Cómo es el acuerdo político postelectoral que prepara el oficialismo

Resignado a una derrota a nivel nacional –aunque sin perder las esperanzas de una “remontada épica” en el bastión bonaerense-, el oficialismo buscará dar rápidamente vuelta la página electoral el día después de los comicios. Será cuando el presidente Alberto Fernández convoque a los empresarios, sindicalistas y representantes de la oposición a un acuerdo político nacional, con el cual pretende sentar las bases de un nuevo y más activo perfil de gestión en los dos años que le restan para concluir su mandato.

“Más allá de cuál sea el resultado de las elecciones, rápidamente hay que empoderar al Presidente y hablar del 2023″, enfatizan en el elenco oficial. El acuerdo político va en esa dirección y la vicepresidenta Cristina Kirchner ya dio su aval, confían sus impulsores con el entusiasmo –o la ingenuidad- de quienes imaginan (y desean) el comienzo de una nueva etapa. Uno de los epicentros de la convocatoria al diálogo será el Congreso y algunas pistas de cómo se instrumentaría las dio el viernes pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Quiero transmitirles que el día después de la elección termina una etapa en la Argentina. El Parlamento seguirá siendo un ámbito de diálogo, de acuerdos y disensos, pero sobre todas las cosas de generación de instrumentos para la Argentina que viene”, aseveró Massa en un mensaje grabado dirigido a los empresarios reunidos en la 46° Convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En su mensaje Massa desgranó cuáles serán las iniciativas que conformarán la agenda del acuerdo político que ofrecerá el oficialismo en el Congreso. Según pudo saber LA NACION, en el arranque figurará el debate de la ley de presupuesto 2022; la idea es aprobarla previo a la renovación legislativa del 10 de diciembre ante la perspectiva de que el oficialismo pierda terreno en el Senado, donde hoy cuenta con quórum propio.

En el oficialismo dan por descontado que introducirá modificaciones a la iniciativa que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque se ignora de qué calibre serán. La incógnita es si se mantendrán invariables los principales supuestos macroeconómicos allí planteados que, a la luz de los últimos cimbronazos cambiarios y el respingo inflacionario de los últimos dos meses, se presentan como una quimera.

En efecto, el presupuesto de Guzmán anticipa una inflación anual del 33% -lo que significaría una caída de más de 15 puntos respecto de la de este año- y un tipo de cambio de $131 por dólar, cuando la divisa norteamericana no oficial ya superó el techo de los $200.

Acto seguido vendrá el debate sobre el acuerdo con el FMI, que el Gobierno da por descontado pese a las dificultades en las negociaciones y las estocadas que le asestan algunas voces del kirchnerismo duro. “Cristina quiere cerrar un acuerdo con el FMI; sabe que no hay alternativa. Y banca a Guzmán para esa tarea”, asevera un importante dirigente del elenco oficial que habló con la vicepresidenta antes de ser sometida esta semana a una intervención quirúrgica.

Guzmán se comprometió ante el FMI a llevar el acuerdo al Congreso para dotarlo de legitimidad política con el apoyo de la oposición. Toda una estratagema del Gobierno para hacerla partícipe de los costos que entrañaría dicho acuerdo, sobre todo en materia de ajuste fiscal. Juntos por el Cambio anticipó que no votará nada sin antes conocer cuál es el rumbo económico que llevará adelante el Gobierno en sus próximos dos años de mandato.

Massa promete una activa agenda parlamentaria para acordar con la oposición. Al menos así lo anticipó ante los empresarios reunidos en el IAEF.

“En las próximas semanas el Congreso va a estar discutiendo la ley de hidrocarburos, que lo que pretende es generar un nuevo marco jurídico que nos aumente la inversión en gas y petróleo”, aseveró. Dicha iniciativa ya se presentó en el Senado y el oficialismo anticipó que le incluirá algunas modificaciones.

“Vamos a estar discutiendo también una ley de promoción del turismo y la gastronomía entendiendo que esa industria sin chimeneas es una enorme oportunidad para la Argentina”, sostuvo. La enumeración incluyó también al proyecto de fomento para la inversión en el sector autopartista y automotor; el proyecto de promoción de la producción agroindustrial y un régimen de Incentivo a la construcción privada y acceso a la vivienda.

¿Qué hará la oposición de Juntos por el Cambio frente a la convocatoria a acordar estas iniciativas? Sus principales caciques, incluido Horacio Rodríguez Larreta –el adalid del sector moderado del espacio- marcaron distancia de la invitación; el oficialismo atribuye esta actitud (y la justifica) a la campaña electoral. Pero está convencido de que, después de la elección, otro será el cantar.

Los diálogos subterráneos e informales ya comenzaron. Gerardo Morales, Emilio Monzó y el propio Rodríguez Larreta serán los interlocutores del ala más “amigable” de Juntos por el Cambio a los que el oficialismo irá a buscar. Por de pronto, ellos ya expresaron sus reparos a que Juntos por el Cambio se alce con la presidencia de la Cámara de Diputados si se entroniza como primera minoría, tal como propuso María Eugenia Vidal y Elisa Carrió.

“Tenemos que cerrar la grieta porque si no la Argentina explota. Y si eso ocurre no habrá 2023 para nadie. Tampoco para la oposición”, advierten en el oficialismo.

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