscal federal, en el sentido que el imputado en su presentación ha dado respuesta a cada una de las ‘inusualidades’ señaladas en el informe efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos; entiendo que los sucesos denunciados carecen de relevancia penal”.

Fernández había negado en la Justicia que fuera cierto el contenido de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

A pesar de que siempre lo negó, tuvo una enorme influencia sobre los tribunales federales durante los gobiernos kirchneristas. Hace diez años, su aval era decisivo para el nombramiento de los jueces federales. Uno de los jueces más cercanos a Fernández es Luis Rodríguez, titular del juzgado federal N°9. Fernández es el padrino de la hija del juez. El hijo del juez Luis Rodríguez trabaja actualmente en la AGN.

Fernández designó en la AGN, durante la última década, a varios familiares de jueces y fiscales de Comodoro Py. Por ejemplo, a una hija del exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral, Malena, que se desempeñó en la AGN junto a Fernández y luego pasó a la oficina de escuchas. El secretario de Roberto Baratta, Nelson Lazarte, también había sido contratado por Fernández en la AGN.

Por la Auditoría pasaron además el hermano del camarista federal Martín Irurzun, Alejandro, que dirigió la gerencia de Sistemas. Y el hijo del exfiscal de cámara Germán Moldes, Germán Manuel, que estuvo a cargo de la Secretaría Legal del organismo. También ocupó allí un cargo menor el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, acusado por la exdiputada Elisa Carrió de tráfico de influencias.

La relación con Stiuso

Antonio “Jaime” Stiuso, exdirector de la SIDE y referente indiscutido del espionaje durante más de diez años, declaró en un expediente judicial que Javier Fernández era un hombre suyo, al referirse al episodio en el que, en 2011, una banda baleó el auto en el que viajaba Fernández, en el barrio de Colegiales. A pesar del pasado enfrentamiento de Cristina Kirchner y Stiuso, Fernández todavía es representante del peronismo en la AGN.

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